2019, el año de la acción contra el cambio climático

En la agenda pública, el cambio climático se configura como uno de los mayores desafíos al que se enfrenta nuestra sociedad. Se trata de un problema a escala internacional que se debe acometer con decisión e urgencia, ya que el incremento de la temperatura de la Tierra a través de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera está generando impactos económicos y medioambientales severos e irreversibles.

A finales del año pasado, la Organización Meteorológica Mundial ponía de manifiesto cómo 2017 había sido uno de los tres años más calurosos (junto a 2016 y 2015) desde que comenzaron los registros en 1880, con un incremento en la temperatura media en la superficie del planeta de 1,1 grados centígrados en comparación al período pre-industrial (1880-1900). Y los datos preliminares sobre 2018 van en la misma línea.

Más allá del análisis coyuntural a partir de la evolución en años concretos, lo más relevante es el análisis de la tendencia a largo plazo y ésta, como cabe esperar, ha sido ascendente: 17 de los 18 años más cálidos se han registrado durante este siglo, y el grado de calentamiento en los últimos tres ha sido excepcional, con repercusiones profundas y duraderas en el nivel del mar y en los patrones climáticos de determinadas regiones del mundo.

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Sin entrar en detalles técnicos, cabe apuntar que las concentraciones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a nivel global han ido aumentando en estos últimos años, en especial de dióxido de carbono (CO2), y es necesario tener presente que mientras se emita más del que la naturaleza es capaz de absorber, la temperatura del planeta seguirá aumentando. Asimismo, aunque seamos capaces de estabilizar el volumen de emisiones, eso no impide que los efectos del calentamiento global perduren en el tiempo. De ahí la necesidad de no postergar en el tiempo las actuaciones y políticas de mitigación.

Las emisiones de GEI a la atmósfera han ido aumentando debido fundamentalmente a la utilización de combustibles fósiles. En este sentido, el sector energético, principal sector responsable, está llamado a desempeñar un papel vital para hacer frente a este reto global, y es necesario transitar hacia un nuevo modelo económico sostenible medioambientalmente. Por ello, no sólo se requiere de un cambio estructural en el modelo energético, sino también de una transformación en el modo de producir y consumir por parte de todos los agentes.

Ante este desafío, la transición energética, es decir, el proceso que conduce a lograr una economía con fuentes primarias de energía limpias que apenas emitan CO2, se encuentra en el centro del debate político y representa una pieza fundamental a considerar en cualquier diseño estratégico de lucha contra el cambio climático.

Y es precisamente en este ámbito donde se esperan grandes cambios en el año que acabamos de empezar.

Éstos se circunscriben en la definición de la hoja de ruta a seguir, porque si bien es cierto que existe un amplio consenso sobre la necesidad de actuar de forma comprometida y firme contra el cambio climático, las dudas surgen en el cómo y, en especial, a qué velocidad. Para comprender todos estos cambios que se avecinan, es necesario tener en cuenta que la lucha contra el cambio climático no es entendible sin un marco compartido de actuación basado en la articulación de las políticas de energía y clima. En otras palabras, es necesaria una acción conjunta donde cuantos más países actúen de forma concertada, mayores serán los beneficios de una acción combinada en materia de crecimiento y cambio climático.

Aunque los esfuerzos para reducir las emisiones y la secuencia de políticas serán distintas según el país, atendiendo a sus diferentes estructuras económicas y niveles de desarrollo, la acción concertada entre países a nivel mundial sigue su senda positiva. Prueba de este avance en el marco de actuación son los resultados alcanzados en la reciente Cumbre del Clima (COP24) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) celebrada el pasado 15 de diciembre en Katowice (Polonia), donde se aprobó una parte sustancial de las normas técnicas de desarrollo que hará posible la puesta en marcha de los compromisos del Acuerdo de París. Probablemente es menos de lo que esperábamos, en la medida que no se han conseguido revisar al alza los objetivos de dicho Acuerdo a la vista de los resultados del reciente informe de Naciones Unidas y se han puesto de manifiesto las disensiones en el seno del principal mecanismo de coordinación internacional, pero seguimos avanzando.

A nivel europeo, las últimas semanas del año han sido intensas en la definición y concreción de la estrategia energética comunitaria. No sólo se presentó la visión estratégica a largo plazo hacia una economía próspera, moderna, competitiva y neutra desde una perspectiva climatológica los últimos días del mes de noviembre, sino que pocos días antes de que finalizara el año concluyeron las negociaciones sobre el paquete de Energía Limpia para todos los europeos, culminando el proceso de discusión y negociación de más de dos años con un acuerdo entre el Consejo, el Parlamento Europeo y la propia Comisión Europea que nos debe permitir acelerar y facilitar la transición energética.

