Chile y el estallido social

En los últimos días hemos sido testigos de una escalada de protestas sin precedentes desde la transición democrática en 1990. Ante el anuncio del Gobierno de Sebastián Piñera de subir las tarifas del metro, diversos grupos de jóvenes de la capital optaron por ingresar por la fuerza a distintas estaciones e invitaron a otros pasajeros a eludir el pago del billete. En cuestión de horas, la evasión se masificó, al tiempo que comenzaron a producirse multitudinarias movilizaciones sociales. 

Las reacciones iniciales del Gobierno fueron desafortunadas. Mientras que el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, sugería a los pasajeros levantarse más temprano para pagar una tarifa más económica, el presidente era fotografiado, en los albores del estallido social, celebrando el cumpleaños de su nieto en una pizzería. En pocos días, las movilizaciones se convirtieron en una ola de intensas protestas a nivel nacional, mayoritariamente pacíficas, acompañadas por algunos hechos graves de vandalismo, saqueos y ataques incendiarios. La represión policial no se hizo esperar. Ante la incapacidad de controlar las protestas, el Gobierno declaró el estado de emergencia y el toque de queda en varias ciudades del país, algo que removió las memorias de un pasado dictatorial.   

Si bien el catalizador de este estallido social fue el incremento del precio de los billetes del metro, las causas son mucho más complejas y se han ido gestando lentamente durante décadas. Hace un par de años, con Cristóbal Rovira Kaltwasser, analizábamos los crecientes desafíos a la representación democrática de Chile,  advertimos de que podía estar configurándose una crisis que, lamentablemente, se ha acabado desencadenando. Sus orígenes están vinculados a la combinación de tres factores.

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En primer lugar, Chile experimentó una marcada reducción de la pobreza cuya contracara fue una expansión vertiginosa de los sectores de ingresos medios. Sin embargo, se trata de una ‘nueva clase media’ altamente precarizada. De acuerdo con las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas, el único quintil de ingresos que gasta menos de lo que gana es el superior.

Los principales gastos de los hogares chilenos son en alimentos, transporte, vivienda y servicios. El ingreso per cápita del quintil inferior no llega a los 123 euros y el salario mínimo asciende a 370, al tiempo que el 50% de los chilenos gana menos de 494 euros. Esta clase media precarizada tiene muy poco acceso a los beneficios sociales y acumula un descontento creciente. En ese contexto, comienzan a surgir lo que Pippa Norris llama ciudadanos críticos, es decir, demócratas insatisfechos con el funcionamiento de la democracia en su país

En segundo lugar, probablemente como consecuencia de lo anterior, tras años de desmovilización y atomización social, herencia de casi dos décadas de autoritarismo, los ciudadanos chilenos comenzaron a salir a las calles en un esfuerzo por politizar las desigualdades. Desde el año 2006, cuando los estudiantes secundarios chilenos se movilizaron para denunciar las inequidades de la educación, Chile ha experimentado diversas oleadas de protestas masivas que han afectado a distintos sectores (medioambiente, pensiones o salud), interpelando además a diversas categorías socio-estructurales como la clase, el género o la etnia.    

En tercer lugar, este proceso de politización de las desigualdades se enfrenta a una institucionalidad rígida, consagrada fundamentalmente en una Constitución diseñada en dictadura cuyo propósito fue resguardar la estructura institucional y en modelo socio-económico. En ese sentido, varios mecanismos institucionales dificultan el procesamiento y la adopción de las transformaciones que demanda la ciudadanía organizada.

A estas reglas formales se suman otras de carácter informal que refuerzan la permanencia del statu quo. Por ejemplo, la exigencia de quorum calificado para la aprobación de algunas leyes; el legado de un sistema electoral que, durante años, sub-representó a las fuerzas minoritarias y sobre-representó a las mayoritarias; el cuoteo político de acuerdo a afiliación partidaria, y la autonomía de algunas instituciones vinculadas a las políticas económicas dificultan la adopción de cambios estructurales.  

Estos tres factores han tenido importantes consecuencias en el ámbito político. Por un lado, Chile ha experimentado desde la transición una pronunciada caída de los niveles de identificación con los partidos políticos. En 2005, un 48% de los ciudadanos decía no sentirse identificado con ninguno, pero tan sólo una década después esta cifra había subido hasta el 81%. Adicionalmente, la confianza en las instituciones políticas también ha experimentado una pronunciada caída. En 2005, la confianza en el Gobierno, el Congreso y los partidos alcanzaba al 32%, 13%, 7%, respectivamente, y en 2015 esas cifras habían caído al 13%, 4% y 3%.  

Tal vez el aspecto más preocupante tiene que ver con el dramático desplome de la participación electoral en Chile. En la elección presidencial de 1989 se acercó al 90%. Sin embargo, de manera paulatina ha ido decreciendo. En efecto, si se consideran los últimos 25 años previos a la elección de Michelle Bachelet, es posible constatar que Chile experimentó una caída de 35% en la participación electoral. De hecho, de acuerdo con el Plan de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), es la segunda caída más pronunciada del mundo. La última elección presidencial que llevó a Sebastián Piñera al poder, tuvo un nivel de participación cercano al 50%. 

Todas estas señales apuntaban a una ciudadanía cada vez más descontenta y distanciada, convencida de que el uso de los canales institucionales de presión no surtía efecto. La otra cara de la moneda fue una clase política que o bien no fue capaz de entender el entorno, o bien no estuvo dispuesta a empujar los límites de lo posible para acoger las demandas crecientes por un cambio de timón.

La salida de esta crisis no será fácil. No cabe duda de que la solución deberá tener un carácter fundamentalmente político. No obstante, la falta de legitimidad de la clase política hace imprescindible que el Gobierno sea capaz de convocar una amplia coalición conformada por actores de distintas sensibilidades y procedencias. Anunciar medidas de corto plazo acordadas a puerta cerrada entre unos pocos políticos, aun cuando vayan en la dirección correcta, no va a destrabar la crisis en la que el país se encuentra sumido. Junto con las medidas inmediatas, es necesario promover una reflexión respecto del rumbo que Chile debe trazarse a largo plazo y trabajar por la construcción de un amplio acuerdo nacional.       

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