Covid-19: sobre ciudades, tecnología y densidad (I)

La tentación de la segregación en contraposición a la densidad urbana por miedo a las pandemias futuras, así como de poner coto al uso de la tecnología como respuesta al miedo al ‘Gran Hermano’ pueden parecer respuestas atractivas en la situación actual. Sin embargo, ninguna de ellas es una buena idea, y especialmente para proteger a los más débiles que trabajan en sectores tradicionales y más expuestos al contacto. Las ciudades deben liderar la experimentación con nuevas soluciones que sigan aprovechando la densidad como ingrediente fundamental del bienestar urbano frente a la segregación, así como poner sobre la mesa la necesidad de un pacto socio-digital que ponga los límites y establezca las condiciones de uso de la tecnología que sirvan de ejemplo a la comunidad internacional ante las señales de repliegue en la gobernanza global. 

Las ciudades son los lugares donde los mayores retos actuales (movilidad, gentrificación, calidad del aire, impacto tecnológico, desigualdad, salud pública, etcétera) son más visibles y tangibles; pero también donde se experimenta con nuevas soluciones y regulaciones, con el objetivo de enfrentarnos a ellos de forma más efectiva y trasladar las practicas más exitosas a otros lugares y niveles de gobierno. Contraintuitivamente, la capacidad de liderazgo y respuesta que tengan las ciudades a la Covid-19 a través de la tecnología de los datos, el Internet de las Cosas y la Inteligencia Artificial para controlar las cadenas de contagio nos puede permitir construir urbes más prósperas y seguras. Pero, además, el potencial tecnológico para mejorar los servicios públicos es enorme si conseguimos politizar el debate con el objetivo de diseñar un pacto socio-digital que determine los límites a su uso para proteger la privacidad, la transparencia y la neutralidad algorítmica. Éste es seguramente, el debate más importante de la próxima década.

En el contexto actual, el buen uso de la tecnología nos puede ayudar a embarcarnos en un aislamiento selectivo en el caso de pandemias sin tener que volver a confinamientos colectivos que perjudican a los más débiles, los cuales trabajan en actividades que requieren presencia física y de poco valor añadido, como el sector turístico y/o de servicios, y suelen vivir en espacios más pequeños y barrios (con rentas bajas) más propensos a la propagación por la imposibilidad de teletrabajar. 

Yuval Harari ha alertado sobre los riesgos de implantar un Gran Hermano todopoderoso que vigile a la ciudadanía gracias al big data y la inteligencia artificial con objeto de controlar la expansión del coronavirus. Y, más concretamente, del riesgo de que la vigilancia virtual no se fundamente en el empoderamiento y la cooperación altruista voluntaria y/o no desaparezca una vez pasada la crisis, recabando información de la ciudadanía más allá de la necesaria con la finalidad de fortalecer regímenes autoritarios o recabar información sobre opiniones políticas, sentimientos, gustos, preferencias de consumo y un largo etcétera.

El debate entre tecno-optimistas y tecno-escépticos ha pasado a formar parte de la agenda política, sacando a relucir las diferencias entre los que creen que la tecnología es la solución a todos nuestros males y los que opinan, no sin razón, que, en las manos equivocadas y sin las reglas pertinentes, pueden socavar las libertades, la privacidad y el derecho a la intimidad.

[Con la colaboración de Red Eléctrica de España]

Sin embargo, el problema de fondo no es tanto cómo se están desarrollando dichas tecnologías, sino que hasta ahora no hemos tenido un debate sobre sus límites de uso y sobre la economía de los datos desde la perspectiva pública: no sólo respecto a la monetización de esos datos mediante el desarrollo de infraestructuras urbanas de todo tipo por parte de los gigantes tecnológicos, sino respecto al potencial de estas tecnologías para que terceros nos conozcan más que nosotros mismos y ello se use para debilitar la democracia e, incluso, poner en manos privadas, de robots, máquinas y algoritmos el desarrollo de las urbes del futuro y gran parte de la actividad humana. Si ése es el camino imparable que nos depara el futuro, ¿cómo debería ser el nuevo pacto de la era de la tecnología y la automatización que nos permita actualizar los viejos contratos sociales de la era de la revolución industrial y la creación del Estado de Bienestar?   

