América Latina y su corrupción perdurable

El año pasado, con nuevos escándalos de corrupción, un incremento en el descontento social y mientras aún se sienten las secuelas de los mega-escándalos de años anteriores, no fue un año sencillo para América Latina y el Caribe. El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2019 de Transparencia Internacional evidencia por cuarto año consecutivo la falta de avances significativos en materia de lucha contra la corrupción en la región; y en algunos casos un franco retroceso.

El IPC analiza la percepción de corrupción en el sector público en 180 países en una escala que va de 100 (muy transparente) a 0 (altamente corrupto). El promedio global en 2019 es de 43 puntos, lo que demuestra el poco o nulo progreso de la mayoría de los países del mundo en este campo.

La región de las Américas no es ajena a esta tendencia. Con una puntuación promedio de 43 puntos, su ‘performance’ en en esta lucha empeoró levemente en comparación con 2018. Si bien los países de la región con mejor puntuación son Canadá, Uruguay y Estados Unidos, con 77, 71 y 69 puntos respectivamente, los dos norteamericanos han descendido significativamente en el ranking desde 2012, evidenciando de esta manera que ningún país puede bajar la guardia.

Por lo que respecta específicamente a América Latina y el Caribe, la región aún tiene una gran deuda pendiente en esta materia: de un total de 32 países, solamente cuatro mantuvieron el puntaje de 2018, 15 lo empeoraron y 14 lo mejoraron.

La mayoría obtuvo un resultado inferior a 50. Uruguay, con 71 puntos, es el mejor de la región, mientras Venezuela ocupa el último lugar (16 puntos).

Estos resultados confirman los hallazgos de recientes estudios de opinión ciudadana. En 2019, el Barómetro Global de la Corrupción para América Latina y el Caribe estableció que el 53% de la ciudadanía piensa que la corrupción había empeorado en el último año y solamente un 39% que su Gobierno estaba haciendo un buen trabajo para combatirla.

La corrupción no es un fenómeno aislado. Existe una clara correlación entre la calidad de las instituciones y la transparencia. La corrupción degrada las instituciones, debilita el Estado de derecho y genera desigualdad y exclusión. El informe de Transparencia Internacional revela una clara correlación a nivel global entre la corrupción y la opacidad en la financiación de la política. Ésta es muchas veces la ventana de oportunidad que encubre la compra de favores y decisiones políticas, los conflictos de interés y una influencia indebida en las políticas públicas. La percepción de la corrupción disminuye en los países donde la financiación de las campañas está adecuadamente regulada y el flujo de dinero, su origen y montante son transparentes y las reglas se aplican eficazmente.

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Los desafíos que plantea la relación dinero/política no son nuevos para la región: escándalos de corrupción, como el ‘caso Odebrecht’, evidenciaron que las aportaciones a las campañas y a las carreras de los políticos es una forma espuria e ilegal de acceso al poder y un mecanismo para obtener beneficios y privilegios ilegales.

Afrontar este problema no es sólo cuestión de aprobar leyes. La región posee una multiplicidad de sistemas de regulación del financiamiento de la política, pero la falta de implementación y sanciones efectivas en caso de incumplimiento son moneda corriente, contribuyendo así al debilitamiento del sistema democrático .

El informe de Transparencia Internacional también analizó la correlación entre la transparencia y la amplitud y calidad de los mecanismos de participación ciudadana. Y, en efecto, a mejor y mayor participación y apertura, menor es la percepción de corrupción. En una región en la que el 65% de la ciudadanía cree que sus gobiernos se encuentran movilizados por intereses privados y que uno de cada cuatro personas fue sobornada a cambio de votos no debería sorprendernos la posición en el IPC de la mayoría de los países latinoamericanos.

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No hay soluciones mágicas, ni instantáneas ni universales para combatir la corrupción. Se necesita un sistema institucional sólido y políticas públicas coherentes y coordinadas que permitan prevenir, investigar y sancionar estos actos. Es indispensable, también, que la infraestructura legal esté acompañada por un auténtico compromiso de la dirigencia política, del sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y toda la ciudadanía.

Entre las principales medidas que podrían ayudar a la región a mejorar su desempeño, se encuentran:

  • Fortalecer la integridad política. Su falta amenaza con socavar los cimientos democráticos de muchos países de América Latina y el Caribe. La integridad es esencial para prevenir la corrupción y reducir los conflictos de interés, que son la razón por la cual las políticas y decisiones gubernamentales, que deberían beneficiar o tener en cuenta a la población en general, están sesgadas para favorecer intereses privados, perpetuando la desigualdad.
  • Fortalecer la efectiva implementación de las reglas sobre financiación de la política. Comparando los resultados del IPC con los datos de Variedades para la Democracia (V-Dem), se observa que los países en los que la regulación del financiamiento de campañas son integrales y se aplican sistemáticamente, tienen una puntuación promedio de 70 en el IPC. Por el contrario, en los que no, cae a 34. Es esencial que los países de América Latina y el Caribe tomen medidas efectivas para poner fin a la opacidad en la financiación de los partidos, a la compra de votos, a la influencia indebida, al abuso de los recursos públicos a y los conflictos de interés.
  • Fortalecer los mecanismos de prevención y sanción del lavado de dinero. La gran corrupción se ve facilitada en contextos donde no se controla este problema, donde es legal la creación de empresas fantasma y donde la regla es el secreto en cuanto a los verdaderos propietarios de las empresas. También es necesario abordar, global y coordinadamente, los movimientos financieros ilícitos a nivel internacional. 
  • Proteger a los denunciantes de corrupción. Si algo nos enseñaron los numerosos escándalos de corrupción que sacudieron a los países de la región en los últimos años es que los denunciantes desempeñan un papel esencial a la hora de exponerla. Es hora de que los países adopten e implementen, en línea con las buenas prácticas internacionales, leyes específicas que protejan a los denunciantes y les garantice el acceso a canales de denuncia confiables y con perspectiva de género. 

En esta lucha, es tiempo de pasar de las promesas a los hechos. Los compromisos son un buen punto de partida, pero sin acción concreta y efectiva se convierten en promesas vacías. Las numerosas protestas sociales registradas en la región en 2019 son una clara señal de alerta sobre el hartazgo de la ciudadanía frente a esta lacra, la falta de atención a las demandas sociales, la desigualdad y la ausencia o ineficacia de mecanismos de auténtica participación democrática. Ojalá no dejemos pasar más tiempo para afrontar estos problemas.

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