Chile: cambio constitucional, crisis social y coronavirus

Las protestas en Chile desde octubre de 2019 provocaron una reacción política casi inmediata. Al mes de iniciado el estallido social, las principales fuerzas políticas representadas en el Congreso acordaron un mecanismo para reemplazar el texto constitucional. Fue una respuesta política para contener, en parte, las demandas sociales postergadas.

Se definió así un itinerario que incluía originalmente un plebiscito de entrada que, antes de la crisis por la pandemia, tenía que haberse celebrado este domingo 26 de abril. La idea es preguntar a la ciudadanía si quiere cambiar la Constitución y el mecanismo mediante el cual hacerlo. La expansión del coronavirus en Chile ha sido una de las más aceleradas de América Latina, por lo que al estallido social se sumó un inesperado escenario de incertidumbre que comenzó a paralizar el país y que se acompañó con la declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe.

En este contexto, los actores políticos han enmendado el acuerdo original y establecido un nuevo cronograma para un proceso que promete ser extenso.

Se trata de un ciclo que considerará cuatro etapas: (1) plebiscito de entrada (25 de octubre de 2020) donde se le preguntará a la ciudadanía si quiere una nueva Constitución y el mecanismo que debiera redactarla (Convención Mixta o Constitucional); (2) si se aprueba la idea, se elegirá a quienes integrarían la Convención (11 de abril de 2021), (3) su trabajo duraría entre nueve y 12 meses (hasta mayo de 2022), y (4) un plebiscito ratificatorio del texto que aprobara la Convención (agosto de 2022).

Así descrito, Chile vivirá un ciclo de intensa actividad electoral durante los próximos dos años y medio. Además de los tres eventos descritos (plebiscito de entrada, elección de convención, plebiscito de salida), se suman los comicios municipales y de gobernadores regionales (abril de 2021) y los presidenciales, de consejeros regionales y de Congreso Nacional (noviembre de 2021). En menos de tres años, la ciudadanía podrá concurrir a las urnas en al menos cuatro ocasiones para elegir respecto de 10 esferas de decisión, sin contabilizar segundas vueltas o elecciones primarias.

El plebiscito de octubre de 2020 es el primer hito. Allí, por primera vez en la historia republicana chilena, se le preguntará a la ciudadanía si quiere establecer una nueva Constitución y el mecanismo mediante el cual debiese escribirse. Como todo plebiscito con opciones excluyentes (Apruebo/Rechazo), genera una alta polarización política y social. La política se ha transformado rápidamente en un test entre mantener un determinado modelo socio-económico y político o abrirse a debatir cuestiones fundacionales del modelo de desarrollo socio-político chileno: ¿qué rol debe cumplir el Estado en una sociedad? ¿Debemos ser un Estado plurinacional? ¿Cuánta autonomía debieran tener las regiones? ¿Qué tipos de derechos sociales debiesen consagrarse en la Constitución? ¿Continuamos con un sistema presidencial o generamos otros régimen de gobierno? La crisis del coronavirus ha sumado interrogantes, como ¿qué rol cumple el Estado en materia de salud? ¿Cómo se regulan los estados de excepción?

Pero, además, en este plebiscito se proponen dos opciones de mecanismos: establecer una Convención Mixta, integrada al 50% por congresistas y al 50% por ciudadanos o ciudadanas electas; o bien una Convención Constitucional, integrada en un 100% por ciudadanía electa.

Como suele ocurrir en este tipo de procesos, dos cuestiones han centrado la atención de la ciudadanía: quiénes escribirán la Constitución y qué regla de decisión utilizará la Convención para aprobar el texto constitucional.

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Respecto a la conformación de la Convención, la ciudadanía cuestionó seriamente que el sistema para elegir a sus integrantes es el mismo que se emplea para la Cámara de Diputados (sistema proporcional con listas abiertas). Se advierte de que, en ese esquema, es plausible que los partidos tradicionales dominen la Convención y el resultado sea más de lo mismo. En un contexto social marcado por el anti-partidismo, la sociedad civil aspira a contar con una Convención que refleje no a las élites tradicionales sino, más bien, que sea un espejo de la sociedad.

