Bolsonaro corroe la democracia

El primer año de Gobierno de Jaïr Bolsonaro mostró malos resultados en economía y estuvo marcado por un alto grado de inestabilidad política. Aunque haya logrado aprobar la reforma del sistema de pensiones, no tiene una base parlamentaria estable en el Congreso Nacional y ha perdido parte importante de su popularidad, convirtiéndose en el presidente con peor calificación en los 12 primeros meses de gobierno desde la restauración de la democracia. Bolsonaro exhibe limitaciones intelectuales para gestionar el destino del país y se mantiene gracias al apoyo brindado por empresarios y por sus electores más fieles.

Pese a estas debilidades, en este primer año ha demostrado que puede causar graves daños a la democracia. Además de los efectos de su política económica sobre el aumento de la pobreza y la desigualdad, diversas acciones de gobierno han alcanzado a instituciones indispensables para el funcionamiento del sistema democrático. En los últimos años, muchos estudios han demostrado que los regímenes autoritarios pueden ser resultado de un proceso continuo de corrosión de los pilares de la democracia y no de golpes militares o de la adopción de estados de excepción. En estos casos de «erosión democrática», gobernantes democráticamente elegidos se sirven de las vías legales para, poco a poco, poner fin al propio régimen democrático. Entre los instrumentos de que dispone un líder autoritario para lograr sus objetivos se encuentran el control de la Administración pública, para evitar que sus órganos frenen las arbitrariedades del jefe del Ejecutivo, y la imposición de límites al debate público, buscando reducir los espacios de crítica al Gobierno. En ambos casos, Bolsonaro viene ofreciendo bastantes ejemplos de su intento de debilitar la democracia.

Controlando la Administración pública

En el ámbito del Poder Ejecutivo, Bolsonaro ha interferido en las funciones reguladoras y fiscalizadoras de la Administración pública para favorecer a los sectores que lo apoyan, aunque el sustento de tales intereses contraríe la ley. La protección del medio ambiente ha sido una de las áreas más afectadas por esta política. Hasta noviembre de 2019, el Ministerio de Agricultura había autorizado el registro de 439 nuevos productos pesticidas, manteniendo la trayectoria de incremento que venía del año anterior. Un conjunto de cambios en los criterios de evaluación y clasificación toxicológica adoptados por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria facilitaron estas autorizaciones. Después de visitar Brasil en diciembre, el relator especial de la ONU sobre derechos humanos y substancias tóxicas, Baskut Tuncak, expresó su preocupación por la situación.

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Además, una serie de medidas han conducido al debilitamiento de órganos estatales como el Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) o el ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade). El ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, critica habitualmente las acciones de fiscalización del Ministerio y, en ocasiones, ha actuado de manera directa para paralizarlas; promovió el cambio de dirección en casi todas las superintendencias regionales del Ibama; ha restringido el funcionamiento del Consejo Nacional del Medio Ambiente, y ha dificultado la recepción de recursos internacionales a través del Fondo Amazonia. La suma de estas acciones hizo descender en 2019 el número de expedientes de infracción a las cifras más bajas desde el año 2000, aunque no haya datos que indiquen mejoras en la protección del medio ambiente y el número de incendios haya aumentado en el país.

Otras consecuencias negativas de esas políticas alcanzan a los pueblos indígenas: la Fundación Nacional del Indio ha reducido sus actividades e ignorado varias recomendaciones del Ministerio Público Federal y 21 territorios indígenas con presencia de pueblos aislados están ocupados ante la omisión deliberada del Gobierno. La gravedad de la situación ha llevado a la Comisión Arns y el Colectivo de Abogacía en Derechos Humanos a denunciar a Bolsonaro ante el Tribunal Penal Internacional por incitación al genocidio y promover ataques sistemáticos contra los pueblos indígenas.

