Cómo pagar la transición climática en Europa

2015 marca un hito en la transición hacia una Europa sostenible, tanto desde el punto de vista climático como social:

  • En septiembre, la Asamblea de Naciones Unidas (NN.UU.) aprueba la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con 17 objetivos como ejes de actuación, los conocidos como ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).
  • En diciembre, la Convención de NN.UU. aprueba el Acuerdo de París, que tiene como objetivo evitar que el incremento de la temperatura media global del planeta supere los 2ºC respecto de los niveles preindustriales. La Unión Europea traduce posteriormente este objetivo en tres compromisos específicos para 2030:
    • Reducir al menos un 40% las emisiones respecto a las de 1990 (recientemente, está considerando la reducción al 55%)
    • Aumentar al menos un 32% el uso de energías renovables en consumo eléctrico.
    • Mejorar al menos un 32,5% la eficiencia energética.

Y uno para 2050: la neutralidad climática, recogida en la European Climate Law (2020)

Dos mega-compromisos, por tanto: Los 17 ODS y la neutralidad climática para 2050. Las cuestiones son esto cuánto cuesta y quién lo paga.

[Con la colaboración de Red Eléctrica de España]

Centrándonos en los objetivos climáticos para Europa, la propia Comisión Europea calcula que serán necesarios 260.000 millones de euros adicionales cada año hasta 2030 para alcanzar los compromisos del Acuerdo de París; adicionales a lo que ya se está invirtiendo en transformar los sectores del transporte, la energía y el agua y residuos… No parece que los estados, ni el Banco Europeo de Inversiones ni los organismos internacionales puedan hacerse cargo solos de la factura… Por otro lado, el sector financiero dispone de 100 billones (trillions) de euros en activos, lo que supone a priori un gran potencial inversor. Pero, ¿es suficiente con que haya una necesidad de inversión para que el sector privado se involucre? ¿No deben ser las políticas públicas financiadas con fondos públicas?

Por otro lado, la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) del Financial Stability Board identifica que el cambio climático puede suponer, y supone, una fuente de riesgos para el sector financiero que clasifica en dos grandes grupos: 

  • Físicos, ligados con los daños en activos e infraestructuras.
  • De transición, vinculados a las nuevas tecnologías, nueva regulación, usos, preferencias de consumidores, nuevos mercados, etcétera.

Recuperados, más o menos, de las crisis de 2008, lo último que quieren las autoridades y el sistema financiero son nuevas vulnerabilidades. Así que estas dos fuerzas combinadas impulsan la elaboración del llamado Plan de Acción de Finanzas Sostenibles, aprobado por la Comisión Europea en 2018. Por un lado, la necesidad de financiar la transición energética (financiar la sostenibilidad) y, por otro, integrar esa sostenibilidad en la gestión financiera (finanzas sostenibles). Se añade un tercer objetivo, que es fomentar la transparencia y el ‘largoplacismo’: alargar los plazos para que la exigencia de resultados a corto no hipoteque las necesidades de inversión y financiación a largo para nuevas tecnologías, innovación, maduración de grandes proyectos, capacitación, etc; y dotar de transparencia a la información divulgada para que tanto inversores como reguladores puedan tomar las mejores decisiones.

Estos tres grandes objetivos se desgranan en 10 acciones que, de manera esquemática, se presentan aquí:

La más relevante en un primer momento es la definición de una taxonomía que identifique de manera inequívoca qué es y qué no es verde. En torno a ella pivotarán muchas del resto de líneas de actuación, como la definición de etiquetas, certificaciones, benchmarks, etc. que ayudarán a canalizar fondos hacia proyectos sostenibles.

Se incluye también un bloque importante de iniciativas relativas a la información y divulgación del impacto ambiental y social de las inversiones: la información debida al inversor y el deber fiduciario. 

Y un tercer bloque, por desarrollar, que afecta al corazón de la regulación prudencial, al intentar incorporar la sostenibilidad en la ponderación de los riesgos. ¿Es un proyecto verde, por el hecho de serlo, ceteris paribus, más rentable que uno marrón? ¿Habría que infraponderar los proyectos marrones? Esto supone la introducción de los llamados green-supporting o brown-penalizing factors, que sobreponderan o infraponderan los riesgos en función de lo verde o lo marrón de la operación.

