Brasil: los trabajadores de la primera línea frente al abandono del Estado

Desde el 26 de febrero de 2020, Brasil trata de lidiar con la crisis que afecta a todo el mundo: la pandemia de la Covid-19. El primer caso se presentó en la ciudad de São Paulo. De ahí en adelante, el registro de contagios y muertes se ha incrementado rápidamente, hasta alcanzar más de cuatro millones de infectados y 127.464 muertos, según datos del Ministerio de Salud del 8 de septiembre del año en curso, lo que ubica al país como el más afectado de América Latina y el segundo del mundo.

La combinación de una pandemia agresiva y sin precedentes en la historia reciente de la humanidad y el caos político al que estamos sometidos da a la crisis global contornos brasileños. La desigualdad que ya caracterizaba a la sociedad de este país ha determinado a quién afectan más los impactos devastadores tanto de la enfermedad como de las medidas de aislamiento social. Esto se debe a que, además de las cuestiones que ha traído el nuevo coronavirus, convivimos con los problemas estructurales del país, es decir, la falta de saneamiento básico, las estructuras débiles de protección social y sanitaria, la inseguridad alimentaria, el racismo, entre otros.

Así, el escenario global de la pandemia en Brasil, en las grandes y pequeñas ciudades, apunta a resultados muy pesimistas. Mientras el presidente de la República, Jair Bolsonaro, sigue atribuyendo poca importancia al virus, actuando para debilitar la credibilidad de las medidas de enfrentamiento a la pandemia e insistiendo en la necesidad de regresar a la “normalidad” en las actividades económicas, el virus sigue avanzando en el país. Además, el presidente trata de convencer a la opinión pública y a la sociedad brasileña de que ya tenemos un tratamiento eficaz para la Covid-19, la cloroquina, pese a que la comunidad científica ha señalado los riesgos que supone usarla y sostiene que, por ahora, lo más seguro es mantener el aislamiento social.

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Sin embargo, la ausencia de acción del Gobierno federal no ha significado una inacción generalizada en el país. Desde el primer momento, gobernadores y alcaldes han sido los actores políticos claves en el combate contra la pandemia. Utilizando las herramientas institucionales, han tratado de frenar el avance del virus y han preparado los sistemas de salud para recibir a la población que demanda cuidados hospitalarios; financiándose con recursos propios, ya que las ayudas federales prometidas no llegaron hasta mediados de junio.

De acuerdo con el diseño institucional federal de Brasil, los estados y municipios tienen una serie de competencias políticas y administrativas. Son esas prerrogativas constitucionales las que han permitido que liderazgos de orden sub-nacional implementen algunas medidas de protección frente al coronavirus. Además de estos gobiernos sub-nacionales, la actuación de la sociedad civil está siendo importante, sobre todo en las periferias urbanas y en los lugares más vulnerables.

Pero aunque los gobiernos sub-nacionales hayan intentado enfrentarse a la pandemia, no ha sido suficiente. La necesidad de coordinación del Gobierno federal para un efectivo enfrentamiento contra la pandemia (Fernandez y Pinto, 2020) y la baja capacidad presupuestaria de los estados y municipios (Fernandez et al., 2020) han diseñado un escenario de crisis, tanto sanitaria como política. Además de eso, los gobernadores y alcaldes han asumido la carga de tomar decisiones impopulares, como la imposición del aislamiento social.

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Si bien las acciones de solidaridad de la sociedad civil están resultando fundamentales para evitar un caos aún mayor, el Estado es estratégico para evitar la aniquilación de los brasileños pobres y negros, ya sea por el virus o por el hambre. Y no hay Estado sin trabajadores de primera línea. Estos profesionales, al prestar cualquier servicio público, materializan las acciones y omisiones del Estado. Éstos son, en general, los más vulnerables: los que reciben salarios más bajos, los que son menos valorados, los que trabajan en condiciones más precarias y los que son presionados por los ciudadanos y el Estado en la prestación de servicios. Todas las acciones definidas por las élites burocrática y política del país para enfrentarse a la pandemia se concretan necesariamente en la acción de estas personas en primera línea: los profesionales de la salud, los trabajadores de asistencia, los policías, entre otros.

