¿Avance u oportunidad perdida en Ecuador?

Las contundentes movilizaciones sociales de inicios de octubre cerraron con un diálogo al más alto nivel entre la dirigencia indígena y el Poder Ejecutivo. Tras 12 días de protestas y una enorme represión, el fin de las negociaciones (13 de octubre) permitió a los manifestantes adjudicarse la conquista de una de sus principales demandas: la derogatoria del decreto 883 que eliminaba subsidios a los combustibles. La agenda de ajuste estructural encontraba así su primer frenazo luego de dos años de apogeo.

La percepción de una nítida victoria popular, sin embargo, no terminó de afirmarse. No sólo lo dificultó el relato de seguridad del Gobierno y las élites –“enemigos internos”, “acción subversiva”– contra los manifestantes. Tampoco cierta izquierda se convenció de los logros de la revuelta: la continuidad de Lenín Moreno en la Presidencia, la ratificación en sus cargos de los ministros que comandaron la represión y la vigencia del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) indican que con el diálogo se desperdició la ocasión de reconfigurar los entornos de poder que sostienen el giro neoliberal en el Ecuador ‘post-correísta’. ¿Oportunidad perdida o victoria? ¿Cómo irradia, aún hoy, octubre en la política nacional? Tres líneas de análisis permiten auscultar con detenimiento los sentidos de la controversia en curso y observar las específicas repercusiones de la revuelta en el país.

El cordel anti-neoliberal.- Represada por la centralidad del eje correísmo vs. anti-correísmo en la lucha política, y por la misma participación de las principales organizaciones sociales (indígenas, trabajadores, docentes) en el Gobierno de Moreno, la impugnación al neoliberalismo había quedado prácticamente confinada a lo que podía hacer la única fuerza de oposición. La Revolución Ciudadana (RC) chocaba, en efecto, en solitario contra el viraje programático de quien fuera su candidato en 2017. El decreto 883 del 1 de octubre vino, sin embargo, a reordenar todo el paisaje

Las banderas anti-ajuste pasaron a tener varios portadores. El movimiento indígena, en particular, recuperó la memoria de su lucha contra las agendas pro-mercado y no vaciló en llamar a la movilización general para contener el encarecimiento de los combustibles. Otros sectores populares también ocuparon la calle. Todos los gobiernos previos –incluso el de Correa– habían contemplado en algún momento la retirada de subsidios a los combustibles. Todos llegaron a similar conclusión: no había nada que inflamara más el descontento popular.

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Aupado en la consistencia del poder estructural de sus aliados –banqueros, cámaras empresariales, grandes medios, grupos financieros, Fuerzas Armadas, FMI, EE.UU– y en la extensión de su coalición legislativa –incluidas ahí las derechas y Pachakutik (brazo electoral indígena)–, el Gobierno pasó por alto su propio desprestigio y tomó la arriesgada decisión. El difuso pero consistente malestar ciudadano encontró entonces cauce y adversario: el decreto 883 debía ser derogado de inmediato. Compartir espacio (la calle) y agenda (detener la austeridad) con el sospechoso correísmo no era ya impedimento para otra concesión al régimen.

Así, la poderosa Conaie y otras organizaciones populares –unas y otras recuperaron representación corporativa con Moreno– volvían al campo anti-neoliberal, resquebrajaban la coalición con el anti-correísmo de élites y abrían otro frente de oposición al Gobierno. Según diversas mediciones, entre el 65% y el 80% de la ciudadanía rechaza la retirada de subsidios y se reconoce en las razones de los movilizados

La cancelación del 883 se acompañó del anuncio gubernamental de que emitiría un nuevo decreto para focalizar los impactos de la eliminación de subsidios en las clases de mayores recursos. Hasta la fecha, el Gobierno no ha sido capaz, ni técnica ni políticamente, de solventar tal decisión. El domingo 17 de noviembre procuró, eso sí, aprobar un nuevo proyecto de ley que, entre otros aspectos, desregulaba el sector bancario, garantizaba la opacidad en la información tributaria de los contribuyentes (favoreciendo blanqueo de capitales y los paraísos fiscales) y persistía en el objetivo de recortar tributos a los poderosos.

El histórico partido de la derecha ecuatoriana –el Partido Social Cristiano (PSC) de Jaime Nebot– se pronunció contra dicha normativa, confluyendo así con la RC y Pachakutik. El clima de opinión no estaba para transigir con un Gobierno percibido, cada vez más, como capturado por poderosos intereses

El PSC no tuvo otra alternativa que votar contra su clase para no quemar la candidatura de su líder histórico en 2021. El proyecto fue archivado en el Parlamento. El FMI debió ratificar de inmediato la continuidad de su apoyo a Moreno. Octubre corrió los umbrales de tolerancia al ajuste y resquebrajó la coalición que lo apuntalaba. No en vano, en medio de movilizaciones estudiantiles, el 26 de noviembre el Parlamento observó la proforma presupuestaria enviada por el Ejecutivo para 2020, que persiste en un enorme ajuste del gasto público y vuelve a mostrar la inédita impericia del ministro del ramo, un alto delegado empresarial.

