Cambios electorales: ni irrelevantes ni trágicos

En octubre de 2019 se elige en Uruguay a las personas que integrarán el Parlamento (99 escaños en la Cámara de Representantes y 30 en el Senado), junto con las elecciones presidenciales. Respecto a estas últimas, si ninguna de las candidaturas obtuviese la mayoría absoluta (50% más uno de los votos), se celebrarán el último domingo del mes de noviembre otros comicios entre las dos candidaturas más votadas.

Las encuestas (por ejemplo, ésta de Opción) pronostican una segunda vuelta –ballotage– y existe la posibilidad de que la izquierda –representada por el Frente Amplio– pierda, después de tres periodos electorales en el Gobierno. Esa perspectiva genera preocupación y angustia en diversos sectores de izquierda; muchos creen que eso conllevará necesariamente la pérdida de derechos adquiridos, el aumento de la pobreza y, eventualmente, la disolución identitaria de esta parte del espectro político.

Las elecciones pueden cambiar –de hecho, lo hacen– la vida de las personas. Pero la Ciencia Política se ha equivocado, y mucho, a la hora de suponer que los giros electorales explican los derroteros políticos de los países. Recordemos que, en su momento –circa 2008– se habló de las izquierdas buenas o socialdemócratas para referirse a los gobiernos de Lula da Silva en Brasil, Michelle Bachelet en Chile y Tabaré Vázquez en Uruguay. Pero si observamos los avatares de cada país, las diferencias son muy notorias. Mientras en Brasil la derecha le impidió a Dilma Rousseff terminar su mandato, Chile giró legítimante a la derecha con Sebastián Piñera y en Uruguay la izquierda ganó una tercera elección, otra vez con Tabaré Vázquez.

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Algo todavía más imprevisible sucedió con las izquierdas llamadas populistas o malas: en Bolivia, Evo Morales mantuvo su liderazgo al tiempo que el país siguió creciendo económicamente e incluyendo socialmente. Ecuador, con el mandato de Rafael Correa, no realizó cambios radicales; más bien se caracterizó por una «restauración conservadora», como lo llamó Alberto Acosta, e hizo un giro electoral hacia el centro con Lenin Moreno. Venezuela ya no es democrática y está sumida en una crisis total. Es decir, las historias políticas de cada país, junto a la ‘performance’ de cada Gobierno, explican mejor el devenir político que el ‘clivaje’ derecha/izquierda.

En los últimos 15 años, la mayor parte de los países de América Latina experimentó altas tasas de crecimiento económico debido al fuerte aumento de la demanda y los precios de los bienes primarios (commodity boom). Al mismo tiempo, en varios de ellos se implementaron políticas que incluyeron aumentos en el salario mínimo, mecanismos centralizados de fijación de salarios, transferencias de ingresos no contributivas e imposición a la renta. Así, América Latina –con la excepción de Colombia, Costa Rica y México– mejoró su índice Gini, especialmente entre 2008 y 2014 (‘Panorama Social de América Latina 2018’, Cepal, 2019). La combinación del crecimiento con la intervención estatal condujo a significativas reducciones de la pobreza y mejoras en la distribución de los ingresos personales. Si bien estas mejoras en el bienestar de la población se verificaron en países con gobiernos de derecha e izquierda, fueron mayores en los segundos (‘Inequality trends and their determinants: Latin America over 1990-2010’, Giovanni Andrea Cornia, 2012).

En las últimas décadas, la desigualdad –o, mejor dicho, las desigualdades–, y especialmente la pobreza en todas sus dimensiones, se instalaron en la agenda de los gobiernos, más allá de cuánto empeño pusieron realmente las personas en la Presidencia en reducirlas. La construcción social de la desigualdad como un problema colectivo que hay que revertir es novedosa: fue durante muchos años una reivindicación exclusivamente de la izquierda, representada por los partidos políticos y movimientos sociales progresistas. Sin embargo, hoy es un tema que atraviesa buena parte de las sociedades.