Compañías como Google o Facebook llevan años vendiendo nuestros datos e incluso han desarrollado iniciativas para implantar una ciudad inteligente (Google Urbanism), en la que toda su infraestructura la desarrollaría el gigante de Silicon Valley. Si bien es natural y positivo que la innovación desde el sector privado marque el paso de las ciudades del futuro, el problema es que éstas son un bien colectivo y no se ha planteado tal debate social y político desde la perspectiva pública como resultado de la pandemia.

La discusión sobre la propiedad de los datos en la ciudad del futuro o respecto a su monetización ad infinitum a través de servicios e infraestructuras urbanas desarrolladas por empresas debe empezar a ocupar un espacio central en la política actual. Es fundamental establecer el marco de un pacto digital que siente las bases del funcionamiento de una sociedad urbana en la que la democracia ponga los límites; e igualmente básico decidir cómo cooperar con el capital humano, científico y tecnológico del potente sector tech para desarrollar las ciudades del futuro, como se hizo con la creación del Estado del Bienestar.

Es en las ciudades donde los efectos positivos y negativos de los cambios socioeconómicos tienen lugar en primera instancia, y donde podemos experimentar con nuevas soluciones ante la más que previsible destrucción de empleo por la robotización. ¿Deberemos encontrar nuevas formas impositivas al uso intensivo de la tecnología y los datos para poder garantizar el bienestar de aquellos que pierdan sus empleos, para financiar un ingreso mínimo universal, garantizando al mismo tiempo que ello no desincentiva la innovación, la lógica del free rider y la meritocracia?  

¿Cómo debemos redistribuir la riqueza y formar a las futuras generaciones para garantizar una población capaz de dedicarse a actividades de altísimo valor añadido ante la más que previsible automatización creciente de cientos de actividades profesionales, garantizando una transición controlada? ¿Cómo generar los ingresos suficientes para que las administraciones se modernicen y se dediquen recursos a la innovación desde el sector público para ponernos al mismo nivel que el privado en el desarrollo de las infraestructuras smart, desde la perspectiva del interés general?

La sospecha cautelar sobre el uso estatal de la tecnología respecto a las big tech refleja muy bien la cultura dominante de confianza en lo privado y de desconfianza, o percepción de retraso, respecto a lo público. Es muy positivo que el debate tecno-digital empiece a politizarse y que las instituciones, en general, y las ciudades, en particular, recuperen el terreno perdido. La respuesta al enfrentamiento entre tecno-optimistas y tecno-pesimistas, al menos en la mayoría de países occidentales, puede perfectamente residir en un punto intermedio, una suerte de tecno-pragmatismo que ponga límites claros en beneficio del interés general, la transparencia y la mejora de la vida urbana.

El diseño de aplicaciones o las tecnologías de uso y análisis intensivo de datos pueden permitirnos enviar a la gente a su casa en caso de haber estado en contacto con alguien infectado por un virus (sin entrar en confinamiento colectivo), así como diseñar acuerdos público-privados de cesión de datos y desarrollo de infraestructuras urbanas; pero también mejorar multitud de otros servicios (movilidad, iluminación, contaminación, etc.) y ayudarnos a entender los patrones que hacen de las ciudades lugares más prósperos.

Por otro lado, algunos urbanistas, políticos y geógrafos han alertado de los riesgos de la densificación y urbanización crecientes (que ponen a la ciudad como actor central del siglo XXI) y de sus externalidades negativas como la contaminación, que parece estar contribuyendo a la expansión del coronavirus. Ha quedado en entredicho el mantra de los beneficios de la concentración espacial para la innovación, el crecimiento y el empleo. No sólo por los riesgos sanitarios de tener a la población concentrada en grandes ciudades, sino también por la estrecha relación entre el aumento de la complejidad en la era digital y el efecto expulsión de los menos formados en un contexto en el que el imán urbano sigue atrayendo a trabajadores de todo tipo, a pesar de que oferta laboral de calidad de los tiempos industriales ya no es la misma para los menos cualificados en materia tecno-digital.

