Almagro, la CIDH y la grieta interamericana

Continúan las tensiones en las instituciones interamericanas. A la disputa por la Presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se sumó un conflicto entre el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Aunque ambos casos son muy distintos, expresan una realidad preocupante: la creciente polarización que afecta a organismos fundamentales para América Latina y el Caribe.

La CIDH (integrada por siete miembros independientes) es parte del sistema interamericano de derechos humanos. Su misión es monitorear la situación de éstos en todo el continente, emitir informes y recomendar medidas de protección. Este trabajo es fundamental porque visibiliza abusos, da voz a las víctimas y presiona a los gobiernos para que cumplan con sus obligaciones derivadas de los tratados de derechos humanos. Aunque formalmente es parte de la OEA, la Comisión es autónoma.

En el centro de la disputa está la elección del secretario ejecutivo de la CIDH, principal funcionario administrativo y técnico de la Comisión. Según sus estatutos, la designación le corresponde al secretario general de la OEA, pero la CIDH le remite el nombre a designar. Así sucede desde 1959, cuando se creó la Comisión. En 2016, seleccionó al brasileño Paulo Abrao como secretario ejecutivo y Almagro confirmó la designación. En enero pasado, la CIDH decidió renovar a Abrao para un nuevo mandato de cuatro años.

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El 15 de agosto, sin embargo, Almagro comunicó que no aprobaría la nueva designación de Abrao, aludiendo a denuncias de funcionarios de la CIDH en su contra por maltrato laboral y otras graves falencias. Almagro acusó a la Comisión de ignorar un informe al respecto emitido por la oficina del Ombudsperson de la OEA, cuyo contenido es confidencial. En respuesta, la CIDH (que asegura haber leído el informe) reafirmó su decisión de renovar a Abrao en el cargo y definió la actitud de Almagro como un “grave embate contra la autonomía e independencia” de la CIDH. Esta preocupación es compartida por organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, y por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, la ex presidenta chilena Michelle Bachelet.

Más allá de los detalles del caso, la situación es inseparable del contexto político regional. En los últimos años, la Comisión ha sido objeto de intensas presiones de los gobiernos para coartar su autonomía. Como señala Natalia Saltalamacchia, el trabajo de la Comisión le ha ganado enemigos en todo el espectro político. En los 2000, la ofensiva para limitar la autonomía de la CIDH fue liderada por Rafael Correa, Evo Morales, Hugo Chávez y otros líderes de izquierda, irritados por los informes críticos de la Comisión sobre libertad de prensa y la independencia judicial en sus países.

Pero los problemas no terminaron con el giro de varios países de la región hacia la derecha. En mayo de 2016, la CIDH sufrió la peor crisis financiera de su historia debido a que los estados no cumplieron con sus obligaciones presupuestarias. Cabe aclarar que, en esa ocasión, el secretario general Almagro respaldó el pedido de la Comisión de más recursos. Por otra parte, en marzo de 2019 los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay reclamaron una reforma de la CIDH que redujera su interferencia en asuntos internos de los países. Organismos de derechos humanos denunciaron a estos países por lanzar una ofensiva contra la autonomía de la Comisión. Afortunadamente, las presiones no lograron su objetivo de desmantelar la independencia de la CIDH.

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Los críticos de Almagro sostienen que la decisión de no renovar a Abrao responde al realineamiento político del secretario general. Ex canciller de José Mujica en Uruguay, Almagro fue elegido al frente de la OEA en 2015 con un amplio consenso, pero obtuvo su reelección en 2020 apoyado sobre todo por gobiernos de derecha, incluyendo los de Donald Trump y Jair Bolsonaro. Irritado ante las acusaciones de parcialidad, el secretario general tiende a responderlas con una retórica agresiva que ahonda la polarización. La situación se asemeja a la que experimentan muchos países del hemisferio en su política doméstica: bandos enfrentados, desconfianza mutua y creciente disfuncionalidad de las instituciones.

Es difícil anticipar cómo acabará la crisis entre Almagro y la CIDH. El secretario general sostiene que no tiene intención de amenazar la autonomía de la Comisión ni de inmiscuirse en la designación del secretario ejecutivo, pero mantiene su veto a Abrao con base en las denuncias del personal. También describió las críticas recibidas como “respuestas corporativas y negacionistas”, y dijo que no sería “cómplice” de violaciones a los derechos humanos del personal de la Comisión. Los comisionados de la CIDH están en una situación delicada: prometieron responder a las acusaciones de maltrato, pero saben que retirar la designación de Abrao sentaría un precedente peligroso para el futuro de la institución.

Todavía más importante es que estos conflictos van a repetirse si continúa la polarización. Aunque las tensiones siempre forman parte del funcionamiento de organismos multilaterales como la OEA o el BID, estos necesitan un mínimo de colaboración y consenso entre gobiernos, funcionarios y sociedad civil para operar eficazmente. América Latina y el Caribe están atravesando por el período más crítico en décadas en términos económicos y sociales, y muchos países experimentan un retroceso peligroso en materia de Estado de derecho. Si se profundiza el clima de confrontación permanente en el interior de las instituciones regionales, corren el riesgo de ser parte del problema más que de la solución.

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