Acabando con la libertad de movimiento

A menos de 70 días de salir de la UE, los ciudadanos europeos que viven en el Reino Unido pueden perder muchos derechos asociados con la libertad de movimiento. Estamos presenciando cómo el entorno hostil anti-inmigración se ha introducido en el proceso para la obtención del ‘settled status’, el nuevo permiso de residencia puesto en marcha exclusivamente para europeos después del ‘Brexit’. A pesar de las garantías de que sería más flexible que el de residencia permanente dentro de la UE y de la retórica de que la solicitud online está diseñada para otorgar el settled status por defecto, la realidad es que su solicitud y adquisición será más difícil para los migrantes precarios con trayectorias vitales menos lineales en Reino Unido. Si no se proporciona información detallada durante el proceso de solicitud, precisamente aquellos inmigrantes comunitarios más vulnerables pueden acabar viendo cómo el Gobierno británico la rechaza

Los requisitos para obtener el settled o pre-settled status son distintos a los de la residencia permanente vigente para los ciudadanos de la UE. De hecho, la Directiva 38/2004 establece el pleno derecho a la libertad de movimiento sobre la base de la ciudadanía europea sólo durante los tres primeros meses de estancia (aunque durante este periodo inicial, sin embargo, tampoco se tiene derecho a la asistencia social). El derecho de los ciudadanos europeos a la residencia legal por períodos más largos (y, por lo tanto, de ejercer efectivamente su derecho a la libre circulación en cualquier estado miembro de la UE distinto del suyo) está condicionado a demostrar la condición de trabajador, solicitante de empleo, estudiante, o de ser una “persona financieramente autosuficiente” o un familiar de cualquiera de las categorías anteriores.

De acuerdo con la Directiva de Ciudadanos, los migrantes de la UE tienen el derecho de residir en otros estados miembros si trabajan o, de no hacerlo, si tienen recursos suficientes para no convertirse en una “carga irrazonable” para la asistencia social del Estado miembro de residencia; deben estar, además, cubiertos por un seguro de enfermedad. La noción de residencia habitual (diferente de la nueva residencia en el Reino Unido post-Brexit) no está definida en la legislación de la UE, pero la jurisprudencia nacional de los estados miembros ha establecido en qué circunstancias una persona es considerada residente habitual: continuidad de la residencia y lazos familiares se consideran determinantes.

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En este sentido, Reino Unido adoptó en su momento un enfoque más estricto que otros estados miembros, especialmente en lo que respecta a los beneficios sociales no contributivos, ya que el Reino Unido requiere que, además de la “prueba de residencia habitual”, los inmigrantes de la UE demuestren que tienen “derecho de residencia” (ver Alberti 2017).

Bajo el nuevo sistema, sin embargo, y a diferencia de la noción de residencia habitual según la legislación de la UE (vinculada con el empleo y la autosuficiencia económica), los requisitos del Reino Unido para obtener el ‘settled estatus’ parecen incluir sólo una prueba de presencia continua en territorio británico, aparentemente desvinculada de la situación laboral. Así, necesitan demostrar su presencia física y continua en el Reino Unido, independientemente de su autosuficiencia económica, situación laboral, seguro de salud o la prueba de no haber sido una “carga” para los servicios sociales.

Existe, sin embargo, un elemento de ambigüedad respecto al tipo de evidencia válida para demostrar la presencia continuada. En la web del Gobierno británico se sugiere el requisito de un vínculo efectivo con el mercado laboral como el número de la seguro social (NINO) o documentos proporcionados por el empleador parara el pago de impuestos (P60 o P45), nóminas, extractos bancarios, facturas del hogar (agua, luz, etc), cuentas anuales de empresa, contrato de trabajo, facturas o certificados de organizaciones educativas acreditadas, sellos en el pasaporte confirmando la entrada en el Reino Unido, contrato de alquiler de la vivienda o billetes de avión o tren.

