Confinamiento y violencia de género

Las preocupantes tasas de contagio del Covid-19 durante las últimas semanas han llevado al cierre progresivo de centros recreativos, instituciones educativas, centros de producción y de venta. Para quienes sea posible, deben trabajar desde sus hogares. La emergencia sanitaria que vivimos a nivel global ha empujado a las familias a su esfera privada, pero debemos recordar que no todos los hogares son seguros. En contra de lo que el sentido común pueda indicar, múltiples instituciones se encargan de mostrar cada año que la violencia psicológica, física y sexual contra las mujeres y niñas se da muy a menudo dentro de la esfera familiar.

La Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015 mostró que en España, el 43,6% de los hombres y el 37,3% de las mujeres creen que es más probable que una mujer sea violada por un desconocido. Sin embargo, los datos de violencia sexual muestran que sólo el 18,6% de las violaciones que se producen fuera del ámbito de la pareja las cometen desconocidos. La violencia y el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes tiene un cariz similar. Un estudio de Anar sobre la evolución de la violencia contra la infancia y adolescencia en España según las víctimas muestra que el 73% de los casos de abusos sexuales se produce en el hogar o en hogares del entorno familiar.

De las 87.000 mujeres que fueron asesinadas globalmente en 2017, Naciones Unidas estima que el 58% fue a manos de sus parejas o miembros familiares. El mismo estudio muestra que más de un tercio (30.000) de las mujeres asesinadas mundialmente ese año lo fueron por su actual o ex pareja, lo que se conoce como feminicidio íntimo. En España, se contabilizaron el año pasado 55 mujeres asesinadas por su pareja o ex pareja, sumando un total de 1.033 de víctimas mortales por feminicidio íntimo entre 2003 y 2019, según la Secretaría de Igualdad.

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Desde la esfera política, estas problemáticas se reflejan en los discursos, enfatizando el enfoque de seguridad, derechos y/o jurídico. Se han generado diferentes estrategias para revertir el abuso a mujeres y menores, siendo uno de los núcleos más complejos el abordaje de los factores culturales.

El contexto actual es especialmente preocupante porque la cuarentena favorece al aislamiento, uno de los peores enemigos en el intento por combatir las situaciones de violencia intrafamiliar. La privacidad y el secreto que favorece el entorno familiar dificulta que las víctimas denuncien; la víctima aislada teme no ser creída porque el abuso en el entorno privado habitualmente carece de testigos; o bien la familia puede no creer a la víctima o minimizar los hechos.

Es por estas razones que las políticas de apoyo a las víctimas de violencia intrafamiliar se han ocupado de problematizar el concepto de vida privada para romper las barreras del silencio de quienes sufren situaciones de violencia y abuso. Violencia y abuso dentro de los hogares no son un ‘tema familiar’ y privado, son un asunto social del que todas y todos debemos hacernos cargo.

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A pesar de contar con dispositivos de atención en estos casos dentro del entorno más cercano, el recogimiento en la esfera familiar ante el avance del coronavirus pone nuevamente en evidencia sus fragilidades. Teniendo en cuenta las complejidades habituales del proceso de denuncia, la situación actual exige que se fortalezcan los mecanismos de atención para las víctimas. Si bien es una medida parcial, evidenciaría que se comprende la dimensión del fenómeno y lo que puede significar el encierro con el agresor. Además, estas circunstancias extraordinarias pueden aportar luz sobre cómo fortalecer la atención de la violencia doméstica de forma permanente y global, superando la fragmentación de los sistemas de ayuda.

La desigualdad de género de carácter estructural es la base de la violencia, y los modelos de respuesta que requiere nuestra realidad necesitan contemplar las complejidades. Las medidas de los gobiernos, simplemente, no pueden promover escenarios que posibiliten la concreción de prácticas de violencia y abuso. Es por eso que las políticas que se implementen dando respuesta desde un enfoque sanitario deberían incluir un enfoque que también contemple la prevención de la violencia y el abuso. Quizás esto nos permita superar el déficit histórico en el fortalecimiento de las políticas de igualdad, en sus herramientas y en la escasez de un presupuesto asociado.

Evitemos cometer los mismos errores de pensar respuestas parciales para problemas que merecen ser abordados con enfoques integrales. Atendamos las medidas sanitarias contemplando las realidades de quienes deben llevarlas adelante sin promover escenarios de vulnerabilidad, violencia y abuso dentro (y fuera) de la esfera familiar. La misma creatividad que hemos visto en las herramientas digitales que están diseñando para seguir los casos de nuevos contagiados con Covid-19 podría aplicarse para dar respuesta en los casos de situaciones de riesgo asociada a la violencia intrafamiliar, que se intensifican con el aislamiento. Si las medidas sanitarias no contemplan estos agravantes, ¿qué le impide decir a las víctimas de abuso que son, al mismo tiempo, víctimas de violencia de Estado?

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