Cómo garantizar la alimentación de los niños en situación de vulnerabilidad

Con el fin de intentar que los niños que disfrutan habitualmente de una beca comedor sigan teniendo acceso a alimentos durante este periodo en el que se han suprimido las clases, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una iniciativa consistente en que sus familias puedan recoger el almuerzo diario que elaboran dos empresas de comida rápida en sus propios establecimientos.

Este asunto ha generado una gran polémica en las redes sociales. Algunos piensan que los niños se aseguran así al menos la comida más importante del día aunque el menú no sea el más saludable, y opinan que criticar esta medida es como mínimo populista. Y otros creen que, por diferentes razones, esta iniciativa no es buena y existen alternativas mejores e, incluso, más fáciles de implementar y con más posibilidades de éxito para lograr el objetivo de que los niños coman y coman bien.

¿Quién tiene razón? Todos los implicados en el debate la tienen en que es muy importante asegurar una comida diaria a todos los niños en este periodo en que no pueden acudir al colegio. Sin embargo, para conseguir este propósito existen diferentes alternativas de política pública y algunas parecen más sensatas desde diferentes puntos de vista. Estas alternativas no son teóricas. Se puede echar un vistazo a las iniciativas autonómicas y sus detalles en el catálogo que ha elaborado el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil. Se trata de ayudas de tipo económico que transfieren al hogar el equivalente a la beca comedor que el niño o niña tenía concedida (a través de tarjetas monedero, de transferencia bancaria o de un vale de compra en supermercados) o de ayudas en especie (catering a domicilio, compra a domicilio o apertura de centros escolares específicos).

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¿Por qué la iniciativa de la Comunidad de Madrid debe revisarse? Vayamos primero a lo más técnico. Por un lado, claramente los diseñadores del programa no han previsto las dificultades de implementación de esta medida y, en particular, el comportamiento de sus beneficiarios. De acuerdo con los datos que un periódico proporcionaba ayer (suministrados por la propia Comunidad de Madrid), sólo una cuarta parte de las familias han recogido estos menús. No es de extrañar que estos números sean tan exiguos en un contexto de confinamiento en el que es complicado salir a la calle, cuando además el horario de recogida es muy limitado y quizá no hay ningún adulto en casa que pueda acudir a los lugares de avituallamiento, que no siempre son cercanos ni constituían una referencia conocida para las familias como sí lo es el colegio o el ayuntamiento u otros locales del barrio. No hay que descartar tampoco que muchas de estas familias prefieran proporcionar a sus hijos alimentos más sanos que los que ofrecen estas dos empresas.

Sin embargo, más allá de su mejorable implementación, el programa merece críticas de fondo (que intentan ser constructivas). Por un lado, muchos de los que sermonean en las redes a los que no están de acuerdo con este programa argumentan que es mejor una comida que ninguna. Ya hemos convenido en que este reproche no tiene fundamento porque existen otras alternativas mejores, ya en marcha en algunos lugares, para conseguir el resultado: que los niños coman.

Por otro lado, en esta concepción del programa subyace una idea que no deja de ser aporofóbica: las propias familias con recursos escasos tienen menos sensibilidad y/o voluntad de alimentar a sus hijos que el Gobierno de la Comunidad. Se argumenta mucho en las redes que, quizá, si a las familias se les hace una trasferencia, la gasten en otra cosas y que, por ello, para corregir estos posibles comportamientos desviados y excéntricos es necesaria una intervención pública (que no olvidemos que consiste en proporcionar un menú cuando menos cuestionable de un modo cuando menos discutible).

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Además, aunque las iniciativas públicas para combatir la obesidad infantil son claramente insuficientes, esta medida desde luego no las mejora. En nuestro país tenemos un serio problema de salud pública, como reconoce el propio Ministerio de Sanidad y tratan de combatir también organizaciones como la Fundación Gasol. Casi un 30% de la población infantil de entre dos y 17 años está por encima del peso recomendado. En concreto, algo más del 10% es obesa, padecimiento que está asociado a numerosas enfermedades y problemas infantiles que después se convierten en crónicos. Estos datos son, además, peores que los de muchos países de nuestro entorno y más graves en las familias con escasez de recursos.

En nuestro país están vigentes la Estrategia Naos y el Código Paos de autorregulación de la publicidad de alimentos y bebidas. La colaboración de estas dos empresas de comida rápida (que no olvidemos que no es altruista) no parece que vaya en línea con estos programas de nutrición y publicidad saludable. Más bien al contrario, proporciona una visibilidad enorme a estas empresas y sitúa a sus locales como puntos de referencia para 12.000 familias por encima de otros espacios comunitarios y que son de todos, como los colegios o los ayuntamientos (algunas comunidades autónomas o municipios están distribuyendo alimentos en estos lugares).

Para continuar, hay bastante evidencia científica de cómo las crisis cambian los hábitos nutricionales en los hogares pobres y éstos son luego difíciles de revertir. Sabemos, por ejemplo, que la gente empieza a comprar más comida barata puesto que los alimentos frescos escasean o se encarecen o son más difíciles de conseguir debido a la frecuencia con la que hay que adquirirlos (¡el Gobierno tendrá que estar también pendiente de esto!). Por ello, los gobernantes no deben contribuir más a estos cambios dietéticos.

No vale cualquier cosa. Si los comedores escolares y sus menús equilibrados no pueden mantenerse, o incluso aunque puedan, deberíamos plantearnos como una alternativa mejor la de trasferir a los hogares los recursos necesarios para mejorar la capacidad adquisitiva de estos hogares. La ventaja de la transferencia es, además, que permite que la familia acomode el gasto a las principales necesidades del hogar. Con los cinco euros diarios que está costando cada menú hay margen para que se utilice el dinero en comida que beneficie a toda la familia (o en lo que éstas consideren que les puede ayudar a sobrellevar de mejor modo esa situación límite, como unos simples lápices de colores o una conexión a la red).

No se trata de demonizar a estas empresas. Muchos de nosotros comemos de vez en cuando pizzas y sándwiches en ellas. Igualmente, hay que valorar el intento del Gobierno de la Comunidad de Madrid de asegurar alimentación de los niños en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, como enseñan las Ciencias Sociales, ni las intuiciones ni las buenas intenciones nos llevan por sí solas a diseñar las mejores intervenciones públicas para conseguir los efectos deseados.

En momentos como éste, nos está quedando claro que es muy difícil diseñar buenas políticas y vamos a tener que esmerarnos mucho para tener todo mejor previsto la próxima vez. Sin embargo, lo que sí estamos viendo es que algunos gobiernos son capaces de aprender rápidamente y de reaccionar para corregir lo que no ha funcionado bien.

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