Consumo y peronismo

Tanto la campaña presidencial de la fórmula Fernández-Fernández como los anuncios en sus pocos meses de gestión parecen indicar la vuelta de una variable fundamental para el peronismo: el consumo interno. Activar la demanda de bienes ha sido siempre una estrategia central económica y política que va cambiando su tonalidad y se va adaptando a la coyuntura, pero sin perder su esencia. Y ésta es, nada más y nada menos, la posibilidad de transformar a los consumidores en ciudadanos. Un breve recorrido por los gobiernos peronistas servirá para identificar las características principales de este fenómeno tan inevitable como controvertido. 

El peronismo original

En sintonía con el espíritu de la época, el primer peronismo fue el pionero. A la fuerte expansión del consumo de los sectores populares se le puede asociar la reconfiguración de una nueva concepción de la ciudadanía. En la primera etapa del Gobierno de Juan Domingo Perón, la prosperidad económica posterior a la Segunda Guerra Mundial se combinó exitosamente con la generación de una sociedad de consumo de base popular, promovida objetiva y discursivamente por la idea de vida digna que muchos llaman de democratización del bienestar. El rol regulatorio del Estado se dirigió a mantener e incrementar el consumo de masas (especialmente a los trabajadores) y a la domesticación del mercado interno: la regulación del precio de los alquileres; las negociaciones salariales; el control estatal sobre el comercio exterior; la aprobación de la Ley 12.830 de Precios Máximos (1946) y la Ley 12.983 contra el Agio, los Precios Abusivos y la Especulación (1947); la creación de la Dirección Nacional de Vigilancias de Precios y la Dirección Nacional de Alimentación. Además, se crearon subsidios a ciertos productos para abaratarlos (harina, carne, aceite) y se instalaron las llamadas ferias francas, que ofrecían productos a precios menores. 

Como recuerda Natalia Milanesio en su magnífico libro ‘Cuando los trabajadores salieron de compras’ (2014), el rol de las mujeres también fue fundamental para completar la categoría de ciudadanos-consumidores, presentándolas como los “ángeles guardianes de la economía doméstica para revitalizar la economía nacional a través del consumo responsable”. Esta nueva dimensión económica de la ciudadanía no sólo se dirigía a alcanzar el ideal peronista de vida digna, sino también a disciplinar a los agentes del mercado, incluyendo así el valor moral y ético de la economía en general y del consumo en particular.

[Recibe diariamente los análisis de más actualidad en tu correo electrónico o en tu teléfono a través de nuestro canal de Telegram]

Cuando, a partir de 1949, la prosperidad del modelo económico comenzó a dar sus primeros síntomas problemáticos, los enemigos no tardaron en llegar. La lucha contra especuladores y usureros y el llamado a los ciudadanos a consumir de manera responsable se hicieron presentes.  La batalla fue discursiva y política. La primera, a través de narrativas de alto contenido ético vinculadas a la responsabilidad de los diferentes sectores que intervienen en la formación de precios. También una fuerte propaganda: difusión de precios oficiales en medios gráficos, radios, folletos, manuales familiares sobre la administración de la economía doméstica.

La segunda, con una batería de políticas económico-comerciales para intentar frenar el progresivo aumento del coste de la vida: control de precios para bienes de primera necesidad como alimentos, ropa y artículos para el hogar; inspecciones a comercios para la vigilancia del cumplimiento de las normativas; creación de entes estatales que gestionaban las denuncias de los ciudadanos contra los comerciantes. 

Con todo, el incremento sostenido de los sectores populares a lugares, eventos y bienes de consumo tradicionalmente exclusivos para los sectores medios y altos posibilitaron que comulgaran y se consolidaran la pertenencia de clase obrera y la identidad política peronista. El modelo peronista forjó una nueva noción de ciudadanía, donde los trabajadores no sólo demandaban una mayor representación política, sino también el derecho de acceder a bienes de consumo. 

El peronismo neoliberal

Hasta 1994, Argentina bajo el Gobierno de Carlos Menem experimentó un crecimiento económico impulsado, en parte, por la expansión del poder de compra de las masas urbanas. Incentivó el consumo de amplias capas sociales a partir de la recomposición del crédito y del incremento de la participación de los asalariados en el ingreso. Esta etapa de auge del consumo incluyó a los sectores medios que, motivados por el dólar barato, accedieron a bienes importados o adquiridos en el exterior (el famoso deme dos); pero también a los sectores medios-bajos, que accedieron a créditos baratos.

Este boom del consumo y del crédito se tradujo en un crecimiento sorprendente de los insumos y bienes de capital, de artefactos para el hogar (heladeras, aires acondicionados y lavarropas, cocinas, calefones) y de automóviles. En la versión menemista, como advierte Hernán Fair (2013), el consumo adquirió otro valor socio-cultural: era impulsado explícitamente como un valor primordial a seguir para alcanzar el reconocimiento social.

El relato ‘menemista’ combinó un discurso que presentaba el consumo como imperativo cultural (se promovía y fomentaba el individual, asociado al prestigio, el estatus y el éxito personal) y como proyecto político (asociado a la idea de progreso, modernización e inserción del país en el nuevo orden mundial globalizado). Y como el ejemplo es la mejor enseñanza, no era raro ver en los medios de comunicación al presidente conduciendo un Ferrari o posando con figuras del espectáculo televisivo y deportivo; tampoco los altos niveles de ostentación de bienes de consumo de lujo de personajes del mundo del espectáculo, la política y el empresariado. 

