A la Comisión Europea se le ha acabado la paciencia con España

Lo cierto es que el problema de la contaminación del aire de nuestras ciudades no es nuevo. Ni mucho menos. Ya en el siglo II señalaba el casi legendario médico Galeno de Pérgamo (1) que:

“Es deseable respirar el mejor aire; esto vale para todas las edades de la vida. Considero que el aire de mejor calidad es el que es absolutamente puro y aire puro es el que no proviene de estanques, pantanos o pozos que desprendan un vapor perjudicial. También es tóxico el aire que viene de grandes ciudades y áreas densamente pobladas. Este aire es perjudicial para toda clase de personas.”

Ya entonces, y también ahora, es en las ciudades donde la contaminación del aire supone una amenaza aguda, acumulativa y crónica para la salud humana, la calidad de vida y el medio ambiente natural y construido. Ciertamente, la exposición a ella puede ser detonante o agravante de afecciones respiratorias, cardíacas y otras varias, que resultan especialmente dañinas para colectivos sensibles como las personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares, embarazadas, ancianos y niños. A modo de ejemplo, la Agencia Europea de Medio Ambiente, en su último informe sobre la calidad del aire en Europa, estimaba que en España fallecen 8.900 personas cada año a causa del dióxido de nitrógeno (2).

[Con la colaboración de Red Eléctrica de España]

Dada la importancia y la magnitud del problema, la Unión Europea decidió emprender actuaciones a nivel comunitario, siendo entre todas ellas especialmente destacable la aprobación de la Directiva 2008/50/CE, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa (3), que entró en vigor en junio de 2008 y que fue transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico por el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.

Como señala la Directiva:

“Con el fin de proteger la salud humana y el medio ambiente en general, es particularmente importante combatir las emisiones de contaminantes en la fuente y determinar y aplicar medidas de reducción de emisiones más eficaces a nivel local, nacional y comunitario. En este sentido es preciso evitar, prevenir o reducir las emisiones de contaminantes de la atmósfera nocivos, y fijar los objetivos oportunos aplicables al aire ambiente, teniendo en cuenta las normas, las directrices y los programas correspondientes de la Organización Mundial de la Salud”.

Esta Directiva, en vigor desde junio de 2008, define los valores límite de distintos contaminantes atmosféricos, y en concreto para el NO2, siendo de aplicación a partir del 1 de enero de 2010:

  • Un valor límite anual de 40 µg/m3, como media que no debe superar ninguna estación.
  • Un valor límite horario de 200 µg/m3, que no podrá superarse más de 18 veces por año civil.

La ciudad de Madrid no ha cumplido nunca los valores máximos fijados en la citada Directiva respecto al dióxido de nitrógeno (NO2), tal y como reflejan claramente las siguientes tablas, elaboradas por Ecologistas en Acción a partir de los propios datos de la Red de control de calidad del aire de la ciudad de Madrid:

La primera de las tablas refleja todos los incumplimientos del Valor Límite Anual de NO2 entre 2010 y 2018, destacando en negro aquellos valores de la Red que rebasan los 40 ug/m3 que establece como límite admisible la Directiva. Por su parte, la segunda tabla recoge las superaciones del Valor Límite Horario por encima de 200 ug/m3 y destaca aquellas estaciones que tuvieron más de 18 horas al año.

De ahí que se hable de que Madrid está estructuralmente fuera de los valores límite de NO2. Ni en los peores años de la crisis, que conllevó una disminución del uso del vehículo privado, ni con meteorología favorable se acercan los datos al cumplimiento de las determinaciones de la Directiva.

De ahí que, en junio de 2015, la Comisión Europea iniciara formalmente un procedimiento de infracción, haciendo llegar al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación una Carta de Emplazamiento relativa la aplicación de la Directiva 2008/50/CE en España; en particular, en lo que se refiere al cumplimiento de los valores establecidos para el dióxido de nitrógeno (NO2), en las zonas ES1301 Madrid, ES0901 Área de Barcelona y ES0902 Vallés-Baix Llobregat.

