Cuestiones clave ante las interferencias rusas en las elecciones de EE.UU.

El final del primer mandato de Donald Trump y las próximas elecciones del 3 de noviembre generan dos preguntas a nivel mundial. En primer lugar, qué consecuencias tendría un segundo mandato o una derrota del actual presidente estadounidense para las relaciones diplomáticas con otros estados. En segundo lugar, y de manera relacionada, cuáles son las preferencias de esos estados y las alianzas regionales respecto a los resultados de las elecciones.

Para muchos ciudadanos del mundo, esta elección determinará la actitud de la superpotencia hacia temas globales tan importantes como la gestión de la pandemia, el cambio climático o las crisis humanitarias. Sin embargo, desde ciertas esquinas y organismos estatales la cuestión es más peliaguda. Para los responsables de política exterior de naciones como Rusia, China o Irán (e incluso en algunos pasillos en Bruselas), la identidad del interlocutor en la Casa Blanca puede torpedear o favorecer objetivos geopolíticos clave.

Desgraciadamente, el debate sobre estas cuestiones en medios ha seguido muchas veces estereotipos que se remontan a la Guerra Fría. Para evitar caer en tópicos, es necesario contextualizar las interferencias extranjeras en procesos políticos, una actividad mucho menos extraordinaria de lo que se supone. Igualmente, además de la dimensión concreta de la interferencia rusa, los comicios de 2016 y 2020 revelan un problema mayor para las democracias liberales: principalmente, el papel de las corporaciones privadas y la economía política de los medios de comunicación digitales en facilitar la manipulación electoral.

Las interferencias políticas extranjeras, siempre en contexto

Al tratar temas de inteligencia y diplomacia contemporáneas, es sensato aplicar siempre un grado de cautela y contexto por parte comentaristas y académicos.

En primer lugar, la cautela es necesaria porque la información disponible puede estar limitada o asociada a los prejuicios del momento. Por ejemplo, en la disciplina de Relaciones Internacionales, la crisis de los misiles de Cuba en 1962 es un tema paradigmático de análisis: un momento único de confrontación entre dos superpotencias nucleares. Para los comentaristas de la época, como Graham Allison, su resolución llegó gracias a la habilidad de los dos equipos negociadores y, especialmente, de la sangre fría del gabinete de crisis norteamericano. El papel de Cuba, el lugar clave del conflicto, se consideró durante años irrelevante. Sin embargo, conversaciones con altos cargos de EE.UU. y la URSS recogidas tras el final de la Guerra Fría y estudiadas por Laffey y Weldes revelaron un rol mayor del liderazgo cubano en la resolución del conflicto.

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En segundo lugar, el contexto es imprescindible, porque comentar o condenar las actividades encubiertas de un país extranjero como si se tratase de excepcionalidades implica desconocer la naturaleza de la gobernanza global. De nuevo, el paso del tiempo deja en evidencia cualquier pretensión de inocencia. Durante el periodo de la Guerra Fría, Estados Unidos acusó a su contrincante soviético de promover alzamientos contra gobiernos elegidos democráticamente. Pero no eran los soviéticos los únicos implicados en estas actividades, como han corroborado las propias agencias estadounidenses. En 2013, por ejemplo, la CIA estadounidense confirmó su papel en el golpe de Estado iraní de 1953.

Por consiguiente, narrar los hechos confirmados sobre la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses no supone afirmar que Moscú es el único Gobierno implicado en estas actividades. En un libro de reciente aparición, el experto en elecciones Levin asocia a EE.UU. con la interferencia en al menos 81 comicios extranjeros desde 1946; la URSS/Rusia, en 36. Por otro lado, esta contextualización no resta valor a los intentos rusos de desestabilizar el proceso electoral norteamericano, al menos los que están fundamentados y veremos a continuación.

Respecto a las elecciones de 2016, las alegaciones comienzan el mismo verano y convergen en dos líneas fundamentales: la intervención de fuerzas rusas en favor de Trump y en contra de Hillary Clinton; y la supuesta colaboración del primero con estas fuerzas. Tras años de investigaciones, escándalos judiciales, despidos y dimisiones de la Administración Trump, el informe del fiscal especial Muller y la investigación del Comité de Inteligencia del Senado convergen en una opinión, pero divergen en sus implicaciones. En primer lugar, que efectivamente agentes rusos interfirieron de diversas formas en las elecciones. Las autoridades argumentan que varios grupos extranjeros (gubernamentales o no) habrían participado en actividades de hackeo (como el del servidor de correo electrónico demócrata), y desinformación (la promoción de publicaciones políticas en redes sociales).

Sin embargo, no existe consenso respecto a las implicaciones. En un extremo, algunos demócratas argumentan que Putin y Trump habrían colaborado activamente para influir en las elecciones. En el otro extremo, si bien se aceptaría la idea de una interferencia rusa, los republicanos sostienen que la campaña de Trump simplemente se habría beneficiado sin participar activamente en su coordinación ni ofrecer favores a cambio.

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Llegados a 2020, la intención de las autoridades es no tropezar dos veces en la misma piedra. El director nacional de Contrainteligencia, William Evanina, afirmó este verano que diversas naciones extranjeras están preparadas para interferir en las votaciones, robar información sensible o cuestionar el resultado de los comicios. En concreto, y por su pasado en la Administración Obama durante la gestión de la crisis de Ucrania, Rusia buscaría sabotear al candidato demócrata Joe Biden.

