Argentina también tiene sus primarias

La discusión sobre la democratización de los sistemas políticos es una constante en el mundo actual. Hemos sido testigos en las últimas décadas de importantes procesos de apertura en la selección de candidatos a cargos públicos. Uruguay adoptó, a partir de la reforma constitucional de 1997, un sistema de primarias para elegir candidatos presidenciales. Chile hizo lo propio en 2017, con su primera implementación en las últimas elecciones generales. Estados Unidos ya tiene una tradición en estos mecanismos, aplicándolos para elegir candidatos legislativos, a gobernador y también para presidente.

Argentina no ha marcado tendencia, pero sí innovación. La reforma política aprobada en el año 2009 sumó al país a la ola democratizadora en lo que a definición de candidaturas se refiere. Las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) han sido la herramienta adoptada, con características únicas en el mundo. Cada sigla del sistema indica un componente propio.

Por primarias se entiende una instancia previa a la elección general: un momento en el que los ciudadanos eligen a quienes van a competir por los cargos y relegan a otros a esperar (o a buscar otro espacio político). Como son abiertas, todos los electores habilitados para sufragar en una elección pueden votar en las primarias, independientemente de si están o no afiliados a algún partido político. Este proceso es simultáneo para todos los actores políticos: en un mismo día, todos coinciden en la definición de sus candidatos. Y es ‘obligatorio’ tanto para los partidos o coaliciones que quieren competir en la elección general (quien no va a las primarias no puede competir después) como para los ciudadanos (votar es un derecho y una obligación). Esto difiere de Chile (sólo van a primarias quienes no acuerdan una lista de unidad) y de Uruguay (son obligatorias sólo para los partidos y coaliciones, no para los electores).

Nace una idea, se resuelve un problema

El momento en el que se adoptan las Paso no es menor. Desde el retorno a la democracia en 1983, Argentina se caracterizó por un sistema bipartidista dominado por el Partido Justicialista (PJ) y la Unión Cívica Radical (UCR). Entrando en la década del 90, el crecimiento de algunos partidos provinciales y otros de corte metropolitano amenazaron el predominio de los tradicionales. Esto fue transitoriamente moderado a finales de esa década, cuando la UCR conformó una coalición con uno de estos últimos, el Frepaso, y se llamó la Alianza.

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La caída de su presidente Fernando De La Rúa en el año 2001 dio rienda suelta a las tendencias fragmentarias del sistema. Los partidos, valga la redundancia, se partieron. La competencia política en cada una de las 24 provincias se construyó como propia y particular, dificultando la construcción de coaliciones electorales nacionales sólidas, estables y homogéneas. Este momento duró aproximadamente hasta 2007-2009.

De los dos partidos tradicionales, los más afectados por la crisis fueron los dirigentes de la UCR, que vieron mermar estructura, dirigentes y militantes por izquierda y por derecha. Sin embargo, el PJ no se quedó muy entero que digamos: las facciones internas se animaron a presentarse fuera del partido, llegando a disputar el liderazgo nacional de Néstor Kirchner, presidente del país entre 2003 y 2007 y titular del partido después de dejar la Casa Rosada en manos de Cristina Fernández. 

Con las elecciones legislativas de mitad de mandato, en 2009, se encontró el argumento central. La derrota del PJ oficial a manos de una coalición de peronistas disidentes, líderes metropolitanos sin estructura nacional y aliados locales hizo germinar la idea: era necesario tener a todos dentro para evitar una derrota en 2011. El trabajo conjunto de la Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio del Interior alentó un proceso de discusión que sumó a la mayoría de las fuerzas políticas nacionales y de distritos. El proyecto fue finalmente aprobado en diciembre de 2009 (136 votos a 99 en la Cámara de Diputados, y 42 a 24 en el Senado).

Así nacieron las Paso: una forma de incentivar a todos los dirigentes a quedarse y a ‘jugar’ dentro de sus partidos y coaliciones. Que la tentación de irse no fuese alta.