Este contexto parece ahondar en el debate sobre las externalidades negativas de las ciudades globales. De nuevo, sin embargo, sería un error pensar que la densidad urbana es el problema: la densidad bien entendida seguirá siendo más positiva que la dispersión, ya que las externalidades negativas de esta última son mayores. Además, su efecto sobre la expansión de la pandemia no parece del todo claro, sino más bien las formas de vida en las ciudades.

Un reparto de la población demasiado expansivo en el territorio, así como dentro de las metrópolis y las ciudades medianas (urban sprawl) sería un desastre para la contaminación (más coches, mayores distancias e inversiones imposibles en todo tipo de servicios e infraestructuras sanitarias, administrativas, de movilidad, etc.), para la provisión de servicios y para la interacción social, el abastecimiento y la cercanía entre factores (economías de aglomeración) que permiten la innovación disruptiva y el crecimiento.

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Las economías de aglomeración y la densidad nos permiten generar, frente a la segregación espacial, la cercanía necesaria para proveer servicios y generar economías de escala, polos de innovación, así como reducir externalidades negativas y fortalecer los vínculos sociales y culturales. A diferencia de la era industrial, el problema reside más bien en el efecto expulsión de las ciudades más grandes y focalizadas en sectores de alto valor añadido, por la estrecha correlación entre los aumentos de la complejidad económica y digital y el de la concentración espacial y la demanda de talento muy cualificado, que contribuye al aumento exponencial de la desigualdad en todas las grandes urbes del planeta.

La cuestión por tanto, es no sólo cómo generar mayor igualdad de oportunidades y socialización del conocimiento en las ciudades más grandes y dinámicas, sino también cómo redistribuir mejor el peso económico entre urbes de distinto tamaño para contribuir a la reducción de las externalidades negativas de las ciudades globales, que sufren una presión demográfica excesiva. Igual que muchas ciudades como París están pensando en cómo diseñar ciudades poli-céntricas, o lo que se conoce como las ‘ciudades de los 15 minutos’, para satisfacer las necesidades de vivir, trabajar y descansar con el objetivo de “asegurar una transformación ecológica, creando distintos distritos mixtos (tanto social como económicamente) para mejorar la calidad de vida de residentes y visitantes”, la misma lógica debiera aplicarse entre ciudades de distinto tamaño.

Aprovechando la crisis de la Covid-19, que dificultará el uso masivo del transporte público como hasta ahora, así como la necesidad de reducir el espacio que ocupa el transporte privado contaminante para hacer ciudades más saludables y aprovechables, la propuesta parisina pretende ofrecer a los habitantes de cada zona un entorno más cercano, sano y con tiempo para satisfacer las seis funciones sociales esenciales: vivir, trabajar, abastecerse, cuidar, aprender y disfrutar. Se trata de un modelo que establece un entorno en el que cualquier ciudadano pueda conseguir lo que necesite en un máximo de 15 minutos andando o en bicicleta, rompiendo los esquemas de la ciudad mono-funcional y apostando por una ciudad multi-céntrica. 

Del mismo modo que en las urbes más grandes la lógica poli-céntrica, al estilo de las súper-islas de Barcelona y la ciudad de los 15 minutos, puede ayudar a mejorar la vida urbana, contribuiría a reconstruir el equilibrio territorial perdido un mejor reparto demográfico y un mayor equilibrio económico entre ciudades a escala de regiones metropolitanas, la socialización (entre las capas menos formadas) de la innovación y el conocimiento y la descentralización. Llevar el trabajo, en los sectores donde sea posible, cerca de donde vive la gente será fundamental para tener éxito y garantizar indirectamente la descongestión, de forma que aquellos que deban moverse no pasen demasiado tiempo en los transportes.

