‘Brexit’: una negociación ‘ad calendas graecas’

La salida del Reino Unido de la Unión Europea puede considerarse, desde un punto de vista histórico, como el principio del fin de la crisis política que ha vivido el país británico desde el referéndum de 2016. Ésa es, al menos, la intención del Gobierno de Boris Johnson, que considera que la sensación de derrota que ha cundido en el seno del movimiento remain y la cómoda mayoría parlamentaria obtenida en diciembre le permitirán afrontar esta nueva etapa con las aguas calmadas.

Quizá por eso el primer ministro, amante de la historia, optó por situar el discurso con el que buscaba inaugurar un nuevo ciclo para el país en el Real Colegio Naval de Greenwich, un inmenso complejo de corte neoclásico a las afueras de Londres que simboliza como pocos la vocación imperial de Reino Unido y su pasado naval. Un buen lugar, desde luego, para entroncar con el alma comercial y ultramarina del país, y una plataforma idónea para exhibir la nueva apuesta del Gobierno como una consecuencia lógica de la idiosincrasia británica. El discurso de Johnson fue, en ese sentido, la presentación de un Estado que quiere comerciar en sus propios términos con las nuevas potencias económicas del mundo, y que necesita aprovechar casi cualquier ocasión para simbolizar el final de su experimento europeo.

Sin embargo, y por lo que respecta al contencioso que mantienen Reino Unido y la Unión Europea respecto a los términos de su relación futura, las celebraciones de la noche del 31 de enero no pueden ser consideradas sino como el final del principio. Poco más.

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Es por ello que, incluso en un acto que simbolizaba el empuje de un país que ya no se halla constreñido por el marco regulatorio europeo, Johnson se vio obligado a deslizar algunos detalles sobre su posición negociadora ante la UE en la fase que ahora comienza. Como es bien sabido, tras la salida del Reino Unido ha entrado en vigor el periodo de transición (transition period, en el que se sigue aplicando la mayoría de normas relativas al mercado único, y en el que no existen aún barreras aduaneras), durante el cual habrá de negociarse la relación futura entre ambas partes. Debido a su limitación temporal (11 meses), los líderes de ambos lados del Canal han comenzado a definir sus posiciones desde el mismo momento en que se consumó la salida.

Ése es, también, el contexto que rodeaba el discurso de Johnson. Y es por ello que, a lo largo de su intervención, afirmó enfáticamente que su Gobierno no aceptaría de ningún modo un alineamiento estricto con las normas comunitarias. Se trata de una posición que no deja de tener sentido, pues poca lógica tendría abandonar una situación en la que se participaba en la elaboración de dichas normas para pasar a acatarlas sin margen negociador.

Sin embargo, son las propias líneas rojas del Gabinete británico (unidas a la espinosa cuestión de la frontera irlandesa) las que hacen que descartar ser un mero rule-taker aboque a la UE y al Reino Unido a una relación de mínimos. Las líneas rojas subsisten, también en esta parte del divorcio. Y, en esta ocasión, los plazos para negociar un acuerdo comercial que despeje las dudas en torno a cuál será la relación futura son mucho más ajustados.

De acuerdo con prácticamente todos los expertos (y con la propia experiencia: negociar los tratados de libre comercio concluidos por la UE ha llevado mucho más tiempo que el previsto para el periodo de transición), es muy difícil que unas conversaciones tan complejas lleguen a buen puerto en un periodo tan breve. Es ahí donde surge la tentación de priorizar: buscar un acuerdo poco concreto, y despejar únicamente las cuestiones que sean prioritarias para alguna de las partes.

Ésta será la verdadera estrategia negociadora de Johnson, pues tiene dos ventajas fundamentales para el Reino Unido. En primer lugar, si logran separar la negociación por bloques y eliminar la noción de que se negocia un paquete global para jerarquizar las distintas áreas, la posición de la Unión Europea (que se beneficia del hecho de que el Reino Unido está maniatado en el ámbito del comercio de bienes) se vería debilitada. Además, con un acuerdo así, Johnson buscaría en los últimos meses del periodo de transición (cuando éste ya no se pueda prorrogar) que el acuerdo fijase una nueva relación con un alto grado de provisionalidad: quedarían, pues, muchas áreas por despejar en una futura negociación, ya sin las limitaciones temporales que operan durante el periodo de transición. Para el Reino Unido, la cuenta atrás es una auténtica espada de Damocles pues, a falta de un acuerdo el 31 de diciembre, se vería abocado a comerciar con la Unión Europea bajo los términos de la Organización Mundial de Comercio; esto es, como un tercer Estado cualquiera, lo que sería devastador para la economía británica.

En consecuencia, el límite temporal del periodo transitorio es la principal fortaleza negociadora de la Unión Europea, y por ello cualquier propuesta de Reino Unido tendente a diluirlo o sortearlo va en contra del interés negociador de la Unión. El tiempo de las negociaciones bajo el artículo 50 ya pasó. Reino Unido es (por decisión propia) un tercer Estado, y el principal riesgo para su contraparte es que sus negociadores no tengan esto presente al sentarse a la mesa.

Ésa será la jugada de Johnson, a pesar de que ahora abone escenarios como el de una relación a la australiana, sin decir cómo va a despejar las enormes dificultades prácticas que subyacen tras la salvaguarda irlandesa; y es muy probable que la Unión Europea no permita que la lleve a cabo. Por ello, ante la falta de realismo (una vez más) de la posición negociadora británica, es posible que pronto se empiece a hablar de posponer el final del periodo de transición.

Esto no sería algo malo per se, si se hace dentro del plazo estipulado en el acuerdo (antes del final del verano, cuando las negociaciones se hallen aún poco avanzadas) y garantizando que esa prórroga se invierta únicamente en completar las negociaciones de un tratado que cubra la totalidad de la relación futura. Ésta, y el cuándo entrará en vigor, sigue siendo toda una incógnita, sin que la actitud británica dé muchas esperanzas de una resolución rápida.

Así las cosas, y a pesar de la simbología naval y del triunfalismo en el que se ha instalado la élite política tory al haber conseguido salir finalmente del atolladero en el que el referéndum les había metido, la verdadera ruptura de amarras con la Unión Europea vuelve a correr el riesgo de quedar pospuesta ‘ad calendas graecas’. O, dicho en román paladino: de forma indefinida.

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