Crisis política e institucional en Bolivia

Los resultados de la jornada electoral del 20 de octubre muestran cuatro elementos destacables, dos previsibles y dos sorpresivos. Los reviso en ese orden.

  1. El MAS (la formación de Evo Morales) ratificó su condición de partido con mayor presencia nacional porque venció en seis departamentos y fue segundo en los tres restantes. Tiene mayoría en senadores y diputados, pero ya no dispone de los dos tercios, como en las dos últimas elecciones. Se ha terminado la fase de sistema de partido predominante que permitía la concentración del poder en manos del presidente.
  2. Surge una nueva organización política con presencia nacional, Comunidad Ciudadana, con victorias en tres departamentos y el segundo lugar en los otros seis. Es la segunda fuerza en las dos cámaras, pero es una articulación de diversas organizaciones políticas y sociales (plataformas) que deberá consolidarse en las elecciones sub-nacionales de 2020.
  3. Se renueva el PDC (democratacristiano) que, además, ha conseguido el tercer lugar con votos en todos los departamentos y cifras superiores al 10% en la región altiplánica (y Tarija) que explica, en gran medida, por qué el MAS no logró la mayoría absoluta. Su sorprendente desempeño no se explica sólo por el apoyo de votantes evangelistas, sino por que Chi canalizó el voto de la población (sobre todo joven) que desconfía de los partidos y políticos tradicionales. Se combina el apoyo a un outsider con la identificación con una ideología ultra-conservadora; dos rasgos que nunca estuvieron articulados en una figura política.
  4. Los Demócratas (bajo la sigla BDN) han sufrido un descalabro porque eran la tercera fuerza parlamentaria y estaban en proceso de consolidación y crecimiento a nivel nacional, aunque fueron desplazados al cuarto lugar por el PDC y obtuvieron un bajísimo resultado en su plaza fuerte (Santa Cruz), porque en ese distrito se impuso la consigna del voto útil (anti-Evo). Es el fracaso de un intento (con el senador Óscar Ortiz como candidato) de romper la barrera regional debido a las circunstancias de la coyuntura electoral que le condenaron al tercer lugar en Santa Cruz (menos de 10%).

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En suma, el nuevo sistema de partidos tiene el mismo número de actores pero un mayor grado de pluralismo porque no hay una fuerza parlamentaria con mayoría cualificada. Por eso, es posible que se produzca algún tipo de interacción colaborativa o negociación entre bancadas. Ahora bien, se modifica de nuevo la composición del campo opositor, tal y como ocurrió en cada elección en los últimos 15 años. La fuerza opositora más antigua era Unidad Nacional, que se ha auto-marginado de las elecciones y ha sido remplazada por Comunidad Ciudadana, de reciente creación. Se mantienen los Demócratas (bajo otra sigla y con una trayectoria de seis años como partido) y PDC, un grupo de larga tradición pero que enarbola un discurso renovado que expresa una tendencia global de posiciones ultra-conservadoras.

Para evaluar los comicios del domingo pasado es preciso considerar un aspecto institucional. Con la Constitución Política del Estado aprobada en 2009, entró en vigor una nueva modalidad para escoger al presidente: a la elección directa con mayoría absoluta se sumó la opción de que la victoria se produzca con más del 40% de los votos pero, necesariamente, con una diferencia mínima de 10 puntos respecto al segundo. En caso de que no se dé ninguno de esos supuestos, la Presidencia se dirime en una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados.

En los comicios del 20 de octubre se dio por primera vez la incertidumbre, que adquirió un grado superlativo que desembocó en una crisis. De esa incertidumbre se transitó a la conflictividad, y ésta alimentó la zozobra política.

Tres días después del cierre de las urnas (escribo esto a las 20.11 horas del miércoles 23) no se tiene un resultado definitivo puesto que Morales tiene un 46,69 % y Carlos Mesa alcanza el 36,84%, una vez escrutado el 97,50% de los votos válidos. Es decir, existe la posibilidad de una victoria de Morales en primera vuelta, aunque con una diferencia mínima. Esa eventualidad no será aceptada por las fuerzas de oposición, que arguyen que la victoria de de su rival es fruto del fraude. ¿Cómo se llegó a esta situación y cuáles son los posibles escenarios de su desenlace?

Para abordar esta coyuntura crítica (un momento que incide decisivamente en el decurso del proceso político) considero actores, reglas, escenarios, así como sus recursos de poder, estrategias discursivas y objetivos.

El punto de partida tiene que ver con reglas y procedimientos, con la conducta de un actor institucional: el TSE, que se había comprometido a proporcionar datos preliminares del 80% de votos a las 20.00 horas y del 90% a las 22.00 con base en el sistema digital de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep). Cumplió el primer compromiso, pero no el segundo. A las 20.00 horas, Evo Morales vencía a Carlos Mesa por siete puntos de diferencia, pero faltaba por escrutar el 17% de los votos. Media hora después, un actor político relevante, el citado Mesa, desplegó una estrategia discursiva orientada a exigir la celebración de una segunda vuelta respaldándose en datos del conteo rápido que daban una diferencia inferior a cinco puntos. Su objetivo era instalar esa idea de segunda vuelta o fraude.

Una hora después, el otro actor político relevante, Morales, anunció que el MAS ha obtenido mayoría en las dos cámaras y que sólo restaba esperar al recuento definitivo para asegurar su victoria porque confiaba en el voto rural. Su objetivo era instalar la idea de victoria en primera vuelta, confirmada por el apoyo campesino e indígena.

