Acuerdo comercial China-EE.UU.: la primera de 100 batallas

La semana pasada, los Estados Unidos y China concluyeron la fase 1 de un acuerdo de comercio, tras casi dos años de conflicto intermitente y tensas negociaciones. Si bien ha recibido mucha atención mediática, y al menos supone un cese de las hostilidades, sus consecuencias prácticas son bastante limitadas. De hecho, la mayoría de aranceles introducidos durante la guerra comercial se mantienen, mientras que el aumento en la compra de productos americanos por valor de 200.000 millones de dólares en dos años (el principal compromiso chino) es algo logísticamente inviable.

Por ello, si hay algo que queda claro de este acuerdo es el contraste entre las perspectivas de las dos potencias mundiales. El cortoplacismo norteamericano ha supuesto el fin de la retórica beligerante para perseguir los objetivos electorales de Trump: los 200.000 millones de dólares obtenidos serán, a buen seguro, un eslogan de campaña. Mientras tanto, la capacidad de resistencia china es evidente y producto de su enfoque a largo plazo. La guerra comercial ha tenido un coste económico importante (entre otras cosas, ha reducido el crecimiento del PIB mundial hasta en un 1%) y, sin embargo, hay pocos indicios de que China vaya a implementar reformas estructurales a mayor velocidad como consecuencia de las acciones de Trump.

Finalmente, este acuerdo supone otro duro golpe para el sistema multilateral, pues el acuerdo rompe abiertamente las reglas de una Organización Mundial del Comercio (OMC) en estado terminal. El desplante de Trump es abierto y absoluto, y los chinos están encantados de seguir su ejemplo.       

Así, y a pesar de los alardes políticos, el acuerdo entre EE.UU. y China es bastante parco en contenido, y queda lejos de cumplir los objetivos oficiales de ninguno de los firmantes. Formalmente, los objetivos norteamericanos están contenidos en un memorando emitido antes de las negociaciones. Estados Unidos buscaba la reducción, en 200.000 millones de dólares de su déficit comercial con China a lo largo de dos años. Éste es tal vez el único objetivo conseguido sobre el papel, pero al mismo tiempo parece ser prácticamente inviable. El país americano exportó 134.000 millones de dólares a China en 2017, y el acuerdo actual requiere un aumento del 92% hasta los 258.000 millones en 2021, lo que supondría un crecimiento anual del 18% de las exportaciones americanas.

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En el escenario económico global (y dada la ralentización de la economía china), esto es poco viable. No obstante, es probable que las exportaciones americanas a China aumenten sustancialmente, cosa que sin duda beneficiará a la economía de EE.UU.. Además, la facilitación del acceso al mercado chino de productos agrícolas americanos era otro de los objetivos estadounidenses, y dentro de los 200.000 mil millones de dólares prometidos, 32.000 millones serán en estos productos.   

Otros objetivos americanos, según el memorando, eran la protección de la propiedad intelectual de las empresas americanas que operan en China; facilitar la inversión en el país asiático (reduciendo restricciones y aumentando las protecciones disponibles a los inversores americanos); facilitar el acceso a las exportaciones de servicios al mercado chino, y reducir aranceles y otros obstáculos al comercio. Aunque el Gobierno estadounidense ha conseguido ciertos compromisos en este sentido, todos ellos siguen siendo relativamente vagos e indistintos de promesas anteriores. Dado el crecimiento de la innovación doméstica, una mejora la de protección de la propiedad intelectual (incluso la extranjera) puede ser hasta positiva para China, que de cualquier manera lleva años prometiendo reducir las condiciones que fuerzan a empresas extrajeras a cederla a empresas domésticas a cambio de operar en el mercado chino.

De la misma manera, China ha prometido acceso a sus mercados financieros a inversores americanos, un compromiso en línea con las reformas que se están llevando a cabo allí. Además, esto se ejecutará lentamente mientras se fortalece el sistema financiero del país, que no puede permitirse la probable fuga de capital doméstico si se reducen las restricciones. En términos generales, China no se ha comprometido a ninguna reforma estructural clave, al menos no de manera concreta y fácil de medir.

Sabemos mucho menos de los objetivos formales chinos que de los americanos, aunque el consenso general es que el comienzo del conflicto fue una decisión puramente americana, y que China no buscaba más que un retorno al ‘statu quo’. En este sentido, los chinos tampoco han tenido mucho éxito: la última ronda de aranceles, prevista para diciembre de 2019, no fue implementada y los aranceles del 15% impuestos sobre 112.000 millones de dólares de productos chinos en septiembre se reducirán al 7,5%. Todos los aranceles previos, incluso aquellos implementados en el contexto del conflicto comercial, seguirán en su sitio. Al margen de esto, China ha conseguido la eliminación de algunas tasas y la bajada de otras a cambio de compromisos reducidos, a pesar de la reticencia inicial del Gobierno estadounidense a ofrecer concesiones arancelarias.  

