Ante el 10-N: ¿segunda vuelta electoral?

La ausencia de un candidato a la presidencia del Gobierno dispuesto a presentarse ante el Congreso en una nueva sesión de investidura, unida al transcurso del plazo constitucionalmente establecido de dos meses desde que se produjo la primera votación, ha supuesto el certificado de defunción oficial de la XIII Legislatura. Constatada la sensación de fiasco que ha sobrevolado el panorama político desde el pasado mes de julio, cuando el candidato Sánchez no logró superar el obligado trámite parlamentario, volvemos a la casilla de salida y el próximo 10 de noviembre, la ciudadanía está llamada de nuevo a las urnas para expresar una vez más sus preferencias políticas.

En este contexto de reiteración electoral, desde el Gobierno en funciones se ha lanzado la idea de que estamos ante unos comicios que, en realidad, vendrían a ser la segunda vuelta de un ciclo que comenzó en 28 de abril y cuya resolución sigue pendiente. Que el razonamiento esgrimido goza de justificación política desde la óptica de los intereses del partido socialista resulta evidente, puesto que no sólo contribuye a difuminar la realidad del fracaso cosechado en el intento de hilvanar una mayoría de apoyo suficiente. Al mismo tiempo, también viene a lanzar al electorado la idea de que éste ha de finiquitar una tarea todavía inconclusa. Cuestión muy distinta es que tal planteamiento cuente con sustento jurídico en nuestro sistema constitucional. En este sentido, hemos de poner de manifiesto que el sistema electoral a doble vuelta presenta una configuración jurídica radicalmente distinta a la existente en España.

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Para empezar, debe tenerse en cuenta que mientras que el sistema electoral que se aplica en las elecciones al Congreso de los diputados es de índole proporcional (fórmula D’Hondt), el de doble vuelta es de carácter mayoritario. En su versión pura (que es la que se aplica en Gran Bretaña y en los EE.UU.) implica que a la hora de distribuir los escaños en juego se premia al candidato que más votos ha recibido, eliminando del acceso a las instituciones representativas a todos los demás actores que han concurrido a los comicios. El importante matiz que aporta la modalidad de la doble vuelta o ballotage (utilizado en Francia y también en la mayoría de los regímenes presidencialistas latinoamericanos) se justifica y aparece conectado con la aspiración de dotar de un mayor índice de respaldo electoral al candidato que finalmente se hace con el cargo disputado. Ello es así porque sólo si alguno de los contendientes electorales obtiene en primera vuelta el 50% de los votos emitidos por el electorado va a resultar elegido. En caso contrario, el cuerpo electoral es nuevamente convocado a una segunda votación. Ahora bien, a esa ulterior convocatoria, que es la definitiva, no vuelven a presentarse todos los candidatos, quedando limitadas las opciones únicamente a aquellos que obtuvieron un mejor resultado en primera instancia y que, por lo general, son los dos primeros.

Este modo de configurar la contienda electoral implica que, en el tránsito de la primera a la segunda vuelta, los votantes cuya preferencia política ha resultado eliminada quedan abocados a reorientar el sentido de su elección. A tal efecto, la pauta habitual es que sean precisamente los partidos que no han superado el primer envite electoral los que indiquen a su electorado cuál es el candidato o la opción política preferida. De este modo, se genera una dinámica en la que el compromiso entre adversarios políticos se perfila como un elemento imprescindible que facilita la gobernabilidad del sistema y que, además, refuerza en último término su legitimidad democrática.

Teniendo en cuenta las consideraciones precedentes, resulta obvio que cualquier parecido de las elecciones que se celebrarán el 10-N con una segunda vuelta es una completa falacia. Porque si de verdad se quiere instaurar dicho sistema dual, ello traería consigo la necesidad de acometer una reforma de la Constitución, eliminando la actual opción por la proporcionalidad en la elección de los diputados que componen el Congreso. Asimismo, y para ajustarse al que es el parámetro habitual de los sistemas mayoritarios, debería sustituirse la circunscripción provincial a la que se atribuye una pluralidad de escaños e introducir los colegios uninominales, circunscritos a un espacio territorial más reducido. A partir de ahí, la modificación de la ley electoral estaría servida, debiendo adaptarse a los cambios constitucionales operados. Sin ignorar la profunda transformación que este nuevo escenario traería consigo en el seno de los partidos políticos.

Dado que nada de lo referido está siendo objeto de debate ni discusión, sería deseable que se llamara a las cosas por su nombre y se dejara de confundir a la ciudadanía: No vamos a una segunda vuelta, no. Volveremos a votar –por cuarta vez en cuatro años- porque nuestra clase política se halla instalada en una suerte de bucle de ensimismamiento paralizante del que no consigue salir y cuya principal característica es la incapacidad de sus actores para lograr acuerdos que permitan generar mayorías estables capaces de sustentar al Ejecutivo. En tales circunstancias y puestos a aventurar hipótesis, ¿alguien puede asegurar que no habrá una tercera, cuarta o quinta vuelta?

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