Covid-19 en Costa Rica: incertidumbre, resiliencia y emergencia social

Costa Rica, país centroamericano con alrededor de cinco millones de habitantes y 52.000 kilómetros cuadrados, ha destacado, junto a Uruguay y Paraguay, por su manejo de la crisis sanitaria en el epicentro actual de la pandemia. Las cifras para la tercera semana de junio son de una tasa de dos fallecidos por millón de habitantes (en total, 12 personas) y 447 casos por millón de habitantes. ¿Cómo ha conseguido estos resultados notables en el contexto latinoamericano? Se deben, en buena medida, a acciones clave de las agencias de salud y a la coordinación inter-institucional, si bien se mantienen grandes retos socioeconómicos para el país.

La pandemia por Covid-19 llegó oficialmente a este país el 6 de marzo, fecha en que se registró el primer caso importado. Empero, desde el 20 de enero de este año el sistema de salud activó protocolos y procedimientos debido al nuevo brote de coronavirus que surgió en Asia del este. Solo 10 días después del primer contagio, y con 41 casos activos, se declaró el estado de emergencia.

El 18 de junio, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, anunció el inicio de la fase 3 a partir del 1 de julio. Sin embargo, un día más tarde, en las conferencias de prensa diarias, el ministro de Salud anunció que lo posponía indefinidamente, al reportarse 119 nuevos casos diarios. Esto constituye otro ejemplo del tipo de respuesta estatal inmediata ante la crisis.

La atención temprana de la emergencia

La solidez del sistema institucional de salud costarricense es un ingrediente clave de la receta del manejo positivo para contener –momentáneamente– la pandemia. El Ejecutivo ha tomado decisiones que responden a criterios técnicos y científicos, incluso destacadas a nivel internacional y refrendadas por la ciudadanía.

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La confianza alrededor de la figura del presidente ha crecido, así como el apoyo a las medidas sanitarias. La ciudadanía le respalda y confía en el Gobierno (más de un 70%) para que cargue con la responsabilidad del manejo del problema sanitario, conforme lo señalan los estudios de opinión pública de Cid Gallup y del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Resaltan también dentro de la gestión de la pandemia la trazabilidad y seguimiento puntual de los casos. La base institucional previa y la inversión en salud han permitido que se dé este tipo de atención, sin necesidad de realizar pruebas masivas o cuarentenas totales. Eso sí, se han cancelado eventos masivos y se han restringido las fronteras y los ingresos de personas, se ha limitado la operativa de los locales comerciales y la circulación de vehículos y se ha suspendido el curso lectivo, entre otras medidas.

Condiciones que garantizaban nuestra normalidad anterior

Las diferencias en las respuestas estatales se pueden explicar, en parte, por las características que permiten al Ejecutivo implementar sus políticas. El Gobierno actual (Partido Acción Ciudadana) fue electo hace dos años (asumió el 8 de mayo de 2018) en un contexto de apatía política y con minoría en el Congreso, al ocupar solo un 18% de las curules (10 de 57). En este escenario, ha sido un desafío la negociación y el logro de consensos con las distintas fracciones legislativas.

La pandemia llega en tiempo de sesiones extraordinarias en el Congreso nacional (unicameral), lo que ha posibilitado al Ejecutivo controlar la agenda. Esto ha brindado una clara ventaja al Gobierno, pese a que se enfrentaba al cuestionamiento por el supuesto manejo de datos confidenciales en una oficina del presidente de la república, lo que incluso provocó la renuncia del ministro de la Presidencia, conocido como el escándalo de la Upad.

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El Gobierno tiene poco capital político. Su margen de actuación del frente a la pandemia, sin la aprobación de leyes específicas, era muy bajo. Su coordinación con el Congreso ha sido una condición necesaria para empezar a afrontar los retos en salud, sociales y económicos, por la pandemia y/o las medidas adoptadas por las autoridades nacionales.

Una serie de medidas gubernamentales –recopiladas por el Observatorio de la Política Nacional de la UCR– para aliviar situación por la crisis sanitaria visualizan la coordinación que se dio al inicio de la crisis entre los dos poderes. El mismo día en que se decretó la emergencia nacional –17 de marzo–, el Congreso aprobó una reforma del reglamento legislativo que le permitió sesionar en otro espacio físico para, de esta manera, seguir trabajando cumpliendo con las medidas de salubridad.