Teniendo esto en cuenta, hay tres conclusiones que pueden sacarse del acuerdo. La primera y la más clara es el nivel hasta el cual Trump ha asumido el control de la política comercial estadounidense y la ha convertido en un arma puramente política. Vistas sus promesas de campaña y su retórica inicial con respecto a China, puede parecer sorprendente que el presidente republicano haya accedido a firmar un acuerdo con un nivel tan bajo de concesiones chinas, especialmente dada la hostilidad política generaliza en EE.UU. respecto a su rival asiático. Aunque difieran en su enfoque, ésta es quizás la posición en la que los consensos demócrata y republicano se encuentren más cercanos.

Sin embargo, fundamentalmente, los objetivos electorales inmediatos han prevalecido. El acuerdo ha tenido un efecto positivo sobre los mercados, tranquilizando a los inversores, y ha supuesto un pequeño empuje económico que retrasará la ralentización de la economía americana, permitiendo a Trump evitar la recesión antes de las elecciones.

Más allá de eso, sin embargo, tal vez el éxito principal para el presidente estadounidense sea la compensación al mundo agrícola, que se había visto duramente afectado por la guerra comercial. Los granjeros suponen una masa importante de votantes en estados clave para las elecciones como Iowa y Ohio, y Trump busca asegurarse el apoyo de un porcentaje alto de dicho colectivo.

Finalmente, está la reducción del déficit comercial americano con China por el valor de 200.000 millones de dólares. La falta de viabilidad de este objetivo puede alimentar la hostilidad futura hacia China cuando ésta (probablemente) no cumpla los términos del acuerdo, pero éste está estructurado de tal manera que el insuficiente crecimiento de las exportaciones no quedará reflejado en los datos económicos hasta después de las elecciones presidenciales. 

La segunda conclusión que puede sacarse es el alto nivel de resistencia china a la presión estadounidense. El objetivo fundamental inicial de la guerra comercial era forzar la reforma estructural en China. Trump buscaba al menos uno de estos objetivos: la apertura real del sistema financiero del país asiático y la integración en los mercados internacionales de capital, o una disculpa y una compensación generosa por el robo de la propiedad intelectual de empresas americanas que operaban en China, al igual que un cambio en las leyes que lo faciliten.  A esto se le puede añadir la eliminación del déficit comercial americano y una mayor reforma estructural que limitase el rol del Estado en la economía. A efectos prácticos, ninguno de estos objetivos se ha cumplido (la reducción del déficit está aún por verse).

China ha dejado claro que, a pesar de las recientes debilidades de su economía doméstica, no sucumbirá a la presión norteamericana. Las reformas estructurales que Trump exigía (y que Occidente lleva pidiendo desde la accesión china a la OMC en 2001) no se llevaran a cabo por presión externa, sino al ritmo que marque el gobierno.  

Finalmente, este acuerdo deja en evidencia el nivel hasta el que las dos principales potencias mundiales ignoran el sistema multilateral, habiendo roto las normas de la OMC. Lo mismo puede decirse, hasta cierto punto, del mini-acuerdo entre EE.UU. y Japón de septiembre. Sin embargo, aquello podía interpretarse como una (discreta) reinterpretación de las normas. En este caso, se han roto de manera abierta y evidente, sin que parezcan haber merecido ninguna consideración por parte de los países firmantes. Por ello, los aranceles impuestos ya suponen un problema con respecto a las normas, pero mucho menor que el compromiso chino de incrementar sus importaciones de productos americanos.

Esto viola abiertamente el principio de no discriminación, o tratamiento de todos los socios comerciales como nación más favorecida. El efecto sobre los mercados internacionales, pues, será sustancial aun si este compromiso no se cumple en su totalidad: 200.000 millones de dólares son, al fin y al cabo, equivalentes al PIB de una economía de tamaño medio como Portugal o Perú. 

Aunque el acuerdo proporciona todos los beneficios de una tregua en una guerra dañina sus consecuencias prácticas son nimias, al menos desde un punto de vista económico. Políticamente, Estados Unidos ha obtenido beneficios sobre el papel que satisfacen fines electorales, pero es China quien ha demostrado una importante capacidad de sobreponerse a las presiones externas. El mayor perdedor, una vez más, es el sistema multilateral. Claro que ésta es sólo la primera fase.

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