Ciudades, digitalización y descentralización fiscal

El sistema de ingresos municipales requiere de una reforma integral que sitúe a las áreas urbanas en el centro de nuestra estructura económica, como principal lugar de desarrollo de la humanidad, reforzando su independencia y autonomía a través de una mayor descentralización fiscal, pero también innovando en la forma de generar recursos e inversiones.

En general, el sistema actual es insuficiente para poder desempeñar sus competencias de forma autónoma y efectiva (recursos propios para lucha contra la ‘gentrificación’, por ejemplo), así como para desarrollar las infraestructuras del futuro, lo que provoca una dependencia excesiva de las transferencias del Estado y del sector privado en el desarrollo de infraestructuras (‘big tech’), perjudicando de rebote la rendición de cuentas directa entre la ciudadanía y los municipios. En este sentido, la jerarquización entre niveles de gobierno para controlar el déficit y gasto públicos ha obligado a los municipios a apretarse el cinturón por encima de los que les correspondería (han los que ha incurrido en menores niveles de déficit), resultando evidente la necesidad de trabajar por una reforma de la financiación local integral que vaya en la dirección del modelo sueco (por ejemplo).

Más allá de dicha reforma, la tecnología desempeñará también un papel fundamental a la hora de mejorar la financiación, así como permitir un mayor ahorro de costes en la provisión de servicios.

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Tecnologías como el 5G (que facilitará el Internet de la Cosas), el ‘blockchain’, la Inteligencia Artificial, así como la gestión de los datos en general para desarrollar servicios smart, pueden permitir ganar eficiencia y reducir costes en movilidad, seguridad, compra pública de servicios, procesos administrativos y un largo etcétera.

Si bien la smart city y el aterrizaje de las big tech en el mundo urbano como paradigma del capitalismo del siglo XXI ha llegado para quedarse, cada vez son más voces que alertan sobre la necesidad de politizar el debate tecnológico para asegurar que la ‘sensorización’ en masa a nivel urbano no sirve en exclusiva para monetizar nuestros datos (en casa, en el coche, en la calle, etc.) y permitir así generar más ingresos a las empresas tecnológicas, así como su capacidad de desarrollar (casi en exclusiva) la seguridad de la red asociada a los servicios que estas mismas proporcionan para venderla posteriormente a los gobiernos.

No se trata de frenar el desarrollo de las tecnologías smart a nivel urbano, sino de encontrar un equilibrio entre el desarrollo de infraestructuras digitales que mejorarán la movilidad, la salud, la eficiencia energética o la seguridad, pero que buscan también monetizar nuestros datos para generar ingresos con la protección de nuestra la privacidad y soberanía digital. En este sentido, un grupo de ciudades ha lanzado una coalición por los derechos digitales en el marco de la Smart City Expo World Congress 2018, como primer paso hacia un debate que marcará el futuro de las ciudades y la economía del siglo XXI. Una coalición que busca garantizar el acceso a internet y la formación digital, proteger la privacidad, los datos y la seguridad, así como fomentar la transparencia, la rendición de cuentas respecto a los datos, los algoritmos y el contenido; estableciendo estándares éticos y abiertos de los servicios basados en tecnología digital.

Se trata de encontrar el equilibrio entre el modelo basado en la monetización del ‘tecno-solucionismo’ de Silicon Valley y la distopía china que hace realidad la ficción orwelliana de 1984 (asociando acceso a servicios con vigilancia tecno-digital). ¿Qué es lo que debemos dejar monetizar y que no en el espacio urbano, y cómo protegernos del mal uso de la tecnología digital en detrimento de la democracia? Pero sobre todo, ¿cómo encontrar un equilibrio entre los ingresos generados por los datos en beneficio privado y la capacidad de las administraciones de usar los datos generados por las infraestructuras digitales en beneficio de interés general? En este sentido, la poca capacidad fiscal municipal, así como el precio de las infraestructuras digitales, fundamentalmente desarrolladas por el sector privado (Alphabet Inc., IBM, Cisco, etc.), requiere de nuevas formas de financiación municipal y cooperación público´privada que nos permitan adaptarnos a la era de la 4ª revolución industrial, asegurando que la tecnología se pone al servicio de la ciudad y no al revés.