En América Latina, la preocupación es alta: según los datos de Lapop (2018), el 71% de la ciudadanía apoya la reducción de la desigualdad. Los más jóvenes y los más educados son las que lo hacen en mayor medida; y en contra de los pronósticos, los ingresos no son una variable relevante, es decir, la gente con mayores rentas defiende también las medidas estatales contra las desigualdades.

Chile y Uruguay están por encima de la media: 80,8% y 78,6%, respectivamente (‘Reducir la desigualdad en las Américas: ¿qué factores predicen el apoyo público a la redistribución?’, Pawel Durakiewicz, 2018). Estos datos nos hablan de cambios culturales que requieren explicaciones que consideren no sólo las variables estrictamente políticas, sino análisis diacrónicos que incluyan también las dimensiones económicas y sociales de cada país y de la región en su conjunto.

Las elecciones definen quiénes nos gobiernan, pero no a un país: la mayoría de la gente en Brasil no es homofóbica, ni en Estados Unidos xenófoba. Que Trump y Bolsonaro mantengan apoyo popular se explica por la economía, más que por cualquier otro aspecto. Por otra parte, el voto de castigo –especialmente frente a la desocupación y a la inflación– y el deseo de cambio suelen ser las motivaciones que llevan a la victoria de un candidato, más que la adhesión a éste.

Pero, en cualquier caso, un país no se vacía ni empieza de nuevo con un cambio de Gobierno en democracia. Las sociedades ponen límites, señalan lo que no se puede hacer –e incluso decir–: Argentina es un ejemplo reciente de ello. Unas elecciones –las Paso– que, en términos estrictos, no definieron nada, obligaron al Gobierno a introducir algunos cambios de política económica y, gane quien gane las elecciones parlamentarias y presidenciales en octubre –probablemente, la oposición a Mauricio Macri–, el Gobierno que surja deberá ser más tolerante y escuchar mejor a la ciudadanía.

Venezuela escapa a esta regla porque ha entrado de lleno en una dictadura. Sin embargo, cabe recordar que antes de Hugo Chávez tampoco había una democracia plena y ya era rentística. Brasil está caminando peligrosamente hacia un Gobierno autoritario, con recorte de derechos y garantías constitucionales, aunque todavía es una incógnita cómo reaccionará la sociedad e incluso el propio Congreso.

Pero, como canta el uruguayo Jaime Roos, las personas solemos recordar “las cosas por la mitad”, y los análisis puramente electorales y basados en la coyuntura no contribuyen a ensanchar la mirada. La dictadura militar en Uruguay significó represión, desaparición y muerte, además de graves retrocesos en términos económicos y sociales. Aunque no hay nada rescatable de esa experiencia, de allí surgió la sociedad del nunca más, como expresión de una ciudadanía que valora la democracia. Ya no existe una izquierda que se refiere a la democracia como formal –y opuesta a una sustantiva–, tal como lo hacían algunos grupos en los 70; ahora defiende las instituciones y no está a dispuesta a ponerlas en riesgo mediante el uso de la violencia. La utilización del recurso del referéndum en 1989 contra la ley de amnistía para los militares acusados de violación a los derechos humanos, si bien no tuvo el efecto buscado –es decir, derogar la ley–, constituyó un hito importante en la consolidación de la identidad frenteamplista, y eso se vio reflejada en las elecciones siguientes.

Además, sabemos que las sociedades construyen mecanismos de resistencia y de re-socialización, aun en contextos autoritarios. La izquierda no sólo no fue destruida –principal objetivo de la dictadura–, sino que salió fortalecida en Uruguay. Las Fuerzas Armadas, paradójicamente, tuvieron que reconocer al Frente Amplio como un interlocutor legítimo en la salida de la dictadura, y esta fuerza política fue creciendo electoralmente hasta alcanzar el Gobierno.