La reciente experiencia argentina del Gobierno de los CEO había dejado ya claro ya que los capitales reputacionales del empresariado poco tienen que ver con sus destrezas frente a la cosa pública. En fin. Tres tropiezos al hilo del neoliberalismo criollo dejan abierta la pregunta de si se trata (apenas) de la ‘crisis política’ de un Gobierno mediocre, o si es la imposición no democrática del ajuste la que vuelve inviable la reconfiguración neoliberal de la matriz de acumulación, ‘crisis de régimen y de modelo’.

La marca de la violencia.- Wallerstein estableció que mientras pierden hegemonía, las potencias ganan en agresividad y golpean con más fuerza. La fórmula parece verificarse de modo implacable en el Ecuador de hoy en día. Las negociaciones del 13 de octubre supusieron una doble capitulación para el Gobierno: no sólo debió retroceder en una decisión definida como “inclaudicable” sino que, en transmisión televisada en directo, fue objeto de escarnio público por parte de la dirigencia indígena, que le acusó de perdonar impuestos a los más ricos; de incumplir con los acuerdos establecidos en los diálogos convocados a inicio de su mandato, y de contar con ministros y funcionarios “vagos” que no responden al celular de los representantes populares. Derrota política y moral.

El sofisticado discurso indígena –que no sucumbió ante el intento oficialista de intercambiar políticas para indígenas por desmovilización social– contrastaba con la desidia gubernativa y su carencia de un plan b ante el varapalo plebeyo. Desde entonces, la impotencia del poder tomó la forma de una puntillosa agresividad retórica y judicial contra sus adversarios. 

El 14 de octubre, se allanaron los domicilios de dirigentes correístas y se detuvo a la recién elegida prefecta de Pichincha (RC), Paola Pabón. Ya en el curso de las movilizaciones, escoltado por el alto mando militar, Moreno había inculpado a figuras de la RC, en complicidad con Maduro, de ser los operadores de la movilización indígena-popular y de forjar un escenario golpista. Bolsonaro acaba de acusar a Leonardo di Caprio de propagar los incendios en la Amazonía brasilera.

En similar registro de lo absurdo, la Fiscalía ecuatoriana apenas ha mostrado como evidencia algunos tuits y mensajes de líderes ‘correístas’. Están por cumplir dos meses en prisión. Se habla ya de “presos políticos”. 

Una facción del movimiento indígena acusó al Gobierno de subestimar la capacidad de acción autónoma de la Conaie cuando adjudica a Correa la conducción del levantamiento. La derogatoria del 883 trajo también consigo, en todo caso, la progresiva judicialización de la dirigencia indígena y la estabilización de un discurso público que, negando toda legitimidad de la protesta popular, sitúa a la movilización en el plano de la subversión y el enemigo interno.

El ala militar del régimen habla en clave de la vieja seguridad nacional. Los resortes de la intimidación afectan ya el trabajo político de movimientos y colectivos progresistas. Dicho temor fue expresado ante la delegación de la CIDH, que llegó a fines de octubre. 

La violentísima represión llamó la atención de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Los movilizados pasaron, entonces, de la calle a las audiencias públicas de la Comisión para narrar las historias de vejaciones y violencia vividas en los días de manifestación (380 testimonios). Feministas, indígenas, correístas, estudiantes, periodistas de medios digitales, etcétera, vieron en el espacio abierto por la CIDH una ventana institucional para procesar la indignación y las denuncias que parecen impermeables a la Justicia local.

En un avance de su informe, la mencionada Comisión se mostró severa en la condena de la violenta represión estatal, advirtió sobre el temor de la sociedad civil a eventuales represalias e insistió en la arbitrariedad institucional en los apresamientos y juicios penales. Denunció, además, que su propia delegación había sido hostigada en la visita a los detenidos acusados de rebelión.

A fines de noviembre, otro informe de la ONU –oficina para los derechos humanos– ratificó similares criterios. Como en Chile, el Gobierno ecuatoriano persiste en el argumento de que más que una manifestación cívica, octubre tuvo el signo delincuencial del saqueo y el gesto político de la sublevación. La imagen de una verdadera batalla socio-estatal puede capturar, en parte, la dinámica beligerante que atravesó la contienda de octubre. La reiterada constatación del excesivo uso de la fuerza lleva la mirada, no obstante, al bando de los presos, heridos, muertos. Todos los caídos se cuentan en el campo anti-neoliberal.

Un nuevo bloque social.- Entre los avances en la disputa contra el ajuste y el despliegue persecutorio contra los movilizados, el campo popular entra en intenso reacomodo después de octubre. La trama de confrontación entre RC y Conaie apenas si permite avistar acercamientos fluídos. Dicha opción, en cualquier caso, aparece ya en los radares de los núcleos no radicalizados de ambos bandos y muestra otro efecto sustantivo de la revuelta. Si el escenario electoral aún está lejos, en el presente las posibilidades de ensanchamiento del espacio progresista pasan por la confluencia de agendas no sólo contra la austeridad fondomonetarista, sino en favor de la restauración democrática y del Estado de derecho y la plena articulación con la heterogeneidad de luchas en particular, el feminismo que componen la nueva acción colectiva por la dignidad de la vida.

Traducir octubre en su integralidad supone exceder su base anti-neoliberal y proyectar una política ampliada de la esperanza para tiempos violentos.

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