En este sentido, si bien el aumento de la complejidad y el cambio de modelo productivo han tenido efectos sobre la desigualdad y la concentración de innovación en grandes ciudades, el desarrollo de nuevos modelos (como éste) de aplicación de la ciencia de la complejidad y la teoría de redes a escala urbana y supra-metropolitana pueden permitir, justamente, contra-restar dichos efectos. No sólo desde la perspectiva de los distritos de innovación de la ciudad, sino también desde una lógica económica general y, sobre todo, supra-metropolitana y regional, que mejore el bienestar, la especialización y la conectividad de los núcleos urbanos más grandes y sus satélites medianos y pequeños, así como su relación con el mundo rural y periférico en un espacio de 150-300 kilómetros. 

Es fundamental entender la interacción entre las redes de talento, organizativas y de diseño espacial a escala urbana, metropolitana e interregional en ese radio de 300 kilómetros, por ser los tres elementos que definen el saber colectivo como factor explicativo determinante de la teoría de la complejidad económica a través del uso de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Conseguir descifrar por qué unas ciudades, áreas metropolitanas y regiones disponen de mejores contextos de crecimiento, innovación e igualdad que otras, analizando esas tres redes, puede ayudarnos a crear urbes más prósperas y territorios mejor cohesionados. 

En el mismo sentido que la smart city debe ser entendida como inteligente y no sólo como tecnológica (como un fin en sí mismo) con el objetivo de mejorar la vida de los urbanitas, estos modelos nos pueden permitir entender patrones relacionados con la segregación espacial, la desigualdad y el crecimiento económico a escala urbana, supra-metropolitana e interregional poco desarrollados hasta la fecha, con el objetivo de rediseñar ciudades y el equilibrio entre éstas para afrontar las externalidades negativas de todas en su conjunto, incentivando la movilidad entre ellas. 

La solución a este dilema aparente (tecnología y densidad) no es ni poner barreras al desarrollo digital ni volver al medio rural. Por un lado, las ciudades tienen la oportunidad de demostrar que es posible un punto intermedio entre los tecno-optimistas y los tecno-pesimistas que ponga límites al uso de la tecnología (que se borren los datos al cabo de un tiempo o la creación de agencias que verifiquen la neutralidad, etc.), justamente para proteger a los más débiles ante el más que probable descalabro del empleo en sectores tradicionales como consecuencia de la crisis de la automatización.

Y por el otro, mostrar que la densidad (cercanía entre los factores productivos) seguirá siendo más positiva que la expansión demográfica sobre el territorio si conseguimos que la teoría de redes y la ciencia de la complejidad a escala urbana nos desvele patrones para tomar decisiones sobre cómo usar la tecnología para apuntalar el control de pandemias y/o a la mejora en la provisión de determinados servicios desde una perspectiva pública. 

Nos encontramos ante la desconexión entre el nivel de desarrollo tecnológico al que hemos llegado y la falta de un pacto tecno-digital equilibrado en el que la ética y el beneficio colectivo determine los límites. Y, además, ante una falta de estrategias para redimensionar el peso socio-económico y demográfico entre ciudades de distinto tamaño, que permita luchar contra las externalidades negativas de las grandes urbes que, si bien seguirán siendo motor fundamental del crecimiento y la innovación, no han sabido descentralizar y socializar el conocimiento de alto valor añadido entre las distintas capas sociales y por el resto del territorio.

Aprovechar las dudas generadas por la pandemia respecto a la vida urbana, y el más que previsible y necesario aumento del interés por la vida fuera de la ciudad, debe servirnos para diseñar mejores urbes, así como re-equilibrar el peso entre éstas y las áreas peri-urbanas y rurales. Pero en ningún caso debemos contribuir a un éxodo de envergadura desde las zonas urbanas al mundo rural, que sería perjudicial para el cambio climático, la provisión de servicios e infraestructuras, la movilidad o la cercanía entre factores y las economías de aglomeración en las que se fundamenta el crecimiento y la innovación. 

En la parte II de este análisis analizaremos algunos de estos elementos más en detalle.

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