América Latina, de las protestas a la pandemia

Las paradojas de este mundo de vértigo son imprevisibles. Hace tan sólo unos meses, el descontento social llenaba las calles de América Latina con pancartas y reivindicaciones. Hoy, una crisis sanitaria sin precedentes confina a los latinoamericanos en sus casas. Cambian los escenarios, pero permanece el descontento: la ciudadanía observa, perpleja, cómo se acerca un tsunami invisible que avanza implacable por ambos océanos.

La tormenta de datos y reacciones puede nublar la vista. Viene bien, por ello, hacer un esfuerzo por ordenar algunas ideas sobre cómo podría impactar esta crisis en América Latina, cuáles son los principales canales de transmisión y hacia dónde podrían apuntar las principales soluciones, algunas de las cuales empiezan ya a adoptarse por parte de algunos países.

La salud es lo primero

Varios gobiernos de la región han actuado con determinación y agilidad para proteger la salud pública, limitando las entradas a sus países y con medidas de distanciamiento social para contener la expansión del virus.

Es fundamental evitar el contagio y la presión sobre los sistemas sanitarios, que en la región son débiles, con un gasto per cápita que es casi cuatro veces menor que el de la OCDE. En promedio, los países de América Latina tienen dos doctores por cada 1.000 personas, frente a 3,5 en la OCDE; y 2,2 camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes, por 4,7 en el caso de la OCDE. Disponer de datos más precisos para evaluar la capacidad del sistema o, incluso, para monitorear y dar seguimiento a ciudadanos infectados es fundamental para afrontar este tipo de crisis.

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Algunos elementos estructurales también son relevantes para anticipar el impacto sanitario de la pandemia. En el lado positivo, la región tiene una estructura demográfica joven que puede ayudar a afrontar la crisis con mayor fortaleza, con un 40% de la población por debajo de los 25 años y con un 9% por encima de los 65 años, frente a un 17,2% en la OCDE. En el lado negativo, es una región con una alta concentración urbana (casi el 90%), con grandes bolsas marginales en las que se acumula la población con malas condiciones de salubridad, y con tamaños de hogar relativamente grandes que limitan el impacto del distanciamiento social. Además, la falta de programas de apoyo para el cuidado de niños puede llevar a que éstos se tengan que quedar precisamente con sus abuelos, que forman parte del grupo de mayor riesgo.

Una crisis que va más allá de la salud

Se pueden cerrar las fronteras físicas, pero los lazos económicos hacen inevitable el contagio, con sus correspondientes costes socio-económicos. Son varios los canales.

En primer lugar, la crisis del coronavirus supone una caída de la demanda global, con un impacto muy marcado en el volumen pero, en algunos casos, también en los precios, en particular los de las materias primas, afectando así a los términos regionales de intercambio. En el caso del precio del petróleo, si bien puede ser una fuente de alivio para aquellos importadores netos, como es el caso para la mayoría de las economías de América Central, su desplome afectará drásticamente a las cuentas fiscales y externas de varios países suramericanos y de México. La caída del precio del cobre, que se ha situado en mínimos históricos, también tendrá un impacto sobre países como Chile y Perú.

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En segundo lugar, la propia producción de las economías latinoamericanas se detiene, tanto por las medidas de confinamiento que paralizan la actividad como por la falta de insumos intermedios importados. Además, sectores en pleno dinamismo, como la hostelería y el turismo, se verán afectados drásticamente. Esto puede tener un impacto de particular importancia para economías más pequeñas y poco diversificadas, como es el caso de las de muchos países caribeños.

Por último, la volatilidad internacional se amplifica en los mercados financieros de la mayoría de países. Los flujos abandonan la región en busca de refugio, provocando una fuerte depreciación de las monedas y afectando drásticamente a los mercados de bonos y de acciones. El impacto también puede ser amplio en términos de inversión extranjera directa: Unctad ya pronostica una caída de estos flujos de entre el 5% y el 15% a nivel global.

Todo esto ocurre en una región cuyo crecimiento potencial es reducido y que desde 2014 lleva creciendo por debajo de la OCDE. Para hacerse una idea, frente a un choque inicial de oferta externa al que se suma una caída de la demanda interna, podríamos pensar en un 2020 de tan sólo nueve o 10 meses de actividad económica.

Las cifras tienen rostro

El virus no distingue entre ricos y pobres, pero sin políticas apropiadas su impacto económico sí será diferenciado. La caída en la actividad puede traducirse en quiebras para algunas empresas, en particular las más pequeñas, así como en condiciones de empleo más vulnerables. La herida puede ser mucho mayor para esa ‘clase media vulnerable’ que representa un 40% de la población; ciudadanos que trabajan en empleos informales y que no tienen acceso a protección social ni a seguros de desempleo.