En el ámbito de los derechos humanos, Bolsonaro ataca políticas adoptadas desde hace décadas determinando que el golpe de 1964 volviera a celebrarse en las unidades militares; o patrocinando cambios en la Comisión de Amnistía para nombrar 27 nuevos miembros, algunos de los cuales habían rechazado previamente conceder reparaciones a víctimas de la dictadura militar y desarrollar la Comisión Nacional de la Verdad. La Procuraduría Federal de Derechos de los Ciudadanos ha recomendado al Ministerio de Derechos Humanos la revocación del nombramiento de esos nuevos consejeros, con el fin de asegurar la imparcialidad y la independencia de la Comisión.

Asimismo, se han debilitado las políticas públicas dirigidas a las mujeres y las cuestiones de género, en favor de pautas de inspiración religiosa que socavan el carácter laico del Estado brasileño. El conjunto de estas acciones ha llevado a diversas entidades en Brasil y en el exterior a manifestarse contra la candidatura del país al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

También el Mecanismo Nacional para Prevenir y Combatir la Tortura ha sido blanco de los ataques gubernamentales a través del Decreto Presidencial nº 9.831, que cesó a todos los integrantes del mismo, determinando el carácter no oneroso del servicio al MNPCT. Atendiendo a una demanda del Ministerio Público Federal y de la Defensoría Pública Federal, el Poder Judicial determinó cautelarmente la reincorporación de los integrantes del mecanismo, y en diciembre el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura declaró que el nuevo reglamento debilita la prevención de la tortura en Brasil, recomendando su revocación2.

Las universidades públicas también han sufrido injerencias. Para ampliar el control gubernamental sobre ellas, el presidente ha usado la facultad de nombramiento de rectores de las universidades federales, elegidos de una lista triple escogida por la comunidad académica, para nominar a 12 nuevos rectores hasta agosto de 2019, seis de los cuales no habían sido el candidato más votado por su respectiva comunidad académica. De este modo, Bolsonaro ha interrumpido la práctica previa de respeto a la autonomía universitaria para seleccionar candidatos en función de su perfil ideológico. Además, el Gobierno ha tratado de restringir la libertad de expresión en las universidades públicas2.

Incluso los órganos responsables de la fiscalización del Gobierno no han escapado a la injerencia de Bolsonaro. El nuevo fiscal general de la República fue elegido sin tener en cuenta la terna elaborada por la Asociación Nacional de Fiscales, contra la práctica adoptada desde el Gobierno Lula da Silva. Si bien es discutible la vinculación del presidente a esa elección corporativa, Bolsonaro justificó su decisión con argumentos de carácter político. En más de una ocasión, había declarado que necesitaba un fiscal general que limitara las acciones del Ministerio Público contra su Gabinete y se alineara con su ideología. El nuevo no podía tener un perfil activista, ni tratar cuestiones ambientales con «radicalismo» o defender a las «minorías». El elegido, Augusto Aras, se apresuró a demostrar su posición al nombrar, como secretario de Derechos Humanos del Ministerio Público Federal, a un fiscal conocido por sus críticas a los derechos de las minorías y al ejercicio de la libertad de expresión en las instituciones educativas2.

Limitando el debate público

Durante su Presidencia, Bolsonaro viene manteniendo un discurso violento contra sus opositores y contra cualquier grupo, incluida la Prensa, que se oponga a sus medidas. Al asumir el poder, ha pasado a disponer de instrumentos para amplificar estos ataques e imponer límites al debate público.

Algunos medios han sido objeto de represalias directas por parte del Gobierno. En el caso de Folha de S. Paulo, después de repetidas declaraciones contra el diario (al que acusó de «panfleto ordinario» y «alcantarilla”), Bolsonaro anunció que todas las suscripciones gubernamentales federales serían canceladas y formuló amenazas veladas a los anunciantes del periódico. A continuación, Folha fue excluida de la licitación de la Presidencia de la República para el acceso a la prensa digital, si bien las reacciones de la Asociación Brasileña de Prensa y del Ministerio Público del Tribunal de Cuentas obligaron al Gobierno a rectificar.

En otro episodio ilustrativo, Bolsonaro hizo una transmisión en vivo en su página en Facebook para criticar el reportaje de TV Globo sobre su posible contacto con uno de los acusados del asesinato de la concejala Marielle Franco. Gritando y en medio de varios insultos, el presidente insinuó que podría no renovar la concesión de la emisora.