[Recibe diariamente los análisis de más actualidad en tu correo electrónico o en tu teléfono a través de nuestro canal de Telegram]

Ante dicha Carta de Emplazamiento, el equipo de Gobierno municipal resultante de las elecciones municipales de ese año planteó la elaboración y puesta en marcha de un plan de calidad del aire para implementar medidas ambiciosas, que lograran reducir los niveles de contaminación y cumplir los objetivos fijados en la normativa comunitaria y española en el plazo más breve posible. 

Entre las medidas planteadas, destacaba nuevo Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático (Plan A), una de cuyas medidas más destacadas era Madrid Central y cuya aplicación rigurosa produciría, en el horizonte 2020, una reducción de las emisiones de NO2 en la ciudad del 27%, lo que permitiría respetar los límites máximos autorizados de dicho contaminante.

Por eso, y pese a que España se encontraba entre los nueve países que habían sido convocados por la Comisión Europea a la Cumbre Ministerial en materia de calidad del aire (celebrada en enero de 2018) para abordar los graves y persistentes problemas de contaminación atmosférica, finalmente la CE optó por no llevar a España al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE); precisamente por los esfuerzos realizados en la adopción de “medidas urgentes, creíbles, urgentes y eficaces” como el citado Plan A y, significadamente, la ZBE Madrid Central. Consideró que dichas medidas podrían permitir lograr que las concentraciones de NO2 se ajusten, antes de 2020, a los estándares fijados por la Directiva sobre Calidad del Aire

Sí lo hizo (llevar al TJUE) con Alemania, Francia, Hungría, Italia, el Reino Unido y Rumanía. 

Sin embargo, la decidida voluntad de la nueva corporación municipal de Madrid, gobernada por el Partido Popular y Ciudadanos, de revertir las medidas previamente acordadas por el Ayuntamiento con la Comisión Europea, empezando por desmantelar Madrid Central, ha hecho cambiar de opinión a Karmenu Vella, comisario saliente de Medio Ambiente. Éste ha puesto sobre la mesa de la próxima reunión del Colegio de Comisarios (que se celebra hoy) la decisión de demandar a España ante el TJUE.

Y si bien la sentencia que pudiera condenar a España por incumplimiento de la Directiva de Calidad del Aire no implica inmediatamente la imposición de sanciones económicas, de persistir en este incumplimiento sí podría conllevarlas en un segundo procedimiento de infracción.

A España ya le impusieron una multa de casi 9,5 millones de euros por incumplimiento de las normas relativas a la calidad de las aguas de baño interiores en 2003, y el pasado año una de 12 millones a tanto alzado más otra multa coercitiva de 11 millones al semestre por incumplimiento de la Directiva de saneamiento y depuración de aguas residuales en 17 núcleos de población (Matalascañas, Gijón, Tarifa, Nerja…).  

La eventual sanción por infracción de la Directiva relativa a la Calidad del Aire podría hacer palidecer a éstas, pues, como hemos dicho, al menos desde 2010 la ciudad de Madrid vulnera de manera estructural los límites máximos de los contaminantes atmosféricos.

Pero eso no es lo peor; lo peor es que esta situación pone de manifiesto la desidia y desinterés público en cumplir unas normas que abogan por proteger la calidad del aire tan nocivo que todas las vecinas de Madrid respiran día tras día…


(1) ‘Calidad del aire en las ciudades. Clave de sostenibilidad urbana’, Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE), 2008.

(2)  La “muerte prematura debida a la contaminación” se traduce, normalmente, en un acortamiento de la vida de meses o años.

(3)  Que sustituyó a la Directiva 96/62/CE del Consejo, de 27 de septiembre de 1996, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire y las conocidas como directivas hijas: la 1999/30/CE del Consejo, de 22 de abril, la 2000/69/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre, la 2002/3/CE de 12 de febrero y la 2004/107/CE de 15 de diciembre. 

Autoría

Dejar un comentario