Cuando crecía la expectación por conocer los nuevos resultados del sistema Trep, de manera inexplicable el TSE no proporcionó información a las 22.00 horas; ni más tarde. Al contrario, guardó silencio hasta el día siguiente, generando sospechas sobre el recuento. Fue entonces cuando anunció que se iba a limitar a realizar el cómputo oficial de votos aunque, a petición de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos –OEA, un actor externo decisivo en los días siguientes– y del principal candidato opositor, el TSE publicó datos del Trep que otorgaban a Evo Morales una diferencia superior a los 10 puntos.

La estrategia discursiva de Mesa se afincó en denunciar “fraude” y trasladó su protesta a un escenario no institucional: la calle, instando a movilizaciones para exigir una segunda vuelta. Asimismo, convocó a una coalición formada por comités cívicos, bajo el liderazgo de Santa Cruz, el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), bajo el mando del rector de la Universidad Mayor de San Andrés (Umsa) y partidos opositores; es decir, actores políticos y sociales. El candidato Ortíz señaló que BDN apoyaría a Mesa en la segunda vuelta; Chi, en cambio, declaró que su respaldo dependía de un acuerdo programático acorde con sus postulados conservadores, sobre todo en temas de igualdad de género.

Las movilizaciones derivaron en ataques y destrucción de edificios de tribunales electorales departamentales y sedes del MAS en varias capitales. La coalición convocó un paro cívico indefinido desde el miércoles exigiendo la segunda vuelta, llamando a la “desobediencia civil” e, inclusive, amenazando con “proclamar a Carlos Mesa como presidente”.

El conflicto se trasladó a un escenario internacional de carácter institucional: una sesión de la OEA trató el caso boliviano durante la intensa jornada de este miércoles. En esa sesión, se informó de varias irregularidades del proceso electoral, pero nunca se mencionó la palabra fraude. Asimismo, la organización reconoció como probable una victoria de Morales en primera vuelta, pero con una “diferencia ínfima”, motivo por el cual recomendó la realización de la segunda vuelta. Asimismo, aceptó la propuesta del Gobierno boliviano de una auditoría electoral para validar los resultados, y que tuviera carácter vinculante. El canciller expuso los argumentos del Gobierno, mientras el embajador de Colombia leyó una carta de Carlos Mesa en la que el candidato de Comunidad Ciudadana reiteraba sus denuncias de fraude y pedía segunda vuelta.

Paralelamente, tras un par de días callado, Evo Morales señaló que la oposición estaba ejecutando un “golpe de estado” al rechazar el escrutinio y desconocer los resultados electorales. Convocó a sus seguidores a movilizarse para defender “pacíficamente” su victoria en las calles porque seguía confiando en que superaría los 10 puntos de diferencia en el cómputo final.

Es decir, los ‘actores estratégicos’ se polarizaron y adoptaron posturas antagónicas. Ambos utilizan diversos ‘recursos de poder’, como el paro cívico contra el Gobierno o las movilizaciones de los sindicatos afines al MAS. Se enfrentaban en diversos escenarios (uno internacional, la OEA; otro informal, la calle, típico de la cultura política boliviana), complicando las posibilidades de una solución.

Además, y es lo más importante porque puede marcar los derroteros de la próxima gestión gubernamental, existe una disputa por el significado de la democracia y sobre quién la representa; entre la social (justicia e igualdad) enarbolada por el MAS y la política (libertad y alternancia) esgrimida por Comunidad Ciudadana, concebidas como valores contrapuestos y encarnadas, respectivamente, en Morales y Mesa.

La oposición vuelve a enarbolar la antinomia democracia vs. autoritarismo y tacha explícitamente de «dictador» a Evo Morales. Éste, en cambio, adopta una posición paradójicamente institucional porque pide que se respete el dictamen de las urnas si es que vence en primera vuelta con más de 10 puntos, al margen de la escasa diferencia de votos. Esta posición es contraria a la propuesta de la OEA, que recomienda una segunda vuelta aunque Morales venza por los pelos.

Por su parte, la OEA ha aceptado la realización de una auditoría electoral del escrutinio, cuyos resultados parecen el único espacio de acuerdo político entre los actores estratégicos al comprometerse todos a aceptar su veredicto. El tiempo, ese recurso escaso en la política cuando se entra en una espiral de conflictividad, juega en contra de esa posibilidad, lo mismo que la radicalización discursiva y, más aún, la convocatoria a movilizaciones callejeras de ambos bandos. Existe el riesgo de que estalle violencia y se cierren las puertas a una salida política.

Por lo pronto, el Comité Cívico de Santa Cruz ha suavizado su postura y ha anunciado que no convocará al cabildo del jueves, desistirá de proclamar a Mesa como presidente y estará pendiente del informe de la OEA. Asimismo, la iglesia católica intervino para garantizar el recuento del 3% de los votos que faltaban en Chuquisaca y Potosí, lo que contribuirá a la definición de posturas y estrategias. Es decir, en el seno de las propias coaliciones hay posiciones que unas veces alimentan el conflicto y otras lo mitigan, mientras actores externos intentan establecer condiciones proclives a una negociación que se torna inevitable porque se corre el riesgo de que todos salgan perdiendo. Y con ellos, la sociedad entera.

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