Chile, a las puertas del plebiscito por la nueva Constitución

Si hay algo en lo que coinciden chilenas y chilenos es que el plebiscito nacional por la nueva Constitución es un hecho histórico, que puede generar un punto de inflexión ante la crisis política y social que vive el país. Hace 40 años, un 21 de octubre de 1980, se promulgó el texto constitucional de la dictadura mediante el Decreto Supremo Nº 1.150 del Ministerio del Interior. En breve, el 25 de octubre de 2020, puede ser el momento en que, por primera vez en la historia de Chile, la ciudadanía pueda elaborar una Constitución política mediante un mecanismo democrático, participativo e institucional.

Este hito histórico se da en un contexto inédito, en medio de una pandemia que ha profundizado las razones por las cuales se hace necesario el cambio constitucional en Chile; y cómo, durante todo el proceso constituyente, la ciudadanía parece ir por delante de las elites políticas en comprender la relevancia de este proceso. El sistema político e institucional está claramente desfasado respecto al desarrollo y demandas de la sociedad, y eso se percibe en la esperanza de la ciudadanía ante el cambio, por un lado, y, por otro, en la alta polarización de la política.

Diversos estudios de opinión pública muestran que un alto porcentaje de personas está dispuesto a votar en el plebiscito a pesar de la pandemia. De acuerdo con los datos del Barómetro del Trabajo (Mori) de septiembre de 2020, un 67% de los encuestados señaló que vale la pena ir a votar. En el mismo estudio, un 72% de los encuestados afirmó que el país necesita una nueva Constitución; un 71%, que su voto hace la diferencia; el 81%, que va a votar, lo que equivale al 49% de los electores.

En relación con el miedo a contagiarse de Covid-19 por ir a votar, un 49% dijo no tener miedo (el 30% del electorado), y un 50%, que lo tiene de contagiarse.

De acuerdo con la encuesta realizada por Data Influye de hace unos días, un 76% señala que con toda seguridad irá a votar. En el mismo estudio, ante la pregunta de las precauciones con respecto al contagio por Covid-19, el 70% señala que concurrirá a las urnas de todas maneras, con precauciones.

[Recibe los análisis de más actualidad en tu correo electrónico o en tu teléfono a través de nuestro canal de Telegram]

Por otro lado, los partidos políticos, el Congreso y el Gobierno tienen bajas tasas de confianza y legitimidad. De acuerdo con la encuesta del Centro de Estudios Públicos de diciembre de 2019, ante la pregunta ¿Cuánta confianza tiene Ud. en cada una de estas instituciones?, los partidos obtuvieron un 2%, el Congreso un 3% y el Gobierno un 5% de confianza. Estos índices son bastantes preocupantes por el rol que los tres cumplen en la organización del plebiscito y de las eventuales candidaturas a las convencionales constituyentes. La legitimidad del proceso es clave para fortalecer las instituciones democráticas y el propio texto constitucional.

El plebiscito nacional presenta a la ciudadanía cuatro alternativas. La ciudadanía dispondrá de dos cédulas electorales. La primera contendrá la siguiente pregunta: ¿Quiere usted una Nueva Constitución? Bajo la cuestión planteada habrá dos rayas horizontales, una al lado de la otra. La primera línea tendrá en su parte inferior la expresión Apruebo y la segunda, la expresión Rechazo. La segunda cédula contendrá la pregunta a ¿Qué tipo de órgano debiera redactar la Nueva Constitución?, a la que se pondrá responder Convención Mixta Constitucional o Convención Constitucional. Bajo la primera se incorporará la oración Integrada en partes iguales por miembros elegidos popularmente y parlamentarios o parlamentarias en ejercicio«, mientras que de la segunda colgará la frase Integrada exclusivamente por miembros elegidos popularmente.

De ganar la opción Apruebo, junto con alguna de las dos opciones de Convención Constitucional, se activará la siguiente fase del proceso, que es la elección de los convencionales constituyentes, prevista para abril de 2021. Luego de un máximo de 12 meses de deliberación, la Convención deberá presentar un texto que habrá de ser ratificado en un plebiscito constitucional. La encuesta del Barómetro del Trabajo establece que un 68% votará apruebo y un 15% votará rechazo, porcentajes muy similares al estudio de Data Influye de septiembre/octubre de 2020 (69% y 18%, respectivamente).

Con respecto a la Convención Constitucional, un 61% se inclina por la compuesta en su totalidad por representantes electos y un 21% por la Mixta (mitad de parlamentarios en ejercicio, mitad respresentantes electos por la ciudadanía). Los sondeos muestran una clara tendencia hacia el Apruebo y la Convención Constitucional, que de confirmarse sería la primera paritaria en Chile y en el mundo. Es probable que esta institución cuente también con escaños reservados para los pueblos indígenas.

[Escuche el ‘podcast’ de Agenda Pública: ¿Se trata sólo de Trump?]