Brasil es actualmente el líder mundial en el ‘ranking’ de mortalidad de profesionales de la salud por Covid-19. De acuerdo con los datos del Centro de Estudios de Burocracia (NEB-FGV), tras la realización de dos encuestas a más de 4.000 profesionales de diferentes servicios públicos (salud, asistencia y seguridad), el escenario terrible de los primeros se repite en todos los grupos de trabajadores de primera línea que actúa en la pandemia de (Lotta et al., 2020).

En julio, tras cinco meses desde el inicio de la pandemia, estas personas siguen teniendo miedo y continúan desprotegidos y sin apoyo ni orientación para trabajar. En áreas como la salud y la asistencia social, las tasas de sentimiento de miedo llegan al 90%. Un miedo que no es infundado: solamente el 12% de los funcionarios penitenciarios y el 17% de los profesionales de la asistencia social recibieron capacitación para enfrentarse a la crisis.

En relación con los equipos de protección personal (EPP), insumos esenciales para la acción durante la pandemia, la negligencia estatal también es clara: el 50% de los profesionales de salud, asistencia y funcionarios penitenciarios han recibido EPP, lo que además de afectar a estos trabajadores, les pone en el lugar de convertirse en vectores de la enfermedad. Solamente el 35% de los sanitarios han tenido acceso a pruebas para detectar la Covid-19, índice que baja al 23% entre los funcionarios penitenciarios y al 10% en los de la asistencia.

Muchos trabajadores están sufriendo agotamiento mental: el 75% de los encuestados alegó estrés y ansiedad. Menos del 30% se siente preparado para trabajar durante la pandemia. Por lo tanto, hacen falta directrices, insumos y apoyo para ellos.

Está claro que ese escenario ha sido construido por una acción irresponsable del Gobierno federal y, principalmente, del presidente. Desde el principio, Bolsonaro ha negado la crisis: ha llamado a la Covid-19 «gripecita«; afirmó que quien muere es un idiota; preguntó «¿y qué»? cuando el país alcanzó decenas de miles de muertos. El Gobierno federal ha creado un falso dilema entre la economía y la salud y ha decidido no tomar decisiones para prevenir la enfermedad. En julio, el Ministerio de Salud había gastado sólo el 30% del presupuesto para la pandemia.

Las políticas de salud y asistencia están estructuradas de manera federativa y el Gobierno federal es el responsable de coordinar y definir los lineamientos de acción; dejando a los estados y municipios solos en la lucha, en un escenario de descoordinación. La situación vivida por los profesionales de primera línea es un reflejo de esta combinación de caos, descoordinación y conflicto creada por el presidente.

El Gobierno federal ha generado una situación de abandono generalizado, aunque no uniforme en el país. Las encuestas también muestran que hay regiones que han tenido incluso menos apoyo estatal que otras. En la Norte, por ejemplo, ninguno de los trabajadores encuestados en abril declaró haber recibido capacitación para enfrentarse a la crisis, tanto entre los profesionales sociales como entre los funcionarios de prisiones.

Los datos muestran una ausencia de decisiones de las altas esferas de poder para afrontar la crisis y la dura realidad de los trabajadores estatales. No se ha priorizado la protección y calificación de estos profesionales en un contexto de mayor demanda de trabajo. Si a ello se le suma la exigencia de nuevos procedimientos para prevenir la propagación del virus, el resultado es el aumento de la presión sobre estos trabajadores.

Para acceder a los servicios de salud, de asistencia social y de seguridad los ciudadanos necesitan de los profesionales de primera línea. Al no apoyarlos, el Estado está haciendo inviables las puertas de acceso a servicios esenciales para la supervivencia de los ciudadanos. Ante la negligencia estatal, especialmente en la implementación de políticas, los órganos representativos de las categorías profesionales, los colectivos de trabajadores y las organizaciones de la sociedad civil llevan el peso de llenar esta ausencia. Estas condiciones de vulnerabilidad hacen que las respuestas estatales sean aún más frágiles para reducir los impactos negativos de la pandemia en la población, sobre todo entre los más vulnerables. El Estado no sólo abandona a sus trabajadores. Al hacerlo con los que están en primera línea, abandona a toda la sociedad.

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