Algunas particularidades adicionales

Además de adoptar las primarias, la reforma política de 2009 sumó dos elementos más. En primer lugar, un mínimo de 1,5% de los votos válidos emitidos (positivos y en blanco) necesarios para pasar el filtro y lograr competir en las elecciones generales. Esto aplica tanto para la competencia presidencial (en distrito único) como para diputados y senadores nacionales (en cada uno de los 24 distritos). Para las pocas provincias grandes y metropolitanas el suelo es bajo, pero para las pequeñas y rurales es más bien alto. Con esto se buscó reducir la cantidad de listas para distintos cargos, homogeneizar la oferta electoral y garantizar la equitativa y eficiente asignación de recursos públicos para el sostenimiento de los partidos políticos.

En segundo lugar, la elección interna de la fórmula presidencial completa. En este sentido, los partidos y coaliciones que compiten por el Sillón de Rivadavia deben presentar la boleta entera, a diferencia de Uruguay, donde quien gana la competencia tiene 72 horas para elegir a quien será su vicepresidente. Este dispositivo suele alentar la disputa y solidificar los acuerdos internos de cara a las generales. En Argentina se fue por todo, como en el fútbol.

¿Se usan?

Si, y bastante. Aunque el clamor popular argumente que la herramienta no es útil, en estos ocho años los actores han aprendido con la práctica. En lo que respecta a la competencia para presidente y ‘vice’, en 2011 y en este 2019 no ha habido (ni habrá) competencia interna por el cargo: todas las fórmulas han sido consensuadas. En 2015, tres coaliciones electorales las utilizaron para dirimir candidaturas y solidificar los acuerdos informales: Cambiemos, Unidos por una Nueva Alternativa y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT). Los dos segundos se quedaron el camino: la primera ganó y actualmente gobierna.

Por lo que respecta a la competencia legislativa, el balance es positivo. La actual coalición de Gobierno, Cambiemos (que une a la UCR, el PRO y otros partidos menores) recurrió a ellas en 14 provincias en 2015 y en 11 en 2017. Para las presentes elecciones, bajo el nombre de Juntos por el Cambio, lo hará en 13. El PJ (bajo distintas denominaciones) lo hizo en tres distritos en 2015, en 13 en el 2017 y en siete para este año. De hecho, para el próximo turno electoral, en 17 de 24 provincias habrá competencia por una de las categorías legislativas y en al menos una coalición. Sólo la provincia de Río Negro no tendrá internas de ningún tipo. Dada la condición de obligatoriedad, las elecciones se deben celebrar igual. 

Y ahí está la discusión. Una cuestión que hay que comprender es la posibilidad que ofrecen las Paso. Están dadas las condiciones y las reglas para competir. Si no se recurre a ellas, no por eso la regla no es útil. En todo caso, es posible que esta instancia previa funcione como incentivo para que los dirigentes consensúen candidaturas comunes, para que jueguen juntos. Esto aún tenemos que testearlo, pero es una hipótesis posible.

¿Sirven?

Sus efectos no han sido comprobados a gran escala, pero sí se pueden plantear intuiciones sobre la competencia electoral que generan las Paso. Primero, cabe destacar que hay una ventaja de los oficialismos a la hora de concurrir a internas. Ya sean listas de consenso o se genere competencia entre socios, la cantidad de votantes a favor de las candidaturas oficialistas crece entre las primarias y la elección general. Esto puede comprobarse en las elecciones legislativas de 2013 y 2017. Nuevos votantes concurrieron a las urnas y se volcaron a favor de los representantes avalados por el Gobierno. Comportamiento estratégico, parece.

Segundo, la reforma política del año 2009 promovió la unión de estructuras reacias entre sí. Logró consolidar coaliciones electorales que, de otra manera, no se hubieran juntado para competir en elecciones: los casos del FIT y de Cambiemos son ejemplos de ello. Adicionalmente, promovió la equidad en la competencia, filtró a los partidos políticos poco relevantes y sentó las bases para la renovación dirigencial. La democratización de los tomadores de decisiones, tan reclamada por la ciudadanía, comenzó a vislumbrarse. A nivel local y distrital, pero en el medio plazo también a nivel nacional.

No nos corrimos del mundo, nos subimos a la ola. Adoptamos un sistema. Y nos estamos acomodando a su funcionamiento. Las reglas electorales son útiles cuando se sostienen. Pero, sobre todo, cuando sus propios actores creen en ellas. Solo así podrán lograr los efectos esperados. A la larga, estamos eligiendo a quienes deciden por nosotros. 

Y eso no es poco. Es mucho.

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