Hace muy poco, el Congreso Nacional aprobó dos leyes que modifican la norma de elección de la Convención, estableciendo el principio de paridad hombres/mujeres tanto en las candidaturas como en el resultado, y se permitió que pudiesen presentarse listas de independientes, posibilidad inexistente en el sistema para elegir diputados. Como la Convención Constitucional es íntegramente electa, si triunfa la opción apruebo y la ciudadanía opta por la Convención Constitucional, podría darse el caso de que, por primera vez en la historia de estos procesos en el mundo, se organizara una Convención paritaria.

El Congreso Nacional continúa debatiendo la posibilidad de establecer escaños reservados para pueblos indígenas. Aunque todo el abanico político acepta la idea, existen fuertes discrepancias sobre la cantidad de escaños y el mecanismo para implementarlo. No obstante, es muy probable que la crisis del coronavirus postergue estas discusiones para julio o agosto.

El segundo gran debate se asocia con la regla de decisión de la Convención. El acuerdo político (que hoy ya es parte de la Constitución) estableció que la aquélla deberá regirse por un quórum de dos tercios tanto respecto del reglamento interno como de las normas que fuese aprobando. Lo anterior implica que lo que quedará ratificado en la nueva Constitución será aquello que suscita alto consenso.

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¿Qué efectos podríamos esperar de este proceso constituyente? Primero, por insertarse en un contexto de alta convulsión social, no debiéramos esperar que las aguas de la agitación se calmen en los próximos meses. Muy al contrario, el plebiscito y las siguientes etapas provocarán agudas controversias sociales y políticas sobre los principios fundacionales de la república. Mucho dependerá de la capacidad de quienes lleguen a esta Convención para canalizar demandas, viabilizar debates y conducir discusiones sustantivas sobre Estado, mercado, derechos sociales, reconocimiento de pueblos indígenas, y un largo etcétera.

Se trata de un proceso institucionalizado, con reglas del juego que ya están definidas en el texto constitucional. Como el acuerdo político se tradujo en otro constitucional, los actores deberán conducirse por la hoja de ruta recién descrita. Desde el punto de vista electoral, es poco probable que el clásico balance de poder entre las fuerzas políticas en Chile se transforme sustantivamente. La regla favorecerá a los partidos constituidos (21 hasta la fecha), y es poco probable que se produzca un big bang electoral. La derecha seguramente se unificará en torno a una o dos listas y obtendrá un tercio o poco más de los asientos de una eventual Convención. El centro-izquierda probablemente se fragmentará en siete a 10 listas, lo que generará una mayor dispersión. El trabajo de la Convención implicará un sofisticado ejercicio de buscar acuerdos para garantizar ciertos mínimos comunes denominadores que alcancen desde la derecha hasta la izquierda del país.

Como hasta marzo la opción Apruebo era la más probable de salir victoriosa, afrontaremos un escenario con un Gobierno muy debilitado y una política que se volcará a la definición de las nuevas reglas del juego de la república. El espacio del Ejecutivo de Sebastián Piñera para avanzar en los grandes asuntos de política pública se reducirá drásticamente y, probablemente, se transformará en un mero Gobierno de administración.

Ahora bien, en escenarios de una incertidumbre tan alta por la crisis sanitaria, las inferencias que podamos realizar deben ser cautas. El escenario político en los últimos días se ha visto notoriamente alterado por el coronavirus. El presidente de la República ha intentado retomar cierto liderazgo para encarar la crisis, los partidos han debido plegarse a la llamada gubernamental para buscar cierta coordinación, y las demandas populares por mejores condiciones de vida y nueva Constitución han entrado en un compás de espera en medio de los reiterados llamados para quedarse en casa y evitar la propagación del virus.

Recientemente, los partidos políticos lograron por unanimidad un acuerdo razonable para modificar el calendario constituyente. Para ellos, era impensable suspender el proceso pues saben que, superada la crisis de salud pública, la gente volverá a las calles a demandar transformaciones relevantes en las reglas del juego que han organizado la vida en común en los últimos 30 años. No cabe duda de que el cambio constitucional se transformó en un imperativo social y político.

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