Ha sido un proceso intenso de negociación que se iniciaba en el mes de noviembre de 2016 con la presentación, por parte de la Comisión Europea, de su paquete de medidas encaminadas a garantizar la competitividad de la Unión Europea en su proceso de transición hacia una energía limpia. Un paquete de medidas ambicioso que abarca desde la eficiencia energética, la promoción de las energías renovables, la innovación en energías limpias, la renovación de edificios, el diseño del mercado de la electricidad, la seguridad del abastecimiento de electricidad o el propio modelo de gobernanza de la Unión de la Energía. Todo ello sin olvidar al consumidor, sin duda el gran protagonista de esta propuesta de cambio que, tras el acuerdo político, debe concretarse en reglamentos y directivas que cada Estado miembro tendrá que trasladar a sus marcos legislativos respectivos.

Tanto el acuerdo como la hoja de ruta para los próximos años ponen de relieve la importancia de los mercados energéticos en este proceso de cambio. Unos  mercados más flexibles, que debne facilitar la integración de una mayor participación de la energía renovable, garantizando la seguridad de suministro a partir de un mayor nivel de competencia y con una participación más activa de los consumidores.

Esta actividad política intensa no lo ha sido menos en el caso concreto de España, donde el Gobierno ha anunciado que en las próximas semanas dará a conocer su estrategia a medio y largo plazo para garantizar una transición ordenada hacia una economía baja en carbono y resiliente al cambio climático. Deberá plasmarse en la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética que, en palabras del actual Ejecutivo, constituye una de las principales prioridades de la presente legislatura.

La propuesta legislativa irá acompañada de otros dos paquetes de medidas, como son el Plan Nacional Integrado para la Energía para el período 2021-2030 y Clima y la Estrategia de Bajas Emisiones 2050, todos ellos de gran relevancia en la medida que nos permitirán ir desgranando los detalles en los diferentes ámbitos de actuación –energías renovables y redes, combustibles fósiles, eficiencia energética, movilidad, edificación sostenible…–, donde es necesario incidir no sólo para cumplir con nuestros objetivos climáticos que emanan del Acuerdo de París, sino también para generar nuevas oportunidades de negocio que den un impulso al crecimiento económico y la generación de empleo de calidad.

Son muchas las incertidumbres acerca de cómo va a ser esta transición y qué implicaciones políticas, económicas y sociales conllevará. No obstante, el año que acabamos de iniciar debe permitirnos vislumbrar el punto de llegada, fijando el modelo energético al que aspiramos en el horizonte temporal de 2030 y 2050, permitiéndonos consensuar cuál es la senda a seguir y los ritmos con los que, como país, queremos transitar en la transformación de nuestro actual mix energético.

La hoja de ruta permitirá al sector empresarial dar respuesta a los retos asociados a la transición energética. Los agentes económicos tienen una gran responsabilidad y deben seguir siendo capaces, en su conjunto, de gestionar todas las variables inherentes a la complejidad que surge de un cambio de paradigma, que evolucionará con el tiempo y en donde, a lo largo del proceso y durante mucho tiempo, coexistirán varios modelos energéticos en constante evolución.

Cuestiones como el desarrollo de nuevas tecnologías, la consolidación de las fuentes de generación renovable de naturaleza intermitente tales como la energía eólica y la solar fotovoltaica, el despliegue de recursos de energía descentralizados acompañados de una participación más activa de los consumidores, así como la difusión de la digitalización (que está llegando a todos los segmentos de la cadena de valor), entre otros muchos aspectos, van a configurar un nuevo sector energético a medio y largo plazo muy distinto del que conocemos en estos momentos.

Estos generan incertidumbre, pero ello no nos debe impedir apostar por un escenario climático ambicioso. Es necesario dejar de ver las amenazas del cambio climático como algo lejano, impulsando una intervención temprana y suficiente que se caracterice por su carácter inclusivo (aspecto este de gran relevancia en unos tiempos como los actuales) y por su capacidad de generar una senda de crecimiento sólido.

Sin duda, es el momento de situar el imperativo climático en el núcleo de las estrategias de crecimiento económico. Esperamos mucho de este año. Es el momento de la acción.

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