Muchos de ellos son auto-empleados, con una economía de subsistencia y que viven al día. Además, están alejados de los canales formales que permitirían asistirlos a través de políticas públicas ¿Cómo llegar a ellos con instrumentos de apoyo? ¿Cómo evitar que se unan al 25% de pobres que existe en la región? Será uno de los grandes desafíos de esta nueva etapa. Las primeras estimaciones ya proyectan que la pobreza en América Latina podría pasar de 185 millones a 220 millones de personas en 2020.

Hacia un nuevo pacto social

La crisis del coronavirus aterriza en una región con muy bajos niveles de confianza en las instituciones públicas, precisamente cuando más se necesitan liderazgos fuertes e instituciones ágiles y con capacidad de coordinación y respuesta. Tan sólo un 25% confía en sus gobiernos, la aprobación presidencial es baja en la mayoría de países y la satisfacción con la salud cayó del 57% al 42% entre 2006 y 2018, muy por debajo del 70% de la OCDE.

Sin embargo, ante un enemigo claro y común se unifican intereses y se generan nuevos espacios para el consenso. Tres reflexiones al respecto. Primero, el capital político es bajo, pero se regenera para aquellos líderes que sepan dar una respuesta ágil y efectiva a la crisis. Segundo, el valor de contar con servicios públicos de calidad y con sistemas de protección social fuertes gana peso en la opinión pública, algo fundamental para las reformas pendientes en la región. Por último, en sociedades crecientemente polarizadas, el sentido del interés general, de la solidaridad intergeneracional y de la ciudadanía activa recobra un valor que es el mejor antídoto ante ese otro virus invisible llamado populismo.

Las protestas sociales de 2019 lo apuntaban, y esta crisis no hace más que reforzarlo: es necesaria una nueva forma de entender el contrato social, un nuevo pacto para convivir en esta era de la globalización y frente a una ciudadanía con mayores aspiraciones.

Ante tantas preguntas, coordinar la respuesta

Las autoridades se enfrentan a un complejo ejercicio de equilibrismo para enfrentar el impacto económico y social de esta crisis, teniendo al mismo tiempo que prevenir y curar, estimular y contener, tranquilizar y alertar, planificar y reaccionar. Las estrategias de comunicación son un elemento fundamental en este ejercicio y deben ser efectivas, aprovechando al máximo la transformación digital. Si bien la respuesta requerirá ser re-evaluada de manera constante a medida que avanzamos en la crisis, hay al menos tres ámbitos de acción que parecen fundamentales.

En primer lugar, son necesarias medidas urgentes para apoyar a las empresas y familias más vulnerables. Varios países de la región han anunciado medidas de apoyo fiscal y monetario mediante, por ejemplo, el aplazamiento y la reducción en los pagos de impuestos, eliminación temporal de algunos pagos de servicios públicos, así como reducciones de tasas de interés o estímulos de liquidez. Es fundamental evaluar permanentemente que estas medidas son las apropiadas. En este sentido, por ejemplo, si las ayudas se hacen a través de programas ya existentes, como las transferencias condicionadas, es clave analizar si los más afectados por la crisis están incluidos en ellos.

En segundo lugar, la región afronta esta crisis con muy poco margen por el lado fiscal y con escaso recorrido de las medidas monetarias. A diferencia de la crisis financiera de 2008, la causa de la actual no se debe a un sector económico específico. Esto puede contribuir a generar unidad y consenso entre ciudadanos para llevar a cabo reformas en ámbitos como nuestros sistemas tributarios, en su estructura y nivel, dado que tienden a ser menos progresivos y con una capacidad recaudatoria muy por debajo del promedio de la OCDE.

Por último, el carácter global de la crisis requiere, más que nunca, de una fuerte cooperación a nivel internacional, tanto entre los países latinoamericanos como a nivel mundial. Se necesitan acciones coordinadas entre diferentes actores a la hora de asignar recursos financieros de acuerdo a las estrategias definidas por el país y en busca del bien común. Así, es fundamental trabajar en una movilización masiva y coordinada de recursos por parte de las instituciones multilaterales, bancos de desarrollo y donantes internacionales. Además, es preciso repensar la cooperación internacional para fomentar aún más los diálogos políticos, el intercambio de conocimiento y la transferencia de tecnología para apoyar mutuamente esta compleja realidad a la que se enfrentan las economías emergentes y desarrolladas.

Nos enfrentamos a una crisis sin precedentes y la respuesta debe estar a la altura. Como pedía recientemente el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, “necesitamos un nivel de ambición similar al del Plan Marshall”. La respuesta debe ser global, tener en cuenta los intereses de las economías en desarrollo y aprovecharse como una oportunidad para avanzar hacia sociedades y economías más justas y sostenibles.

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