Bolsonaro y el populismo autoritario

La democracia brasileña está seriamente amenazada por un presidente que ataca diariamente a minorías, opositores e instituciones políticas. El comportamiento de Jair Bolsonaro se distingue visiblemente del de sus predecesores. Su pequeño compromiso con la democracia se destaca incluso en comparación con otros populistas autoritarios elegidos en países como Polonia, Hungría, Turquía o Venezuela.

Si bien existe un amplio consenso sobre la concurrencia y frecuencia de los ataques antidemocráticos del presidente, existe cierto debate sobre el impacto que puedan tener en las instituciones brasileñas.

Los (pocos) analistas que se consideran optimistas argumentan que la resistencia de las instituciones de control a las incursiones del presidente puede llegar a fortalecer aún más la democracia brasileña. Para comprender este punto de vista, es necesario reconocer que Bolsonaro sufrió importantes derrotas en el Congreso y con el Poder Judicial. El primero frenó iniciativas como la de instituir un régimen de capitalización en el sistema de Seguridad Social, mientras que numerosas medidas provisionales del Gobierno no fueron votadas y perdieron su validez.

A su vez, el Tribunal Supremo Federal impidió la eliminación de la demarcación de las tierras indígenas de Funai y garantizó el intercambio sin restricciones de los datos recopilados por el Servicio de Ingresos Federales y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entre otros ejemplos.

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Sin embargo, estas derrotas están lejos de justificar la euforia de quienes creen que la democracia brasileña no está en riesgo. Primeramente, un año de Gobierno es muy poco tiempo para declarar la democracia como victoriosa; en casos comparables, la erosión democrática fue un proceso lento y gradual. En Venezuela, por ejemplo, el Ejecutivo de Hugo Chávez tardó ocho años en ser clasificado como antidemocrático. En segundo lugar, y quizás lo más importante, los ataques frecuentes, especialmente del presidente del país, erosionan la relación entre los poderes, dificultan las respuestas y desperdician la capacidad institucional en actividades de contención. Los ejemplos raros (inexistentes) de democracias atacadas a este nivel y frecuencia por el Ejecutivo y que se han fortalecido en este proceso sugieren moderación.

Por todas estas razones, la gran mayoría de los académicos brasileños tendemos a creer que la amenaza a la democracia brasileña es grave y requiere que estemos aún más alerta en los años venideros. Hay varias razones para creer que las instituciones políticas están en riesgo, y he aquí las más relevantes:

Una de ellas es el simple efecto dañino de la retórica presidencial, que trata a los oponentes como enemigos y asocia los otros poderes legislativos y judiciales con corrupción o indulgencia. No es sorprendente que los partidarios más leales de Bolsonaro defiendan el cierre de la Corte Suprema y el arresto del presidente del Congreso, Rodrigo Maia, a quien llama peyorativamente Botafogo en referencia a los apodos de políticos revelados durante el escándalo de corrupción en el caso Odebrecht.

Debemos recordar que la democracia presupone un acuerdo razonable y el respeto por las reglas del juego. Esto es lo que le da legitimidad. El sistema de controles y equilibrios se justifica por la necesidad de lo que llamamos responsabilidad horizontal, según la cual un poder contrarresta a los demás para evitar excesos. Sin embargo, no fue diseñado para reducir los ataques sistemáticos contra el sistema democrático mismo.

El segundo motivo de preocupación radica en el hecho de que el Ejecutivo brasileño es muy poderosa, y para eso se las arregla para destruir las instituciones ‘internas’ que son fundamentales para el país sin que se pueda hacer mucho al respecto. En el caso de las instituciones ejecutivas, el riesgo proviene de la imposibilidad de ejeacer las funciones para las cuales fueron creadas.

Los ejemplos son innumerables: cuando el Congreso impide al presidente transferir la demarcación de tierras indígenas al Ministerio de Agaicultura, y nombra para la Presidencia de Funai (fundación de apoyo a los pueblos indígenas) un nombre elegido por la bancada ruralista en el Congreso; cuando no permite trabajar a los inspectores del Instituto Brasilero del Medio Ambiente (Ibama), responsables de restringir las pretensiones de los acaparadores de tierras; cuando reemplaza el liderazgo del Comité Especial sobre Muertos y Desaparecidos (CEMD), responsable de informar de las muertes ocurridas bajo la dictadura militar, con miembros que exaltan la tortura; cuando elige para la gestión de la enseñanza superior y la investigación a un profesional que defiende el creacionismo como contrapunto a la teoría de la evolución; cuando cuestiona y rechaza instituciones como el Instituto Nacional de Investigación Espacial (Inpe) o el Instituto Brasileño de Investigación Estadística (Ibge) tras publicar datos que le parecen desfavorables. No cabe duda de que estas instituciones corren el riesgo de no llevar a cabo las funciones para las que fueron creadas de forma independiente.

