Jaque al sueño Europeo: la movilidad europea bajo amenaza

A principios de 2014 salió a la luz que poco más de 2700 ciudadanos comunitarios perdieron su permiso de residencia en Bélgica en 2013, por “suponer una carga excesiva para el sistema social”. Algo que supuso, como muestra el gráfico 1, un aumento significativo de las expulsiones de ciudadanos comunitarios respecto a 2012, siendo la comunidad española una de las más afectadas. Sólo en 2014, después de la polémica generada por dichas expulsiones, se redujo la cifra.

Gráfico1: Aumento del número de expulsiones de ciudadanos comunitarios de Bélgica

image00Fuente: Centre for Ethnic and Migration Studies, University of Liège

Si bien Bélgica es el caso más paradigmático del aumento de expulsiones de ciudadanos comunitarios desde el inicio de la crisis (gráfico 2), también otros países de la Unión Europea han endurecido su legislación migratoria desde el estallido de la crisis financiera global. El gobierno de coalición alemán, por ejemplo, aprobó recientemente una medida que permite expulsar a los ciudadanos comunitarios del país en caso de no encontrar trabajo durante los seis meses siguientes a su llegada. En otros estados miembro, tales como Francia, Reino Unido u Holanda también se ha abierto el debate sobre la limitación de la movilidad europea.

Gráfico 2: Núm. de permisos retirados en Bélgica por suponer “una carga financiera excesiva para el estado”

image01Fuente: Centre for Ethnic and Migration Studies, University of Liège

A pesar de que la movilidad europea es uno de los mayores logros de la UE, como puede observarse en el gráfico 3 correspondiente al Eurobarómetro 82 de septiembre de 2014, así como en numerosos estudios, como el realizado por Paweł Kaczmarczy del Migration Policy Centre, que demuestran que el impacto de la inmigración en los sistemas fiscales europeos es más bien positivo (tanto de ciudadanos comunitarios como extracomunitarios), la situación esta aún lejos de resolverse.

Gráfico 3: Percepción de la ciudadanía sobre los mayores éxitos de la integración Europea

image02Fuente: Eurobarómetro 82, septiembre 2014

En éste contexto, a pesar de que el ministro de finanzas alemán Wolfgang Schäuble llamaba a los españoles a emigrar para encontrar trabajo en otros lugares del continente, y de que todo el mundo parece estar de acuerdo en la necesidad de fortalecer la movilidad europea como herramienta de ajuste automático, seguimos sin tener un sistema de protección paneuropeo que incentive la libre movilidad y reduzca las externalidades negativas de ésta.

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؟Pero que dice la directiva Europea 2004/38/EC y por qué algunos estados la interpretan restrictivamente? La directiva es clara. Todos los ciudadanos comunitarios tienen derecho a residir libremente en otro estado miembro durante tres meses, sólo con su DNI o Pasaporte. Sin embargo, después de haber pasado esos tres meses, deben demostrar ante las autoridades del país de acogida alguna de las siguientes condiciones:

  1. Que disponen de un trabajo en el país de acogida.
  2. Que tienen los recursos suficientes para ellos y sus familias, además de disponer de un seguro médico completo.
  3. Que están realizando una formación o estudiando en un establecimiento público o privado acreditado o financiado por el estado de acogida, además de disponer de los recursos necesarios para la subsistencia durante la residencia, así como de un seguro médico.
  4. Que se van a reunir o viven con un familiar directo que si cumple alguna de las condiciones previas.

A diferencia de los ciudadanos extracomunitarios sin embargo, los ciudadanos de la UE no pueden ser expulsados por la fuerza ni enviados a centros de internamiento de extranjeros, ya que la directiva solo contempla la expulsión forzada o la restricción de la libre movilidad en caso de suponer un riesgo para la salud pública, el orden público o el interés general.

En ningún caso por tanto, se pueden invocar razones económicas para la expulsión. Es por ello, que algunos estados simplemente retiran la residencia a los ciudadanos que no cumplen con alguna de las anteriores condiciones, invitándolos a abandonar el territorio y dejándolos en el limbo jurídico.

Si bien hasta hace poco, los estados miembros y los tribunales tendían a incentivar la libertad de movimiento, como consecuencia de la crisis, la tendencia se ha invertido. Es más, según una reciente publicación del CIDOB, varias resoluciones judiciales del Tribunal Europeo de Justicia apuntan a una interpretación cada vez más cauta y vinculada a la dimensión económica de la libertad de movimientos en la aplicación de las libertades comunitarias.

Una reciente opinión de un abogado asesor del Tribunal de Justicia de la UE (pendiente de aprobación), argumentaba que si un ciudadano ha trabajado en otro estado miembro (y aunque ahora esté en paro) y reside allí desde hace más de tres meses, no se le puede retirar la residencia, al menos de forma automática. Además, si existen razones más allá de la emigración económica o laboral que demuestren un cierto arraigo del ciudadano en el país de acogida (como la escolarización de los hijos en ese mismo país), la retirada de la residencia tampoco puede ser automática.

؟Pero qué se podría hacer para luchar contra esta situación? En éste sentido, un grupo de personas que trabajamos el tema nos reunimos hace unos meses para tratar de encontrar soluciones a la problemática y llegamos a las siguientes conclusiones, las cuales recomiendo leer con detenimiento en su versión completa, sobre lo que se necesita para hacerle frente:     

  • Una mayor evidencia estadística sobre el impacto de la libre circulación a nivel local.
  • Un enfoque distinto respecto al abuso de derechos en materia de libre movilidad europea.
  • Transformar la directiva en una regulación para que sea aplicable directamente a los estados miembros.
  • Un punto de contacto a nivel nacional para resolver los problemas más rápidamente.
  • Acción ciudadana colectiva agrupando demandas ante los tribunales.
  • Un instrumento de resolución urgente de conflictos.
  • Un fondo de solidaridad en el marco de la política de cohesión de la UE.

Con una tasa de desempleo disparada, un aumento de los flujos migratorios de españoles creciente hacia el exterior y una interdependencia cada vez mayor entre europeos, necesitamos un sistema paneuropeo que proteja a los que ejercen la libre movilidad.

En vista de ésta situación, de las próximas elecciones generales, y de que la concepción de la ciudadanía en Europa se encuentra aún a medio camino entre la nacionalidad y la residencia para aquellos que viven fuera de su país de origen; éste asunto debe ponerse seriamente sobre la mesa.

Dar respuesta a los problemas de esos 14 millones de ciudadanos europeos residentes en otro estado miembro distinto al de su nacionalidad en materia de pensiones, sanidad, desempleo o residencia, debería ser una prioridad para las autoridades en una Europa cada vez más integrada e interdependiente.

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