El papel de la tecnología a nivel urbano: por un nuevo contrato socio-digital

El sector público necesita adaptarse y desarrollar una estrategia holística no sólo respecto al concepto de smart city y sus implicaciones presupuestarias y financieras, sino también respecto a sus implicaciones para el contrato social, el Estado de Bienestar y la relación entre la explotación de los datos por los nuevos modelos de negocio a través del big data y la Inteligencia Artificial para con la democracia a nivel urbano. Aquellas ciudades capaces de encontrar fórmulas que preserven la soberanía digital y redistribuyan los ingresos generados por las nuevas tecnologías, aprovechando a su vez el potencial de los modelos de negocio basados en tecnologías como el 5G, la Inteligencia Artificial o el blockhain desarrollados por el mercado, gozarán de ventajas comparativas.

La ciudad de Viena, por ejemplo, lleva un tiempo desarrollando (junto con EY) un proyecto de blockchain para securizar documentos. Más allá de estos primeros pasos, el desarrollo de dicha tecnología en el futuro a nivel urbano puede permitir (a través de su sistema de verificación en bloque) que las ciudades se enfrenten mejor a retos como la corrupción, la eficiencia energética o el pago de impuestos, así como provean multitud de servicios de forma más barata y segura (energía, transporte público, etc.) o mejoren la eficiencia en general. Si bien el blockhain tiene un gran potencial, también tiene muchos riesgos y habrá que saber qué no hacer, así como monitorizar si verdaderamente se trata de un modelo guiado por una fuerte descentralización y no de un oligopolio en manos de unos pocos.

Por otro lado, el desarrollo de la tecnología 5G (que permitirá potenciar el ‘Internet de las Cosas’ y la gestión de los datos a nivel urbano) marcará el futuro de las infraestructuras digitales urbanas, pero también de los nuevos modelos de negocio en el marco de las smart cities. El reto es encontrar fórmulas que permitan financiar el desarrollo de tales tecnologías sin incurrir en costes excesivos para la Administración, así como diseñar un marco equilibrado que beneficie a la ciudadanía (para evitar futuros Castor) y a los inversores privados que facilitan su desarrollo.

Junto con la necesaria reforma de la financiación que dote de independencia financiera a los municipios a través de mayor capacidad fiscal (y progresiva), existen diversas formas para poder explotar el potencial financiero de las ciudades y que profundizan nuevas metodologías y formas de gobernanza como el ‘New Localism’, el Desarrollo Económico Local (LED, por sus siglas en Inglés) o el BREEP (por sus siglas in inglés, buscar, investigar, experimentar, evaluar e implementar) que permiten generar más recursos e inversiones, así como integrar a distintos actores en el proceso. Dichas metodologías se basan en la provisión de servicios y el diseño de una gobernanza urbana descentralizada, basada en la flexibilidad, la actuación en red y el liderazgo urbano (sector privado, Administración pública, universidades, sociedad civil, etc.) que se aleja de la burocratización, la jerarquización y la compartimentalización administrativo-legal  de la división competencial tradicional para conseguir dar soluciones concretas a problemas concretos.

La mejora de la comunicación entre departamentos municipales, el refuerzo de la capacidad financiera de las ciudades a través de la microfinanciación, de mecanismos de ‘blending’ de instrumentos financieros y de deuda verde (entre niveles de gobierno, empresas, agencias de desarrollo y bancos públicos para garantizar la seguridad crediticia a través de colaterales garantizados por agentes fuertes del mercado), así como la potenciación de la emisión de bonos de impacto social serán vitales para desarrollar las infraestructuras del futuro. En este sentido, el Estado debiera potenciar y facilitar la capacidad de llegar a acuerdos comerciales y financieros de las ciudades a través de un refuerzo decidido de sus agencias de desarrollo económico, la creación de aceleradores y bancos de desarrollo públicos locales, así como reforzando el papel urbano en la escena internacional y en la diplomacia en general.