Pese a la cantidad de documentos admisibles, el empleo sigue siendo la forma más fácil y rápida de demostrar la “residencia continua”. Sin embargo, todavía hay mucha confusión acerca de si los trabajadores tendrán que probar un empleo continuado, lo que puede ocasionar problemas para los trabajadores informales, en empleos auxiliares, con pagos en mano o en contratos sin jornada laboral fija (contratos zero hours). Esta ambigüedad demuestra que el Gobierno británico aún no cuenta con una comunicación efectiva sobre la solicitud y obtención del ‘settled status’ para los ciudadanos de la UE con trayectorias laborales inestables y precarias en Reino Unido. Sorprende que las diferencias entre la residencia continua bajo el settled status y la permanente de la UE no se hayan debatido en los medios de comunicación ni formen parte del discurso público británico.

En medio de un clima político turbulento, donde cientos de miles de ciudadanos (británicos incluidos) se han manifestado a favor de un segundo referéndum, el resultado del Brexit es aún impredecible. Aún hay tiempo para que los ciudadanos de la UE con trayectorias laborales inestables y en situaciones de vulnerabilidad puedan producir la evidencia requerida para obtener el settled status, cuyo periodo de solicitud se abrió, de forma general, el 21 de enero pasado. Merece destacarse que, en esta misma fecha, Theresa May ha anunciado la eliminación de la tasa de 65 libras de la solicitud como parte del Plan B de la negociación del acuerdo del Brexit; confirmando, por tanto, que el estatus de los ciudadanos europeos continúa siendo moneda de cambio en dicha negociación.

Los documentos admitidos como evidencia por el Ministerio del Interior británico que se especificaron en una reunión con autoridades locales son más variados que los que aparecen citados en su página web. Así, por ejemplo, se aceptan pruebas de citas médicas, cartas de las escuelas que demuestren que los padres han asistido a reuniones continuadas en el tiempo. Estos ejemplos útiles, aún ausentes de la web de Interior, debieran formar parte del trabajo en curso de las comunidades de ciudadanos de la UE en el Reino Unido y sus representantes para exigir al Gobierno británico más claridad sobre lo que constituye evidencia suficiente. En sentido contrario, en otro documento reciente Interior se establece que documentos personales (como invitaciones de cumpleaños) no son aceptables para demostrar presencia continuada, a pesar de que lo son por los jueces en los tribunales de inmigración.

Otro punto clave de las reuniones informativas con el Ministerio del Interior es el relacionado con los derechos de reagrupación para los familiares ascendientes y descendientes, incluidos padres ancianos e hijos adultos (véase Polak 2018). Los europeos que obtengan el ‘settled status’ podrán traer a sus familiares a Reino Unido después de julio de 2021.

Un ejemplo discutido en una de estas reuniones es el de un ciudadano francés que viene a estudiar a Reino Unido y encuentra trabajo. Diez años después, sus padres se jubilan y deciden retirarse en el Reino Unido para estar cerca de él. Ningún problema en este caso, gracias a los derechos obtenidos con el settled status. Pero, ¿qué pasará con aquellos cuyos familiares no tengan nacionalidad de la UE? Tampoco está claro que sucederá con el derecho de reunificación familiar en caso de que no haya un acuerdo de salida. La incertidumbre también se extiende respecto al derecho de regreso al país europeo de origen de la UE con un familiar o cuidador no pertenecientes a la Unión.

Con las reglas y procedimientos aún pendientes del escenario de salida del Reino Unido y la falta de formación del personal encargado de gestionar las solicitudes de settled y pre-settled status, la evidencia anecdótica sugiere que el sistema puede fallarles a los ciudadanos europeos en situación de vulnerabilidad. Los inmigrantes vulnerables y las mujeres víctimas de abuso (véase también O’Brien 2018) pueden estar entre los más afectados por las deficiencias en el sistema de regularización, como lo atestiguan trabajadores sociales.