Hoy tenemos una sociedad mucho más tolerante y más inclusiva. La violencia hacia las mujeres es un grave problema social y político en Uruguay, pero ya nadie lo considera un tema privado. La homofobia y el racismo existen, pero también su condena social; un porcentaje importante de la ciudadanía rechaza la ley integral para personas trans y la legalización del aborto, pero no vota para derogarlas (como se analiza aquí). La sociedad acepta, con resignación o con alegría, los cambios sociales. Hay jóvenes y mujeres que toman la calle, cuestionan lo establecido, proponen formas de vida alternativas. No es toda la población, tal vez ni siquiera la mayoría, pues los cambios suelen ser motorizados por minorías. La resistencia al cambio es parte del movimiento: no hay acción sin reacción.

La historia no se repite, aunque podemos buscar y encontrar regularidades. Las sociedades cambian, aunque esto no supone que necesariamente progresen; siempre hay avances y retrocesos. Las ideologías subsisten, pero lo que significa ser de izquierdas o de derechas se va transformando y no hay una única manera de definirlas. La izquierda uruguaya se enfrenta al desafío de un nuevo escrutinio electoral tras 15 años en el Gobierno. Puede repetir hasta el cansancio todos los avances objetivos en materia social y económica, pero seguramente no será suficiente para ganar otra vez, pues esas conquistas son consideradas como derechos naturales para varias generaciones y grupos sociales que crecieron en ese contexto. Por otra parte, es difícil excusarse por aquello que no se hizo en una década y media. Las expectativas de la ciudadanía cambian, y deberán convencerla de que pueden hacer más y mejor. También la política de comunicación influirá en la decisión.

Pero la votación tiene, además, un alto componente emotivo y gregario. Y cumple entonces una función también social. Nuestras decisiones están atravesadas por lo que hacen nuestros grupos de referencia y de pertenencia, es decir, por lo que expresan aquellas personas a las que nos parecemos o nos queremos parecer, con quienes nos identificamos y a las que valoramos. Cuando votamos, nos sentimos parte de un colectivo imaginario. Si, además, participamos políticamente, construimos o reforzamos una identidad política.

Hay grupos etarios –como la juventud– y sociales –los más vulnerables– que no se sienten representados por ningún partido político en Uruguay. Hay temas, como la degradación de los recursos naturales y las condiciones laborales de la economía precarizada, que no están siendo encarados con seriedad por el Gobierno actual. Ampliar, hacer más plural y diverso ese ethos podría contribuir a evitar una derrota en las urnas. No se trata de convocar a toda la ciudadanía, sino a las personas que forman parte del imaginario progresista. Pero en caso que la izquierda pierda, no será una tragedia: quien gobierne deberá lidiar con una sociedad que no aceptará retrocesos en materia de derechos, un Parlamento plural que impondrá frenos y unas minorías intensas que, lejos de abandonar las calles, las hará más suyas que nunca.

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2 Comentarios

  1. María Gabriela Castiglia
    María Gabriela Castiglia 09-01-2019

    Muy interesante el análisis de Uruguay. Y gratificante, en general, la invitación a ver los aspectos de cambio que sí nos hacen ser mejores como sociedades. Sobre todo porque resultan convincentes los aspectos que señala la autor en los que somos mejores, y no siempre paramos para analizarlos, como bien se ha hecho en este recorrido que es sobre todo nuestro (sub)continente.
    Aunque no estoy muy de acuerdo en seguir hablando de «izquierdas buenas» e «izquierdas malas» ni aun cuando sea para referirse a lo que otros dijeron, porque es una forma más de seguir repitiendo lo que dicen los demonizadores de aquello con lo que disienten: hubieron izquierdas demonizadas. Otra cosa es si una está de acuerdo o no con lo que esas izquierdas y esos gobiernos proponen.

    • Alicia Lissidini
      Alicia Lissidini 09-01-2019

      gracias Gabriela. Sin duda: hay que buscar nuevas categorías de análisis.

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