Además de la emisión municipal de deuda verde y de impacto social (para permitir un cambio de modelo energético y eléctrico urbano que permita ahorrar costes, por ejemplo), el capital riesgo urbano, una mejor interacción entre los mercados de capital internacional y local, así como formas innovadoras de cooperativas digitales y de commons urbanos empiezan a consolidarse como alternativa a los modelos clásicos de inversión y gestión presupuestaria y financiera local. El refuerzo de partenariados público-privados en los que se aseguren contrapartidas claras y garantistas para las administraciones a la hora de desarrollar las infraestructuras urbanas del futuro (obligar a los inversores y empresas tech a compartir los datos, cláusulas sobre privacidad, acceso y explotación de los datos, transparencia algorítmica, etc.) que permita un equilibrio entre el interés privado y el general, será fundamental para encontrar un buen equilibro entre los commons y las ideas e infraestructuras digitales del mercado.

Tales acuerdos, sobre todo en el marco de contratos que potencian el desarrollo de infraestructuras smart y, sobre todo, los datos asociados a ellas, deben ser claros para evitar posibles dudas respecto a los objetivos reales de los proyectos desde el punto de vista de la soberanía digital y la privacidad, como es el caso de Side Walk Labs (en Toronto) desarrollado por Alphabet Inc. En este sentido, necesitamos abrir el public procurement para hacerlo más atractivo, transparente y competitivo a través de iniciativas y plataformas innovadoras como City Mart, que aumentan la cantidad de competidores y facilitan la interacción entre proveedores de soluciones y administraciones, así como la entrada de nuevos agentes. Por otro lado, potenciar el uso de software abierto, así como elaborar estrategias de formación/empoderamiento digital ambiciosas para poder aprovechar las capacidades de las personas en el mercado de trabajo futuro y anticiparnos ante la segregación digital del mundo que viene será también importante.

La creación de un Ministerio de la Ciudad permitiría desarrollar las condiciones necesarias para acompañar a las ciudades en el desarrollo de las infraestructuras urbanas del futuro de forma coordinada, así como garantizar el uso de instrumentos financieros innovadores y mejorar la gobernanza multi-nivel de la tecnología. El desarrollo de cooperativas digitales en paralelo a las infraestructuras e ideas smart generadas por el mercado, así como el establecimiento de reglas claras sobre la privacidad, datos abiertos (uso de software libre) o acuerdos claros sobre la explotación de los datos generados por infraestructuras urbanas digitales desarrollados por grandes compañías tecnológicas serán claves en el futuro de las ciudades.

Por otro lado, deberíamos avanzar también en el diseño de nubes de datos públicos y procesos de democracia digital y datos comunes (DDDC) (como Decode y DCCC en Barcelona, por ejemplo) o el desarrollo de ‘Creative Commons’ digitales (para códigos y algoritmos que pasen a ser públicos con el paso del tiempo, como las patentes farmacéuticas) y perfiles de datos individuales que las empresas puedan utilizar pagando una cuota, así como permitir a la Administración usar el big data agregado por actores privados con el objetivo de mejorar los servicios públicos (salud, seguridad, movilidad, etc.).

Un papel más activo de las administraciones en el desarrollo de la tecnología digital urbana y el uso de los datos, así como una mayor soberanía digital para la ciudadanía nos permitirán participar mucho más del proceso legislativo y político, así como decidir qué datos compartimos y cuáles no. El debate sobre la necesidad de un nuevo contrato social apuntado por Joaquín Estefanía en este artículo que dé respuesta a los cuatro elementos disruptivos que han llevado al agotamiento el modelo de post-guerra (tecnología, demografía, globalización y revolución conservadora) debe incluir también la robotización/digitalización (y financiación local) en su dimensión urbana, como parte del nuevo contrato social de cara a reconstruir el Estado de Bienestar.

A diferencia de las infraestructuras clásicas desarrolladas por las empresas para las administraciones, las digitales no sólo proveerán un servicio determinado, sino que permitirán recabar datos y monetizarlos. Y es por ello que se trata de un debate fundamental plantear qué se puede y qué no se puede hacer con ellos si se trata de una infraestructura pública (aunque desarrollada por empresas tecnológicas) en la economía del futuro. En este sentido, las elecciones municipales del año que viene son una buena oportunidad para empezar a politizar el debate tecno-digital y la necesidad de una reforma de la financiación a nivel urbano; y el concepto de ‘Wise Cities’, desarrollado por el Cidob puede ser una buena herramienta para pensar la smart city desde otra perspectiva en la era de la cuarta revolución industrial.

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