Comparando percepciones en la contratación pública

En España, la contratación pública, junto con las actividades relacionadas con el desarrollo urbanístico, son las dos áreas en las que mayor riesgo de corrupción existe. Y no lo es, aunque podría, porque apliquemos la famosa ecuación de Robert KLITGAARD para analizar la corrupción en cualquier área de la actividad pública: Corrupción = Monopolio en toma de decisión + Discrecionalidad – Rendición de cuentas. Lo es porque así lo ha identificado la Comisión en sus recientes estudios sobre corrupción (2013-2014).

En 2014 se presentó el Informe sobre la lucha contra la corrupción en la Unión Europea y su Anexo 9 centrado en España. Para realizar este Informe se han llevado a cabo dos Barómetros, uno sobre corrupción (aquí) y otro sobre la actitud de las empresas hacia la corrupción (aquí). Muchísimo material para trabajar en un ámbito, el de la corrupción, donde la ausencia de datos dificulta siempre la investigación. Incluso los escépticos con este tipo de encuestas de opinión reconocerán la importancia de unos datos que, desde febrero de 2015, están a disposición de todos en el Portal open data de la Unión Europea.

Centremos nuestra atención en algunas prácticas relacionadas con la contratación pública que están causando cierta alarma social: (1) la adjudicación directa, (2) la adjudicación mediante pliegos hechos a medida para uno de los candidatos y (3) la modificación de los contratos. ¿Cómo responden las empresas españolas en comparación con el mejor país de la UE, el peor, y la media?

1. Abuso de procedimientos negociados

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Fuente: EUROPEAN COMMISSION, Eurobarometer 374 on Businesses’ attitudes towards corruption in the EU, 2014

Tan solo Grecia (75%) supera a España, donde siete de cada diez empresas encuestadas consideran que es una práctica extendida el abuso de los procedimientos negociados. En estos procedimientos el organismo público que adjudica el contrato se pone en contacto con un número reducido de candidatos con los que inicia una fase de negociación que variará de un procedimiento a otro. La teoría dice que este tipo de procedimiento debe ser utilizado para procedimientos complejos donde la Administración busca la colaboración del sector privado para encontrar una solución. La realidad es bien distinta. Si a ello le añadimos la ausencia de anuncio previo obtendremos el llamado procedimiento “negociado sin publicidad” que si bien exige negociar con varios candidatos muchas veces esconde la llamada adjudicación “a dedo”.

Muchas veces se acude al llamado “negociado sin publicidad” con la excusa de una pretendida urgencia. No debe extrañarnos, por tanto, que la percepción sobre el abuso de motivos que permiten procedimiento menos competitivos (v.g urgencia) está en España (64%) muy por encima de la media europea (46%) y del país que menor percepción tiene, Dinamarca (8%).

2. Elaboración de pliegos a medida de uno de los candidatos

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Fuente: EUROPEAN COMMISSION, Eurobarometer 374 on Businesses’ attitudes towards corruption in the EU, 2014

Pero también puede ocurrir que un procedimiento aparentemente abierto y competitivo esconda en realidad unas condiciones de contratación que sólo un contratista puede cumplir. Y España de nuevo encabeza esta lista negra (80%), sólo por detrás de Eslovaquia (84%) y muy alejado de la media europea (57%) y del país en que ello parece no suponer un problema (23%).

Pero si ello no basta, siempre pueden establecerse criterios que permitan discrecionalidad suficiente a la hora de evaluar las ofertas –en muchos casos inatacables en los Tribunales. Aquí también nos movemos en cabeza (72%), sólo detrás de Grecia (73%) y muy por encima de la media europea (51%) y de Dinamarca (23%).

3. Modificación de contratos públicos

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Fuente: EUROPEAN COMMISSION, Eurobarometer 374 on Businesses’ attitudes towards corruption in the EU, 2014

En este apartado no busquen el país que peor se comporta porque esa el nuestro. España es el país en el que mayor la percepción de que la modificación de los contratos públicos está muy extendida (69%), muy lejos de la media europea (44%) y de Finlandia (18%). Es decir, que las reglas del juego a través de las cuales se ha licitado un contrato, a las que se han tenido que ceñir las empresas candidatas, se cambian una vez que el contrato entra en fase de ejecución. Son muchas las cuestiones que se relacionan con ello: mala planificación, rédito electoral de la obra pública, aceptación de bajas temerarias o, por qué no decirlo tras los escándalos habidos relacionados con sobrecostes, corrupción.

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