Datos contra la corrupción en tiempos de crisis

En  1959, John F. Kennedy afirmó en un discurso que,  escrita en chino, la palabra  crisis  está  compuesta por un carácter que representa la idea de peligro y otro la idea de oportunidad.  Y aunque  dicha  asociación  ya ha sido  calificada por expertos como  engañosa e imprecisa,  la actual crisis de la Covid-19  tampoco ha escapado a  esa  construcción motivacional en  medios  y eventos refiriéndose a la aceleración digital, la salud pública, la educación a distancia o la economía digital. Por ejemplo, Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial, aboga por un “gran reseteo” de nuestras sociedades, economías y gobiernos.   

En América Latina,  el contexto  de crisis trae, más bien, un preocupante y letal  oportunismo en un contexto marcado por condiciones preexistentes asociadas a la corrupción. El mercado garantizado  de  suministros médicos  necesarios  para atender a los pacientes con  Covid-19, sumado a la urgencia con que dichos bienes se necesitan,  ofrece una irresistible oportunidad de negocio paralos  grupos del crimen organizado que buscan expandirse a nuevos mercados,  generando problemas como la falsificación  de medicinas,  la baja calidad de los productos,  la colusión entre proveedores e incluso  sobreprecios en el último  artículo  que se  requiere  cuando  se materializa el peor de los escenarios:  las bolsas para los cadáveres. Ni siquiera  la muerte escapa a las redes criminales  que depredan los recursos públicos para atender  la emergencia.   En la región, esta otra pandemia de la corrupción puede ser tan letal como la sanitaria.  

Las ventanas de corrupción en los procesos de abastecimiento de medicamentos y equipamientos para combatir la pandemia se están presentando prácticamente en toda América Latina.  Por ello, el control de los gastos  y las compras públicas  de  emergencia  se han convertido  en una prioridad para muchos gobiernos,  así  como para la sociedad civil y los medios de comunicación.  Gracias al avance de las contrataciones electrónicas en la región, los datos relacionados con las compras gubernamentales son abiertos, permitiendo una mayor exposición  y vigilancia sobre las actuaciones gubernamentales. 

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Con la crisis, los datos abiertos se han convertido en los mejores aliados contra la corrupción y el fraude, como señala un informe de CAF. Por ejemplo, en Paraguay, las regulaciones están obligando al Gobierno a rendir cuentas cada dos meses, en formato abierto y apoyado por una plataforma de visualización, sobre sus compras de emergencia y el uso de los fondos para la reactivación.   En  Perú  se están generando  alertas por ‘cartelización’  para el suministro de insumos hospitalarios gracias a la disponibilidad de esos datos.   

La masiva generación de contratos y la  apertura  de información generan una oportunidad invaluable para que nuevas tecnologías basadas en  el análisis  de datos se  empleen  en la detección no de  casos aislados de corrupción como  los mencionados, sino  en la prevención de  riesgos en todas las  contrataciones  públicas. Una primera solución ha  sido  la adopción de estándares de compras abiertas por parte de algunos países, el  ‘Open Contracting Data Standard’  (OCDS). Éste describe cómo publicar información y documentos en todas las etapas del proceso de contratación, de modo que aumenta la transparencia y permite un análisis más exhaustivo de los conjuntos de datos.  Este estándar ha sido adoptado por la Unión Europea y por más de 30 gobiernos en el mundo como Australia, Chile, Colombia, Francia, Paraguay y el Reino Unido.  Algunas ciudades, como Buenos Aires, también se comprometieron a regir sus contrataciones bajo este estándar. Contar con datos de calidad, abiertos y reutilizables permite desplegar más ágilmente técnicas  de analítica avanzada.  

Pero la ausencia de datos lo suficientemente estructurados y depurados no es una barrera insondable en el mundo de la analítica y el uso de tecnologías como el machine learning y la inteligencia artificial. Brasil,  con  el aplicativo Alice, y Colombia, con el Oceano, están en disposición de masivamente riesgos de corrupción a partir de la información publicada a través de las agencias de compra pública.  

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El uso de estas técnicas de analítica de datos  permite a los gobiernos pasar de un enfoque reactivo y motivado por denuncias, a uno proactivo y preventivo. La potencia de las máquinas y programas para procesar  datos también  incrementa la celeridad de las investigaciones judiciales y administrativas. Sin embargo, su éxito descansa en buena medida en la disponibilidad de los datos para poder trabajarlos. La mayor parte de la inversión de los proyectos de aprendizaje automático y analítica avanzada se consume en limpiar los conjuntos de datos, dedicando tan sólo el 18% del tiempo al desarrollo de algoritmos y puesta a prueba de modelos.  

Para responder a este reto, varios países buscan organizar sus datos y apalancarlos en la lucha contra la corrupción, con apoyo de CAF. Por ejemplo, Ecuador está evaluando la calidad y disponibilidad de 30 conjuntos de datos que, cuando se cruzan, permiten detectar riesgos de corrupción. En Colombia, la Secretaría de Transparencia del presidente Iván Duque busca desarrollar un data-lake que le permita reunir  datos con diferentes niveles de estructuración y cruzarlos para identificar en tiempo real riesgos de corrupción; no sólo en la contratación pública, sino también en el otorgamiento de licencias  o en la generación de regulaciones.

William Edwards Deming, un estadístico histórico norteamericano, solía decir que “en Dios confiamos; todos los demás que aporten datos”. Superar retos en materia de la calidad de éstos,  así  como de  inversión  para aumentar la capacidad de procesamiento de las entidades de control, abriría la puerta a políticas anti-corrupción cuyo poder disuasorio  descanse  en su capacidad de predicción y de anticipación.  Frente al oportunismo que  agentes de corrupción y  crimen organizado  cultivan  en  emergencias como la de la Covid-19, está la oportunidad que ofrecen los datos abiertos dejar expuestas sus redes y prevenir sus delitos.   

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