Argentina: descontento ciudadano en medio de la crisis sanitaria

En 2019, varios países de la región latinoamericana experimentaron importantes desbordes sociales en las calles de varias ciudades, que resultaron rápidamente en crisis de gobernabilidad política.

Chile presenta un flagelo histórico: la estructura de una sociedad dual, en la que dos sectores pertenecientes a sendas clases sociales antagónicas se enfrentan hace décadas (esta dualidad de clase incluso estuvo presente durante los gobiernos de la Concertación, coalición que reúne fuerzas de izquierda y de centro-izquierda). Después de años de reiteradas protestas sectoriales (a las que se reaccionó con represión en lugar de respuestas), en octubre de 2019 se desencadenaron numerosas manifestaciones en las calles de Santiago y varias ciudades del país para conmemorar el mes del terrible estallido social padecido en el país transandino; episodio en el que murieron al menos 23 personas, unas 2.400 resultaron heridas y más de 15.000 resultaron detenidas.

El disparador de las enormes protestas tuvo su origen en el anuncio del presidente, Sebastián Piñera, de encarecer el precio del boleto del subterráneo. Ante la dimensión que tomó la violencia en las calles, el presidente chileno declaró el estado de emergencia y el toque de queda. Y aunque Piñera dio marcha atrás, subió el salario mínimo y anunció un plebiscito para que, en abril de este año, se pudiera reformar la Constitución, los disturbios persistieron. Con la llegada del coronavirus al país, hubo que adaptar los tiempos de movilizaciones masivas en confinamientos y aislamientos sociales (bajo una ardua fiscalización de la cuarentena llevada a cabo por militares), y de algún modo el enfrentamiento clasista y la ingobernabilidad política producto de éste pausó el descontento ante el impostergable desafío de hacer frente a una crisis sanitaria de enorme envergadura.

Por su parte, Bolivia, antes de la pandemia, había atravesado momentos de extrema tensión y sufrió un golpe de Estado a los ojos de quienes consideran que un presidente electo no puede ser relegado de su poder antes de que termine su mandato (Evo Morales había sido elegido y debía gobernar hasta el 22 de enero de 2020). Otro sector político (y también intelectual) consideró que el presidente boliviano se mantenía en el poder mediante trampas legales, no respetando la Constitución (que no permitía más de una reelección mientras Morales se disponía a competir por su cuarto mandato) ni un referéndum que, en 2016, había dicho no a una reforma constitucional que permitiría la cuarta reelección del presidente.

[Recibe los análisis de más actualidad en tu correo electrónico o en tu teléfono a través de nuestro canal de Telegram]

Por aquel entonces, el Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales solicitó al Tribunal Constitucional que se anulara el resultado del referéndum y el fallo fue favorable. De esta forma, pudo presentarse por cuarta vez en las elecciones nacionales del 20 de octubre de 2019. Sin embargo, la auditoría del proceso electoral realizada por la Organización de Estados Americanos (OEA) certificó irregularidades en la votación. Los comicios debían anularse y había que convocar nuevas elecciones. Las protestas se acrecentaron, tanto en defensa como en contra de Morales. Las Fuerzas Armadas, la Policía y el sindicato principal de trabajadores boliviano recomendaron al presidente que renunciara y éste abandonó el país, primero hacia México y luego hacia Argentina. La presidenta interina que tomó el poder, Jeanine Áñez, perteneciente al partido opositor, se comprometió a convocar elecciones, pero los meses siguen pasando. Mientras tanto, continúa en Bolivia la riña descarnada entre dos sectores políticos antagónicos y la importante crisis sanitaria se ha colocado en un lugar preponderante de la agenda.

En Perú, antes del coronavirus, más concretamente el 30 de septiembre de 2019, la democracia sufrió una embestida cuando el presidente, Martín Vizcarra, disolvió por decreto el Congreso Nacional. Fundamentó esta decisión en la necesidad de convocar elecciones legislativas para enero de 2020, acogiéndose a una ley que permite clausurar el Poder Legislativo cuando deniega dos veces en un mismo mandato la confianza solicitada por el presidente (en este caso, para poner un límite al proceso de selección de candidatos del Tribunal Constitucional por presentar, a su juicio, numerosas irregularidades).

Los legisladores opositores sostuvieron posteriormente que le habían otorgado el voto de confianza y acusaron a Vizcarra de haber ejecutado un auto-golpe. Ante el pulso político entre los dos poderes, las Fuerzas Armadas y la Policía peruanas respaldaron al presidente, y el 16 de marzo pasado se constituyó el nuevo Congreso.

Hace unos días, el 18 de septiembre, volvía al primer plano de la actualidad un escándalo que había estallado hace meses, situando a Vizcarra en el banquillo de los acusados ante el Congreso, que tuvo que votar si destituir o no al presidente por “incapacidad moral”. Se acusa al presidente de instigar a dos de sus asesoras a mentir sobre el número de veces que un cantante poco conocido en Perú había acudido al Palacio de Gobierno en plena pandemia para realizar actividades no relacionadas con el canto, sino con asesorías. Por dichas tareas, el cantante habría cobrado 50.000 dólares en concepto de varios contratos asumidos con el Gobierno. Tras una semana turbulenta y un debate ríspido en el Congreso, el presidente eludió su destitución al no lograr la mayoría parlamentaria los votos necesarios. Vizcarra recibió el apoyo en las redes sociales y en la calle mediante cacerolas, mientras la agenda sanitaria sigue ocupando un lugar central en una nación donde el virus no deja de propagarse.  