La otra cara de estos ataques a ciertos medios son los beneficios otorgados por el Gobierno a los que le apoyan. Según el Tribunal de Cuentas de la Unión, en la primera mitad del 2019 el mayor porcentaje de contratos publicitarios para televisión ha beneficiado a la Rede Record (42,61%) y al Sistema Brasileiro de Televisão (41,01%), en detrimento de la Rede Globo (16,38%), aunque las audiencias de las dos primeras sean mucho menores3.

Los daños provocados por el Ejecutivo al debate público también se derivan de su política cultural. En este sector, Bolsonaro ha mantenido un estricto control sobre la Secretaría de Cultura y los órganos a ella vinculados, nombrando en los altos cargos a personas que comparten una visión ultraconservadora y están dispuestas a promover persecuciones ideológicas en el entorno artístico. La visión del actual Gobierno se puede ejemplificar mediante una declaración de Roberto Alvim, secretario de Cultura, en una reunión de la Unesco, en la que afirmaba que el arte brasileño se ha transformado «en un medio para esclavizar a la mentalidad de la gente en nombre de un violento proyecto de poder izquierdista».

Además de las constantes declaraciones contra varios de los principales nombres de la cultura nacional, la ‘guerra cultural’ iniciada por el Gobierno afecta directamente a varios sectores, como la Agencia Nacional de Cinema con recortes presupuestarios, o con la imposición de censura y control ideológico sobre la financiación pública de producciones artísticas e incluso sobre la publicidad oficial. Estas medidas han sido impugnadas ante el Supremo Tribunal Federal (STF), que deberá decidir si violan la libertad de expresión.

Si el fortalecimiento del debate público exige que la sociedad civil disponga de canales de diálogo con el Gobierno y de libertad de crítica, en este ámbito Bolsonaro también ha desarrollado prácticas anti-democráticas. Además del intento de controlar las ONGs, revocado por el Congreso Nacional, dictó los decretos nº 9.759/2019 y nº 9.812/2019, que suprimían la Política Nacional de Participación Social y centenares de órganos colegiados de la Administración federal creados para facilitar la participación de la sociedad en la formulación y fiscalización de políticas públicas. Los efectos de estos decretos fueron parcialmente suspendidos por una resolución del STF, que mantuvo en funcionamiento los colegiados creados por ley.

Los ataques contra sus opositores se producen mediante la difusión de ‘fake news’ por el propio Bolsonaro, sus hijos y sus asesores más cercanos. Esta práctica había sido ampliamente utilizada durante la campaña electoral y sirve aún como instrumento de distorsión del debate público. En diciembre, la diputada Joice Hasselmann, ex líder del Gobierno en el Congreso, denunció que la Presidencia encarga la difusión dedesinformación con la ayuda de robots y el uso de dinero público. Entre las muchas mentiras propagadas por Bolsonaro y sus partidarios, se encuentran acusaciones de que los incendios en la Amazonía fueron causados por ONGs, la negación de los crímenes cometidos por la dictadura militar y la acusación de terrorismo dirigida contra la oposición. Una investigación de Folha de S. Paulo concluyó que Bolsonaro produce al menos una declaración falsa o inexacta cada cuatro días3.

Tan grave como la difusión de desinformación es el uso de las redes sociales para atacar a los demás poderes e instituciones democráticas. Tanto los miembros del Congreso Nacional como del STF son constantemente víctimas de campañas de difamación. Una síntesis de tales manipulaciones es un vídeo difundido por Bolsonaro en que se presenta a sí mismo como un león atacado por hienas que se identifican con los partidos de la oposición, la prensa y el STF4.

No cabe imaginar que tantos ataques a la democracia sean el resultado de la casualidad o meros excesos sin mayores consecuencias. Bien al contrario, lo que se observa es una constante estrategia de menoscabo de las instituciones fundamentales de la democracia, al servicio de un proyecto autoritario de poder. Es necesario comprender el verdadero propósito de estas acciones para que la sociedad y los otros poderes puedan impedir el avance del autoritarismo en Brasil.

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