Comunidades vulnerables

La preocupación por las comunidades vulnerables y su acceso al settled status es doble, ya que involucra tanto cuestiones de procedimiento como sustanciales:

  • Respecto al acceso, las personas con poca o ninguna alfabetización digital tendrán más probabilidad de no hacer la solicitud correctamente o ser víctimas de fraude por parte de quienes ofrecen ayuda para hacer los trámites a cambio de dinero. Además, el coste de la solicitud puede resultar demasiado alto para los solicitantes vulnerables y las familias numerosas.
  • Muchos europeos, especialmente de los nuevos estados miembros, tendrán trayectorias laborales fragmentadas, habrán trabajado sin contrato y por cuenta propia y vivido en alojamientos compartidos en propiedades a veces subarrendadas. Es probable que aquéllos con mayor poder de negociación (de acuerdo con su sector laboral y contrato de trabajo) también estén en una mejor posición para que sus empleadores cubran los gastos (como ocurre en algunas universidades); pero ¿qué pasa con los que se trabajan en la economía informal? ¿O con aquellos explotados laboralmente y altamente dependientes de sus empleadores?
  • Otra gran incógnita se refiere a las condiciones bajo las cuales se puede perder el settled status. La única certeza hasta el momento se refiere a que los delitos de terrorismo acarrearán su pérdida. Estas condiciones debieran quedar claras antes de que sea concedido.

Con respecto al segundo punto, en las reuniones informativas con el Ministerio del Interior se discutió la posibilidad de solicitudes realizadas en nombre de los potenciales beneficiarios; de hecho, muchos empleadores tienen las identificaciones y los documentos de sus trabajadores. Interior ha excluido esta posibilidad, al “no poder tomar las huellas digitales de los beneficiarios de la solicitud entregada en su nombre”. Otro riesgo es que algunos empleadores puedan tramitar la solicitud sin el consentimiento de los afectados, poniendo al trabajador y su familia en una situación de mayor incertidumbre y/o vulnerabilidad. Es otro ejemplo de cómo los controles de inmigración y el proceso de regularización pueden ‘filtrar’ de manera diferente a los inmigrantes ‘deseables’ de los que no lo son y afianzar las situaciones de dependencia en las relaciones laborales.

Exclusivamente ‘online’

Un problema central del procedimiento del settled status es su carácter exclusivamente electrónico. Los funcionarios de control de fronteras, propietarios y empleadores podrán verificar en línea el estatus migratorio de los ciudadanos de la UE post-Brexit. De hecho, el clima hostil sobre la inmigración ha introducido ya deberes adicionales para los empleadores, los propietarios y las instituciones educativas, obligados a llevar a cabo controles independientes sobre el estatus inmigratorio de los empleados, arrendadores y estudiantes afectados. De ser competencia exclusiva de las Fuerzas de Seguridad, el ambiente hostil no sólo ha aumentado el número de policías de frontera, sino que ha extendido los controles migratorios a nuevos actores, especialmente en el sector privado. El ‘caso Windrush’ es un buen ejemplo de las consecuencias directas del ambiente enrarecido sobre la inmigración y su aplicación xenófoba.

Dado que el estatus inmigratorio electrónico es único y no tiene réplica en ningún lugar del mundo, hay muchas preguntas sobre cómo funcionara en la práctica:

  • ¿En qué medida el settled status electrónico protege los derechos que otorga a sus portadores y familiares? Porque es más que un simple permiso de residencia: es la fuente misma de muchos derechos para los ciudadanos europeos, incluidos los de reunificación familiar después del Brexit.
  • ¿Cómo responderán a la nueva situación los propietarios, el personal del NHS (sistema de salud) o los policías de frontera?¿Qué sabemos, por ejemplo, sobre cómo se incorporará el settled status a los procedimientos de contratación?¿Se entrenará a estos agentes en sectores o funciones clave sobre cómo verificar el estatus online?

Un periodo de prueba piloto para el ‘settled status’

No han ayudado los comentarios de la secretaria de Estado de Migración sugiriendo que corresponde a los empleadores verificar el derecho a trabajar de los ciudadanos de la UE antes de que finalice el período de transición. Interior debería probar cómo funciona el proceso online en la práctica. Imaginemos, por ejemplo, que cuando se creó el sistema de salud publica lo que se hubiera vigilado hubiese sido el sistema de registro, por encima del derecho a la protección de la salud del beneficiario y la promoción de la salud pública.