Los partidos han mostrado mucha dificultad para dar cuenta de estas claras opciones de la ciudadanía. Por una parte, los partidos del Gobierno no tienen una única opción, como tampoco sus representantes. La Unión Democrata Independiente y los principales líderes de Evópoli se han pronunciado por el Rechazo, mientras que Renovación Nacional tiene una posición dividida. Por otro lado, los partidos de la oposición de centro-izquierda, si bien coinciden en el Apruebo y la Convención Constitucional, no han logrado la unidad para la campaña.

La fragmentación de las posiciones se ha profundizado, además, con una fuerte polarización del debate, debido a que los partidos más conservadores han buscado suspender, detener y cuestionar la necesidad del cambio constitucional a pesar de que participaron del Acuerdo por la paz y la Nueva Constitución. En diversas ocasiones los partidos del Gobierno han cuestionado la pertinencia de llevar adelante el plebiscito, ya sea por razones sanitarias, económicas o de violencia social.

La polarización política y la distancia entre ciudadanía y Gobierno se ha acrecentado por los graves hechos de violencia policial y violaciones a los derechos humanos registrados en Chile desde el estallido social, en octubre de 2019. De acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos de febrero de 2020, desde octubre del año anterior había habido 3.765 personas heridas en hospitales a nivel nacional y más de 10.000 detenidos. Luego de meses de confinamiento total, donde no se registraron movilizaciones sociales ni protestas, en los primeros días de octubre de 2020 y con motivo del desconfinamiento, las manifestaciones volvieron en las principales ciudades del país. El 2 de octubre, en el transcurso de las cargas policiales en el centro de Santiago, un carabinero arrojó al lecho del rio Mapocho a un manifestante de 16 años. Este grave hecho de violencia policial acrecentó la polarización política, y la oposición en el Congreso ha anunciado una acusación constitucional al ministro del Interior por la nula reacción gubernamental en la necesaria reestructuración del cuerpo de carabineros.

En este contexto, la situación del Ejecutivo es cada vez más frágil. Según la encuesta de Cadem del mes pasado, la aprobación presidencial era sólo de un 18% frente a un rechazo del 72%. Además del mal manejo de la crisis sanitaria, la crítica ciudadana se basa en el bajo compromiso del Gobierno para asegurar un plebiscito seguro y participativo en medio de la pandemia. Éste, que originalmente debía haberse celebrado el 26 de abril, tuvo que postergarse a consecuencia de la Covid-19. Sin embargo, durante estos meses el Ejecutivo no ha avanzado en la articulación de formas alternativas de voto para garantizar el derecho a sufragio en un contexto de crisis sanitaria, y tampoco ha perseverado en las medidas sanitarias para evitar y disminuir los contagios. Y la sociedad civil ha tenido que presionar a la autoridades.

Como vemos, la distancia entre la ciudadanía y la élite política no se ha recompuesto en tiempos de pandemia. Mientras el gobierno, los partidos y el Congreso se polarizan, la ciudadanía pone sus esperanzas en la ventana de cambio que puede abrirse con el plebiscito nacional del finales de este mes. Según el Panel Ciudadano elaborado por la Universidad del Desarrollo, un 49,7% de los participantes señaló sentir entusiasmo por el proceso, mientras que un 12,2% afirma sentir ansiedad, un 30,7%, nada en especial, y un 7,4%, rabia.

Lo que se juega en este plebiscito no es sólo una elección más. Es la posibilidad de abordar los principales problemas de la sociedad chilena mediante un nuevo texto constitucional que deje atrás las trabas del autoritarismo y abra el camino a una democracia que permita el gobierno de las mayorías. El principal problema social que afronta Chile es la desigualdad. De entre todos los países miembro de la OCDE, Chile es de los que presenta una mayor tasa. En 2017 registró un nivel de desigualdad de 0,49 en el índice de Gini, constante durante las útimas décadas. Esto se transfiere a la política por las altas tasas de abstención electoral, especialmente entre los sectores más vulnerables de la sociedad.

El diseño institucional de la Constitución Política de 1980 se basaba en una alta desconfianza hacia la ciudadanía y la política. Un presidencialismo exacerbado, un Congreso débil y un sistema de partidos fragmentado y des-institucionalizado no permiten que el sistema aborde y resuelva las principales demandas de la ciudadanía. El debate sobre las propuestas de contenidos para la nueva Constitución chilena se incrementa a medida que se acerca la fecha y crece la esperanza del cambio necesario.

Desde esa perspectiva, un grupo de académicas y académicos con basta experiencia pública hemos presentado el libro ‘7 propuestas para la nueva Constitución de Chile’, basado en el resultado de los Diálogos Ciudadanos que convocó la entonces presidenta Michelle Bachelet en 2016, en el contexto del Proceso Constituyente Abierto a la Ciudadanía.

Tras un largo proceso político y social, Chile está a las puertas de encaminarse hacia una nueva Constitución.

**

Contra la pandemia, información y análisis de calidad
Colabora con una aportación económica

Autoría

1 Comentario

  1. Luis Fernando Yávar
    Luis Fernando Yávar 10-14-2020

    Chile necesita una CONSTITUCION de un estado social y democrático de derecho-con el reconocimiento de derechos sociales y libertades publicas. POR UNA CONSTITUCION DE UN ESTADO SOCIAL Y DEMOCRATICO DE DERECHO-

Deja un comentario