Posteriormente a la publicación del Plan de Finanzas Sostenibles, la recién nombrada Comisión Europea asume el European Green Deal como la hoja de ruta para la UE, donde recoge sus ambiciones ambientales y climáticas. La Unión es consciente de que los fondos públicos no son suficientes y de que es necesaria una reorientación sistémica de los flujos de financiación privada para afrontar esta ambición. Por ello, el propio Green Deal prevé ya una revisión del Plan de Finanzas Sostenibles para:

  • Completar lo ya iniciado, sobre todo la taxonomía, etiquetados, etc.
  • Actualizar y desarrollar lo relativo a la información a los inversores, con la modificación de la MIFID2 como plato fuerte.
  • Abordar los temas pendientes, como son la regulación prudencial y el fomento del largoplacismo.
  • La consulta lanzada por la Comisión Europea en julio de 2020 deja abierta la posibilidad de incluir asuntos nuevos.

Con todo lo anterior, ¿cuáles son los factores de éxito para que el Plan de Finanzas Sostenibles alcance sus objetivos? Podemos identificar tres, íntimamente inter-relacionados:

  • ¿Cómo integrar el riesgo climático (o, de una manera más amplia, ambiental) en la gestión de los riesgos? El cálculo de los riesgos financieros se realiza, de manera simplista, tomando bases históricas y proyectando su desempeño a futuro…. El problema con el clima es que no disponemos de bases históricas. Como hasta ahora no se han recogido esos datos, no podemos utilizar las metodologías habituales de análisis de riesgo; así que se están explorando metodologías nuevas, basadas en el diseño de diferentes escenarios futuros, con la inclusión de variables muy diversas de tipo meteorológico, ambiental, etcétera.
  • Esto nos lleva al segundo factor, que es la disponibilidad de información y su transformación en dato. No disponemos de bases de datos ni sabemos bien de dónde extraer la información necesaria. Es por eso que, en mi opinión, se hace muy necesaria la creación de bases de datos colaborativas transnacionales. Si compartimos el impacto ambiental de, por ejemplo, una granja porcina en determinadas latitudes de Grecia, Italia o California, puede servirnos para evaluar el desempeño ambiental de una instalación similar en Aragón. El uso del big data (¡y del open data!) puede ayudar mucho en la creación de modelos y escenarios de análisis.

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  • Y un tercer factor, que está implícitamente incluido en los dos anteriores, es la colaboración del sector financiero con otras disciplinas. Éste necesita entender el funcionamiento de fenómenos climáticos e incorporarlos en su análisis, tiene que trabajar con objetivos basados en la Ciencia. Para ello, necesita trabajar estrechamente con la comunidad científica, biólogos, meteorólogos, la Academia, etc. 

Y, ¿qué riesgos pueden amenazar el éxito del Plan?

En este ámbito, como creo que en el resto de asuntos relativos al cambio climático, se identifican dos principales:

  • No actuar con la suficiente velocidad. Es fundamental que el cambio climático se mantenga muy arriba en la agenda financiera, que se doten de los recursos y conocimientos necesarios para una implementación rápida y eficaz del Plan. Lo contrario implicaría, por un lado, que el sector financiero se vea desbordado por la realidad (en términos de riesgos asumidos y activos dañados). Por otro, que la transición no sea lo suficientemente rápida por no disponer de la financiación necesaria.
  • El segundo riesgo tiene que ver con la injerencia de cuestiones no técnicas en la toma de decisiones; concretamente, en lo que atañe a la regulación prudencial. Si finalmente se decide introducir algún tipo de factor climático de ponderación en esta regulación que sea porque existe evidencia técnica, no por presiones de carácter político o industrial. Esto llevaría a poner en riesgo la solvencia y a la pérdida de credibilidad de las acciones climáticas del sector financiero.

Existen muchas razones para sentirnos orgullosos de formar parte de la Unión Europea. Y creo que su compromiso y decidida acción en favor de la transición climática es sin duda uno de ellos.

(Este análisis forma parte del proyecto ‘Green Deal. La oportunidad de Europa’, producido por Funcas y Agenda Pública con el apoyo de ‘Hablamos de Europa’)

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