Como sabemos, la magia llegó a su fin. El boom del consumo, la fuga de capitales, las maniobras de especulación financiera, la inmensa contracción de la deuda externa y el pago de los intereses generaron un déficit fiscal y comercial insostenible. Las consecuencias también son conocidas: desempleo, pobreza y desigualdad. Asistimos así a un período donde comienza a disociarse el crecimiento económico del bienestar social y, en consecuencia, la desvinculación entre política social y política económica.

Esto converge en lo que Maristella Svampa (2005) llama una “sociedad excluyente”, donde confluye, por un lado, un modelo de modernización y crecimiento económico y, por el otro, una dinámica de polarización vinculada a la pérdida de la protección social que el trabajo formal posibilitaba. En este esquema, el mercado se transformó en el principal mecanismo de inclusión social. 

Este retroceso de la ciudadanía, especialmente en su dimensión económico-social, fue acompañado por una creciente individualización de los sectores populares empobrecidos donde la intervención estatal cumple una función compensatoria de aquello que el mercado no era capaz de proveer. La desregulación del mercado de trabajo y las nuevas dinámicas de individualización instalaron un modelo restringido y preferencial de ciudadanía. Como dice Adamosky (2012), los sectores más postergados quedaron excluidos de la vida nacional como consumidores y, por lo tanto, como ciudadanos.

El peronismo nacional y popular

La conducción kirchnerista volvió a colocar al consumo masivo como elemento de recomposición e integración social. Néstor Kirchner iniciaba su mandato en 2003 anunciando que, “a diferencia de los modelos de ajuste que tan duramente conocimos permanentemente, ubicamos al consumo en el centro de esa estrategia de expansión”. Una década después, y en un contexto económico adverso, la presidenta Cristina Fernández reafirmaba: “Este mercado interno sigue consumiendo porque sigue la política, inaugurada en el año 2003, de mejorar constantemente el poder adquisitivo de nuestros trabajadores, porque ha desarrollado políticas de inclusión social, como la asignación universal por hijo, que ha permitido que aquellos sectores que no tienen un trabajo formal o que aún están desocupados puedan consumir, y esto es básico: sostener la demanda y sostener el consumo”

El aumento de los ingresos reales de los hogares de menores ingresos contribuyó al fortalecimiento del mercado interno. Esto fue posible no sólo por la generación de empleo y el aumento del poder adquisitivo de los salarios, sino también por el conjunto de políticas sociales (como las leyes jubilatorias, los programas de transferencia de ingresos como la asignación universal por hijo) y los subsidios a servicios públicos. El mercado interno creció, con una participación preponderante de los sectores populares; al menos hasta que la economía comenzó a estancarse, y a interrumpirse el mejoramiento del poder adquisitivo de los sectores más vulnerables.

A partir de 2011, y ante el deterioro de la economía, reaparecieron viejas fórmulas en nuevos formatos. A la batería de políticas para incentivar el consumo se le sumó un discurso que exacerbó la importancia de la participación de los más pobres en la economía nacional y el combate a los (no tan) nuevos enemigos del pueblo: los especuladores y los formadores de precios.  

Por un lado, se crearon varios programas con la intención de proteger e incentivar el mercado interno como el Argenta, Ahora 12, Precios Cuidados, SubeBeneficio y Renovate, entre otros, que apuntaron a fomentar y financiar el consumo a través de instrumentos de crédito y descuentos. También se generaron sistemas de control y vigilancia de precios y de abastecimiento en su conjunto, con un nuevo interés por activar los mecanismos normativos existentes en torno a la legislación de la defensa a los usuarios y consumidores; todos ellos con una impronta popular muy marcada, representaron un componente central para robustecer las bases económicas del proyecto y, al mismo, tiempo fidelizar el vínculo con los sectores populares. 

Por el otro, la estrategia discursiva cambió radicalmente. Enmarcado en una perspectiva de derechos, el consumo se presentó como la solución política y económica del modelo de integración y crecimiento que proponía el ‘kirchnerismo’. No solo porque el consumo popular se presentó como eje del crecimiento de toda la nación, sino también como un acto de justicia social y de reconocimiento de ciudadanía.

El modelo político-económico se legitimó entonces sobre el aumento y el sostenimiento de la capacidad de consumo. Aquí la acción estatal es la que despliega distintas estrategias para generar avances en la ciudadanía a partir del consumo. Se revalorizó el rol activo del Estado para permitir una distribución más democrática de bienes, y el acceso al mercado se presentó como una forma de integración social, especialmente para aquellos que resultaron expulsados como consumidores-ciudadanos del modelo anterior. 

El peronismo actual

Aún es prematuro establecer qué lugar ocupará el consumo en las narrativas del Gobierno vigente y si las políticas económicas estarán dirigidas al fomento del mercado interno. Algunos indicios apuntan a que la reactivación del consumo está en marcha: continuidad y actualización de los productos incluidos en el programa Precios Cuidados, microcréditos para reactivación del gasto, congelamiento de tarifas y otras medidas tendientes a posibilitar la recuperación económica de los sectores populares. 

El final seguramente no nos sorprenderá, porque hay una constante en el tratamiento del asunto: a diferencia de los gobiernos de otros signos, el peronismo históricamente revaloriza el consumo nacional y la cultura de masas como modelo de integración y bienestar social; aunque no siempre le sale bien. 

Autoría

Deja un comentario

X

Uso de cookies

Esta página utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle información relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.