Brasil: conteo rápido y eficiencia con riesgos para el secreto de voto

Los fraudes electorales han sido frecuentes en la historia brasileña. Desde el Imperio, con las actas falseadas, la integridad electoral se vio desafiada por vicios en la formación, en la manifestación y en el cómputo de los votos. <Se tomaron algunas medidas a lo largo del siglo XX, como la creación de una autoridad electoral única y muy poderosa, la adopción de una boleta oficial, el cómputo informatizado de votos y, en los últimos años de los 1900, la urna electrónica.

Tras algunos años de investigación y estudios, el Tribunal Superior Electoral impuso la urna electrónica como única opción para la votación y el escrutinio en todo territorio nacional. Es verdad que el federalismo brasileño nunca fue un ejemplo de repartición de competencias (con excepción, quizás, de su primera década), y en materia electoral el funcionamiento es idéntico. Desde 1945 no tenemos siquiera partidos políticos locales, las fechas de las elecciones se unifican, la legislación proviene en su totalidad del ámbito nacional, los estados miembros no tienen competencia alguna en materia electoral (ni criminal, ni civil, ni comercial, no procesal, ni agraria, ni laboral…).

En 1986, el Tribunal Superior Electoral unificó e informatizó el padrón. Con el padrón nacional y los datos electorales en un banco digital, la primera experiencia con la urna electrónica en elecciones oficiales fue en 1996, en elecciones municipales. Cerca de 32% del electorado experimentó este sistema, después de una preparación para el manejo con la urna mediante anuncios y demostraciones presenciales. La indicación de la preferencia electoral pasó a ser posible solamente por digitación del número del partido o de la candidata o candidato (pues nuestro sistema electoral es de representación proporcional con listas no jerarquizadas: las listas no son cerradas, sino que se puede optar por partidos y candidaturas dentro de los partidos).

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En 1998, las elecciones estatales y nacionales se gestionaron mayoritariamente con urnas electrónicas (57,6% del padrón) que ya no contaban con la impresión del voto (no había ninguna emisión en papel). En 2000, el sistema electrónico alcanzó a todo el electorado. Dos años después, la ley exigió la impresión del voto, que podía ser conferido por un visor de acrílico (dando una certificación). La impresión del voto duró esa elección: una ley de 2003 sustituyó la impresión por un registro digital del voto. A partir de la elección de 2008, el electorado pasó a ser gradualmente identificado por la urna mediante impresión digital (algo inexplicable por su coste, el proceso de identificación de todo el electorado y la baja incidencia histórica del crimen de votar por otra persona).

La gran ventaja del sistema electoral es la velocidad del cómputo. Sin la impresión de los votos y sin necesidad de auditorías antes de la divulgación de los resultados, el electorado brasileño conoce en pocas horas quién ocupará la jefatura del Poder Ejecutivo en los tres niveles federativos, así como los escaños parlamentarios. No ha lugar a las disputas por la interpretación de la voluntad ciudadana demostrada en la boleta. La desconfianza en los desvíos o en el recuento no es significativa. Especialistas, casas informáticas y (pocos) representantes políticos a veces reclaman ante la posibilidad de manipulación de resultados por parte del propio Tribunal Superior Electoral o por agentes externos. Para la autoridad electoral, el acompañamiento por entidades públicas de la identificación digital de la urna, su lacre digital, su funcionamiento sin conexión a redes, los lacres físicos firmados por representantes de los partidos, los testeos públicos de seguridad, la llamada votación paralela y el registro digital de los votos garantizan la integridad del sistema.

Sin embargo, la ausencia de un sustrato material de voto (no se emite ningún comprobante) impide el chequeo de los registros digitales y sigue siendo un obstáculo para la confiabilidad general en el modelo. El Supremo Tribunal Federal (que comparte tres miembros con el Tribunal Superior Electoral) declaró inconstitucionales las tentativas legislativas de adopción del voto impreso. Los argumentos fueron el principio de prohibición de retroceso, la posibilidad de violación del voto secreto (ante el eventual trabamiento de la impresora y la consecuente ayuda de las autoridades de la mesa receptora de los votos) y la ausencia de razones para la adopción de esa medida ante la inexistencia de evidencia de fraudes. La minoría de los ministros comprendió que, aunque no haya una seria desconfianza sobre el sistema electrónico de votación, la decisión parlamentaria de adoptar el sustrato material no contraría la Constitución.

El registro biométrico o la digitación del título electoral en el micro-terminal de la urna antes del registro del voto también pueden sugerir la posibilidad –negada por los técnicos del Tribunal– de individualización del voto. Más que la eventual falla en el funcionamiento de la urna electrónica, la posibilidad de relacionar el orden o el registro del horario de la identificación en el micro-terminal y el voto en la urna parece sugerir un riesgo de que se quiebre del secreto del voto. El Tribunal Superior Electoral ha contestado a esa sospecha afirmando que el registro digital de cada voto es grabado en una posición aleatoria del archivo, así como el voto, lo que impediría la correlación con el registro individual de las electoras y electores que comparecieron a la votación.

Merece la pena señalar dos efectos colaterales de la adopción del sistema electrónico de votación. En primer lugar, desapareció la posibilidad del voto nulo como voto de protesta: la autoridad electoral afirma que el voto nulo es un equívoco, un error de quien no sabe utilizar la urna y retira cualquier efecto jurídico de dicha opción electoral. En según lugar, la necesidad de digitar el número del partido para elegir candidatas y candidatos llevó el Supremo Tribunal Federal a afirmar que el mandato representativo pertenece al partido político y no a la representante, lo que contraría la Constitución y las investigaciones en Ciencia Política sobre el comportamiento electoral.

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