En el terreno concreto de las intervenciones, la situación es diferente. Respecto a las interferencias sobre los procedimientos electorales, el FBI salió en defensa de los sistemas de voto por correo para confirmar su validez, que había sido cuestionada por Trump. En lo que se refiere a las campañas masivas de desinformación, las revelaciones de estas interferencias llegan a tiempo para advertir a los norteamericanos sobre el peligro de confiar demasiado en ciertas publicaciones de Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram y (ahora) TikTok. Igualmente, la estrategia de las ciber-campañas habría cambiado. Un informe reciente de investigadores de la Universidad de Nueva York ha descubierto cuentas ligadas a las granjas de bots rusas. De manera más sofisticada que hace cuatro años, se centran en cuestiones como el feminismo o el racismo, sin apoyar a ningún candidato concreto.

En esta línea, cabe recordar lo que comentó Myriam Redondo en Agenda Pública. Siempre es complicado confirmar el papel exacto de las agencias gubernamentales rusas en estas iniciativas. En las notas a pie de página de uno de los informes clave del FBI, desclasificadas el pasado abril, se llega a sugerir que las acusaciones de colusión entre Trump y el Kremlin son, en sí mismas, una campaña de desinformación. Es decir, más allá de unas pocas granjas de bots situadas en Rusia, el objetivo real de la Inteligencia rusa habría sido provocar histeria, división y dudas respecto a la legitimidad del Gobierno Trump.

Estas intenciones serían coherentes con el mensaje mediático de la cadena televisiva RT (Russia Today), que tiende a magnificar la sensación de inestabilidad y alienación en las democracias liberales. Los miles de anuncios de Facebook distribuidos por los grupos de trolls rusos conocidos como Glavset apoyan causas a menudo opuestas, como memes islamófobos y eventos antirracistas. Por tanto, estaríamos hablando de una campaña de desinformación general, pero no de una operación digital de precisión dirigida por extranjeros para alterar el voto de millones de estadounidenses.

Como los académicos aprendieron respecto a la crisis de los misiles de Cuba, no podremos conocer la extensión de estas iniciativas hasta pasado un tiempo. En los países democráticos, existen procesos judiciales más o menos establecidos para esclarecer instancias de manipulación electoral, financiación ilegal y colusión con gobiernos extranjeros. Igualmente, aunque es necesario avanzar más en este sentido, existen mecanismos de rendición de cuentas ante los que las agencias de inteligencia deben responder. A largo plazo, sin embargo, los gobiernos tendrán que abandonar la mentalidad de Guerra Fría existente y centrarse de una vez por todas en la cuestión clave: la importancia de las grandes tecnológicas en la distribución de noticias e información política.

Viejos guerreros en un entorno mediático digital

En las declaraciones en la Cámara de Representantes, el antiguo director de Inteligencia Nacional James Clapper apuntaba sin dudarlo a la cooperación indebida entre el Kremlin y Trump. ¿En qué se basaba para considerarlo una amenaza contra la seguridad nacional? En sus propias palabras: “No puedo responder más allá que referirme a una respuesta visceral hacia el motivo de todas estas reuniones con rusos (…). Quizá tenga prejuicios. Ya sabe, soy un combatiente de la Guerra Fría”.

Pero… ¿y si el enemigo real no estuviese en Moscú, sino en Menlo Park, California? ¿Y si su naturaleza fuese privada, en lugar de estatal?

Durante la Administración Trump, y en relación a las investigaciones respecto a la interferencia rusa, los líderes más destacados de Silicon Valley han pasado por el Senado y otras instituciones para responder a varias acusaciones. Las compañías han confirmado su colaboración con las autoridades para evitar problemas. Pero persiste la sospecha de que no hicieron, y siguen sin hacer, lo suficiente por evitar la presencia continua de bots (extranjeros o no) que difundan información falsa y mensajes de odio.

El mundo previo a las plataformas digitales no estaba libre de manipulaciones; no hay más que recordar la antesala de la invasión de Irak en 2003. Sin embargo, existe un conflicto de interés explícito entre las plataformas digitales que distribuyen contenidos y la audiencia que los consume. Si bien esta última busca información de calidad, las grandes tecnológicas son agnósticas, pero a menudo acaban promoviendo contenidos extremistas. Como afirma Sally Hubbard, esto se debe a dos motivos.

Primero, Facebook y Google (incluyendo YouTube) compiten contra los medios tradicionales por la atención de la audiencia, sus datos y los ingresos publicitarios. Sus algoritmos desean multiplicar las interacciones dentro de la plataforma, de ahí que aquellas publicaciones con titulares agresivos o posiciones sorprendentes sean los más prominentes.

En segundo lugar, Facebook y Google carecen (al menos en Occidente) de competencia real, por lo que no existe ninguna presión real o incentivos para frenar la distribución de noticias falsas en sus redes. Para el viejo combatiente de la Guerra Fría, quizá sea más sencillo atribuir las interferencias electorales a una conspiración del viejo adversario al otro lado del mundo; pero para aquellos que quieran preservar la integridad de la democracia liberal, es importante enfrentarse también a uno de sus puntos débiles. El auge de los grandes conglomerados digitales los está convirtiendo en cuellos de botella para toda la información que consumen los ciudadanos, entre otros problemas. Como hemos comentado en la introducción, es innegable que los estados tendrán siempre enemigos que busquen sabotear sus asuntos internos. En última instancia, sin embargo, la mejor vacuna contra futuros intentos de desinformación e influencia es acabar con este estrangulamiento de la prensa independiente. La emergencia de una red más transparente, donde los datos y su uso sean propiedad de los ciudadanos, podría prevenir contra futuros abusos, vengan de donde vengan.

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