Los diálogos institucionales han caracterizado la respuesta ante la Covid-19. Se han aprobado leyes sobre préstamos y el traslado de fondos al Gobierno para la atención de la emergencia y la suspensión temporal del contrato de trabajo o la reducción de jornadas laborales, entre otros. Una de las principales medidas fue la creación de un subsidio de tres meses para atender al desempleo en el sector privado y a los trabajadores informales e independientes, denominado Bono Proteger. También hubo reformas legislativas para el alivio fiscal a las empresas, intentando de esta forma que el tejido productivo no se viniera abajo; resaltan la moratoria del IVA y del impuesto de renta.

La evaluación de Costa Rica como una democracia plena significa que es una democracia funcional en la categoría electoral y, a su vez, que hay un sistema efectivo –hasta cierto punto– de pesos y contrapesos. La crisis por la pandemia ha ofrecido la oportunidad de poner a prueba estos elementos.

Unido al esfuerzo de coordinación, cooperación y consenso entre instituciones, los organismos de control y garantía de los derechos humanos han seguido brindando servicios. Los órganos de control han continuado activos y funcionales (con ciertas dificultades, sin duda), como el Congreso y el Poder Judicial, manteniendo igualmente su poder de agenda y veto.

El Estado de derecho no ha entrado en cuarentena. El reporte del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (Ceja) señala que en el Poder Judicial costarricense se produjeron suspensiones de actividad y de plazos judiciales, pero con servicios mínimos.

Asimismo, el Tribunal Constitucional ha seguido funcionando, algo fundamental para la supervisión de la legitimidad de las decisiones gubernamentales. A manera de ejemplo, sólo durante una semana, a principios de marzo, emitió más de 500 resoluciones. Los tribunales constitucionales pueden desempeñar roles importantes y diferentes, como supervisar el cumplimiento de la legalidad en las medidas tomadas en estados de emergencia, involucrándose en una revisión sustantiva de las restricciones de derechos.

En cuanto a las actitudes hacia la democracia, no sólo se ha fortalecido la imagen del presidente, sino también el apoyo de la ciudadanía hacia la democracia como sistema político. El Barómetro de las Américas (Lapop), junto al Programa del Estado de la Nación, han medido este apoyo: en octubre del 2019, los niveles no superaban los 60 puntos sobre 100, alcanzando los 76 en abril pasado; un dato no visto desde mediados de la década de los 80 del siglo pasado. Estas reservas de legitimidad son de gran utilidad para entender el margen de acción que los gobiernos tienen en épocas de crisis.

El contexto socio-político y económico: momento en jaque

Una de las principales medidas para evitar el contagio y el colapso de los sistemas sanitarios es el distanciamiento físico y la reducción de movilidad de las personas. Sin embargo, estas medidas son difíciles de ejecutar en un contexto de alta desigualdad socioeconómica, con fuertes restricciones fiscales y sobre los recursos disponibles para afrontar la emergencia. Costa Rica no es la excepción desde el punto de vista fiscal: la situación del Estado central se agrava cada día: se estima una caída entre el 4% y el 5,8% del PIB asociada a la pandemia.

En lo que llevamos de la emergencia, la tasa de desempleo nacional ha aumentado estadísticamente en 4,4 puntos porcentuales (15,7%), y las mujeres presentan una mayor tasa de paro que los hombres (20,8% y 12,2%, respectivamente), conforme a la Encuesta Continua de Empleo, del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Antes de la pandemia, y de acuerdo con datos del Programa Estado de la Nación, el 21% de los hogares se encontraba en condiciones de pobreza (alrededor de 335.900) y 93.500 no poseían la capacidad adquisitiva para obtener los productos básicos alimenticios. Esto contrasta con el 10% de los hogares más ricos, los cuales tienen un ingreso 25 veces superior al de los más pobres del país.

Los datos presentados evidencian las capacidades institucionales del país en el abordaje de la pandemia en cuestiones de salud y ayudan a entender sus buenos resultados. Sin embargo, persisten enormes riesgos y retos en el porvenir socioeconómico para esta democracia robusta, aunque medianamente frágil en otros aspectos. A esto se le suma la compleja dinámica regional en la que Costa Rica se encuentra inmersa y de la que es parte: tanto Panamá como Nicaragua padecen condiciones de contagio muy complicadas y Costa Rica no es una burbuja en medio de Centroamérica.

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