Finalmente, cuando el Reino Unido abandone la Unión Europea los ciudadanos europeos quedarán sujetos a las leyes de inmigración británicas y se convertirán en lo que se conoce como “sujetos al control de inmigración”. En un país con una orgullosa tradición de rechazar los documentos de identificación estatales y donde se puede probar la identidad con permisos de conducir, a los ciudadanos de la UE y a los no pertenecientes a ella se les requerirán sus permisos de residencia y número de settled status. Se trata de una peligrosa combinación de identidad y control de inmigración e instituye un régimen diferenciado para los ciudadanos británicos de los residentes en el Reino Unido que no lo son.

La libertad de movimiento de personas en la Unión no goza de buena salud. Al contrario, está en claro retroceso. El settled status lo es de inmigración y muy reducido que promete, ante todo, garantizar el derecho a residir mientras que reduce o anula los demás derechos asociados a la ciudadanía europea a los familiares y dependientes de europeos que ya se encuentran en el Reino Unido. Por otra parte, los ciudadanos EU-27 en otros estados miembros, incluido España, perderán el derecho de moverse libremente al Reino Unido.

Por su parte, los ciudadanos británicos, que a menudo se olvidan en el debate público sobre el Brexit, perderán su ciudadanía europea y, con ello, el derecho a ingresar libremente en la UE. Esta preocupación es compartida, como frustración, entre los 16 millones de ciudadanos británicos que votaron Remain en el referéndum de 2016. Tanto para unos como para otros, está en el aire la ‘portabilidad’ de ciertos derechos como el de exportar y recibir sus pensiones o sus contribuciones a la Seguridad social.

Todos estos cambios responden a un patrón claro: el Brexit está aboliendo los derechos que promueven y mantienen la movilidad entre el Reino Unido y la UE . Serán un privilegio de los inmigrantes con alta formación e ingresos superiores a las 30.000 libras anuales y se espera reducir un 80% las llegadas desde los estados miembros. El derecho de permanencia, incluida la naturalización como ciudadano británico, están salvaguardados. La inmovilidad se premia. La movilidad es un privilegio.  

Conclusiones

A menos de 70 días de salir de la Unión Europea, los ciudadanos europeos que viven en el Reino Unido pueden perder muchos derechos asociados con la libertad de movimiento. La ansiedad constante, la incertidumbre asociada a un escenario de no-acuerdo para los ciudadanos del Reino Unido en la UE y viceversa, las tímidas campañas de información del Ministerio del Interior y la falta de confianza en su historial para salvaguardar los derechos ciudadanos, especialmente después del caso Windrush, forman parte de las conversaciones habituales de los ciudadanos afectados.

Las comunidades locales y académicos pueden y deben desempeñar un papel fundamental en facilitar el acceso adecuado a la información, especialmente a aquellos más vulnerables, así como en canalizar la expresión de los problemas e inquietudes de abajo a arriba, creando una red de apoyo que proteja a los más necesitados en el proceso de solicitud del settled status.

Intentando ser más optimistas en medio de un limbo frustrante e inacabable, puede quizás ser una oportunidad para revertir la retórica de los inmigrantes contribuyentes o beneficiarios de ayudas, logrando que el uso de los servicios sociales y de salud pueda presentarse positivamente en el debate público y servir adecuadamente en el proceso de solicitud del settled status. ¿Pero puede lograrse este cambio positivo? La evidencia anecdótica sugiere más bien que a aquellos inmigrantes sin una trayectoria laboral continuada de cinco años se les aconseja registrarse como solicitantes de empleo y que no abandonen el país para evitar perder la continuidad de residencia. O bien, que pospongan las visitas a sus países de origen hasta que obtengan el ‘settled status’, lo que lleva a la vieja paradoja de que las restricciones a la movilidad hacen que las personas tengan menos ganas de regresar a sus países. El resultado probable es una comunidad de ciudadanos europeos más dividida y ansiosa, precarizada e inmovilizada por un sistema sobre el que no tuvieron ocasión de dar su opinión, como sucedió con la decisión del Reino Unido de abandonar la UE.

Este análisis fue publicado en ‘LSE Brexit Blog’.

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