Una tercera preocupación con respecto a los riesgos institucionales a los que Brasil está sujeto es la militarización de la política y del servicio público. Desde el comienzo de su Presidencia, Bolsonaro ha designado a nueve militares, de un total de 22 ministros del Gobierno, y gradualmente ha ido haciendo gradualmente lo mismo en otros niveles del servicio público. El partido del presidente ha alentado una mayor presencia de candidatos militares en las elecciones locales de 2020, y Bolsonaro ya ha mostrado una preferencia por el personal militar en la dirección de los directorios estatales del partido. Paralelamente, entre las principales iniciativas del Ministerio de Educación se encuentra la proliferación de escuelas militares.

En principio, los regímenes democráticos no restringen la candidatura del personal militar; ni la de ningún otro grupo profesional. Sin embargo, en Brasil hay dos rasgos que caracterizan la militarización de la política. En primer lugar, los candidatos ingenieros, dentistas y comerciantes se distribuyen entre los diversos partidos que conforman el sistema; no se centran en uno solo, y mucho menos en el del presidente. En segundo lugar, es difícil decir que cada una de estas profesiones tiene su propia agenda o ideología común, lo cual es cierto, si no en todos, sí en la mayoría de los candidatos militares. Así que hay razones para creer que, en su caso, no se trata de individuos que buscan un mandato, sino de miembros de una corporación que actúan como tales, y ahí reside el problema.

Entre los diversos criterios e indicadores de la calidad de la democracia, la despolitización de las Fuerzas Armadas es uno de los más frecuentes. Esto, por no entrar en la creciente politización y lealtad hacia Bolsonaro de la Policía Militar.

En cuanto a otras consideraciones sobre las perspectivas a largo plazo, no hay democracia saludable sin medios independientes. Sin embargo, los ataques a los medios han marcado este primer año del Gobierno de Bolsonaro, generando alertas frecuentes de instituciones como Reporteros sin Fronteras, la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji) y la Organización de Abogados de Brasil. Acoso virtual por parte de los defensores del presidente contra periodistas, amenazas directas como las que se llevan a cabo contra Glenn Greenwald, respuestas despectivas y a menudo humillantes a reporteros en redes nacionales, concentración de fondos publicitarios en medios afines. El presidente ha estado incluso apostando por el ‘merchandising’ en los programas que le son favorables para promover acciones gubernamentales.

Por otro lado, si tiene éxito, Bolsonaro contribuirá en la legislatura a la elección de legisladores leales a él y su familia, en lugar de comprometerse con las instituciones democráticas. El Gobierno no ha escatimado esfuerzos en la construcción del partido de Bolsonaro, incluida la garantía de la presencia de notarios públicos a la salida de las ceremonias en los templos evangélicos, en los que los pastores alientan a los fieles a unirse al partido. En el Poder Judicial, el presidente nombrará al menos dos miembros de la Corte Suprema (STF), y ​​ya ha advertido que dará preferencia a los «terriblemente evangélicos» aunque el Estado sea secular. Si es reelegido, Bolsonaro aún puede nombrar dos ministros más del STF de acuerdo con estos mismos criterios.

Finalmente, mi investigación muestra, en línea con lo que otros politólogos ya han señalado, que las iniciativas autoritarias tienden a tener más éxito en períodos de auge económico, cuando los votantes satisfechos tienen más probabilidades de dar un ‘cheque en blanco’ a sus líderes para mantener o profundizar su bienestar.

Como es bien sabido, el desempeño económico de Brasil determina en gran medida la popularidad de sus presidentes. Además, como en otros países exportadores de productos básicos de América del Sur, se sabe que esta evolución está fuertemente vinculada a factores externos, como el precio de los productos básicos.

Imaginemos, por lo tanto, que al final de la Presidencia de Bolsonaro Brasil se beneficiara de un aumento de esos precios, y con ello de una aceleración del crecimiento y con un aumento significativo en la popularidad del dirigente (quizás con el 83% de aprobación que Lula tenía al final de su segundo mandato). Excepcionalmente popular, con dos ministros alineados en el STF y un partido personalista comprometido, sobre todo, con la figura del presidente. En tal escenario, que no es del todo imposible, ni siquiera el más optimista podría asegurar con confianza que no hay mucho que temer.

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