[Escuche el ‘podcast’ de Agenda Pública: ¿Peligra la democracia en Estados Unidos?]

Antes de la irrupción del coronavirus, Ecuador vivió numerosas protestas violentas en las calles. El desencadenante, la decisión gubernamental de encarecer el combustible al eliminar los subsidios al transporte, que se sumaba a una serie de medidas que atacaba los derechos más elementales de gran cantidad de ciudadanos, con especial énfasis en los pueblos originarios. En este contexto desalentador, el presidente, Lenin Moreno, anunció el 1 de octubre de 2019 reformas ortodoxas que implicaban un importante ajuste estructural. La escalada de las protestas llevó al país a un estado de inusitada violencia que resultó en la muerte de varios manifestantes y en saqueos. Dos días más tarde, Moreno decretó el estado de sitio. De esta forma, cuando llegó el virus y cambió repentinamente el foco de atención, Ecuador se hallaba sumergido en un caos absoluto y en la ingobernabilidad.

En Argentina, el último Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, del Frente para la Victoria, dejó el poder legando una crisis económica significativa, con problemas fiscales de envergadura, una importante inflación, una matriz de corrupción de proporciones descomunales, tensas relaciones con la comunidad internacional y una pobreza que rondaba el 30%.

Así, el nuevo Ejecutivo de Mauricio Macri, de Juntos por el Cambio, heredó un Estado con recursos muy escasos y numerosos problemas. Apenas asumió su mandato, prometió semestre tras semestre la llegada de una “lluvia de inversiones” que iba a resolver la situación que el Gobierno kirchnerista había legado. Sin embargo, no llegó jamás, mientras la pobreza escalaba del 30% al 40% de la población y la lucha contra la corrupción se centraba en llevar a prisión al kirchnerismo corrupto, mientras no se investigaba a cualquier funcionario público macrista sospechoso. La deficiente gestión macrista dio lugar a que, en 2019, el kirchnerismo volvía a vencer en las urnas rebautizado como el Frente de Todos, con Alberto Fernández ocupando la Presidencia y Cristina Fernández de Kirchner la Vicepresidencia. En este marco, Argentina recibió al coronavirus devastada socio-económicamente y con una crisis macro y de la deuda de proporciones colosales. Y en esta situación nos encontró el “enemigo silencioso” , en palabras de Alberto Fernández).

Argentina, que acumulaba penurias desde hacía décadas, solía manifestar su descontento ciudadano haciéndose escuchar (fuerte) a través de las redes sociales o de los medios de comunicación, y reclamando en las calles una variedad de exigencias particulares. Sin embargo, y a pesar de este gran malestar y de las necesidades básicas insatisfechas, la estabilidad política permanecía intacta. La llegada de la Covid-19 al país fue recibida al principio con un consenso generalizado entre sectores oficialistas y opositores respecto a priorizar la salud y respetar la cuarentena, obligatoria y estricta, decretada por Alberto Fernández para dar tiempo a que el sistema de salud se fortaleciera y no colapsara. El confinamiento se planteó como la solución a corto plazo, luego a medio y, más adelante, eterna, ya que el presidente insistió públicamente en que era el «único remedio» que tenían. Han pasado los meses y una creciente cantidad de ciudadanos ha manifestado su disconformidad porque el encierro indefinido impide la subsistencia económica, ha desatendido durante seis meses el tratamiento de otras dolencias, incluidas las psicológicas (depresiones, ataques de ansiedad y pánico). Además, a pesar de prohibiciones tan rigurosas, la propagación del virus ha escalado con celeridad durante las últimas semanas, y si la curva continúa esta tendencia podría colapsar el sistema sanitario.

Con todos estos ingredientes, los argentinos comenzaron a expresarse con un ruido inesperado en mitad de una crisis sanitaria de altas proporciones: manifestaciones desde los balcones y ventanas en una primera etapa, protestas en las calles durante los últimos meses, toma de tierras, banderazos contra una reforma de la Justicia que se considera tan necesaria como inoportuna, una fuerza policial (de la Provincia de Buenos Aires) que reclamó durante días con vehemencia mejores condiciones de trabajo y aumento de salarios… y el 9 de septiembre, parte de la Policía rodeó armada durante horas la residencia de Olivos, donde se encontraban el presidente y demás funcionarios, desatando el pánico entre muchos.

Por si fuera poco, el ambicioso consenso entre oficialismo y oposición (plasmado en las buenas relaciones entre el presidente y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta) parece haberse ido al garete, después de que el presidente decidiera intempestiva, discrecionalmente derivar partidas presupuestarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia la Provincia de Buenos Aires para intentar desatascar el conflicto con la Policía bonaerense.

El clima de incertidumbre sigue aumentando: la crisis sanitaria se agrava aceleradamente, el peso argentino sigue perdiendo valor, se amplifica la preocupación por una economía deteriorada y oficialismo y oposición parecen haber iniciado la senda de las disidencias y el enfrentamiento, haciendo peligrar la estabilidad política.

**

Contra la pandemia, información y análisis de calidad
Colabora con una aportación económica

Autoría

Deja un comentario

X

Uso de cookies

Esta página utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle información relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.