De la suspensión del Parlamento… y la democracia

Finalmente, Boris Johnson presentó a la Reina la petición de suspender la actividad del Parlamento entre el 10 de septiembre y el 14 de octubre. La Reina accedió y Westminster permanecerá cerrado mientras se dilucida un debate esencial para el futuro de Gran Bretaña y Europa.

El primer ministro británico ha restado importancia a su decisión y la ha insertado en la normalidad constitucional. Si es así, ¿por qué la noticia ha asaltado los titulares de toda la prensa europea? ¿Por qué el presidente del Parlamento ha calificado la iniciativa de Johnson como escándalo constitucional? ¿Por qué, incluso, se llega a decir que la decisión es una amenaza para la democracia? Éstas y otras muchas preguntas se cruzan hoy en el espacio europeo. Las respuestas son diversas y no siempre sencillas. Pero sí resulta posible exponer algunas de las cuestiones que suscita la suspensión del Parlamento británico y que explican, siquiera parcialmente, las reacciones citadas.

No voy a realizar un estricto análisis jurídico constitucional; ni siquiera sobre sus consecuencias sobre la negociación del Brexit. Me limitaré a exponer, de forma necesariamente esquemática, algunas cuestiones que considero relevantes y que relacionan la decisión con el debate contemporáneo sobre la democracia. Son cuestiones que se suscitan con independencia absoluta de la corrección constitucional de la medida. De hecho, ésta sería la primera reflexión a plantear. Desde distintas fuentes, más allá del propio primer ministro, se alega la corrección constitucional de la medida como argumento definitivo.

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A este respecto, resulta necesario recordar algo que tradicionalmente se olvida o minusvalora: la constitucionalidad o legalidad de una acción, o de una disposición, no avala ni su bondad ni, mucho menos, su oportunidad. Una acción puede ser incluso gravemente perjudicial para la democracia, para un sistema institucional, y ser perfectamente constitucional. Conviene recordarlo cuando, en demasiadas ocasiones, se utiliza la legalidad como detergente que todo lo limpia. Y es oportuno dirigir nuestra mirada a nuestro país, donde la ecuación legalidad igual a bondad, al menos aceptable, se repite una y otra vez por actores políticos y mediáticos de toda condición. La legalidad es (ni más ni menos pero sólo) un requisito.

Desde otra perspectiva, una primera reflexión sobre la suspensión del Parlamento, y su relación con el sistema constitucional, plantea diversas cuestiones, y entre ellas tres particularmente relevantes. La primera es el debilitamiento objetivo de la democracia que implica alargar la normal inactividad del Parlamento; más en una situación como la que se analiza. Cuando se está discutiendo una cuestión de enorme transcendencia política y material, cuando el Gobierno ha de decidir sobre algo que ha fracturado la sociedad británica, la lógica democrática, la democracia sin más, se impone evitar cualquier periodo de inactividad parlamentaria.

Sin Parlamento, dos elementos esenciales de la democracia, y directamente relacionados con el debate en curso, se debilitan sustantivamente. Por un lado, el control; por el otro, la deliberación. La democracia constitucional se define por el control del poder; un control que es la primera función de un Parlamento y que, lógicamente, debe reforzarse en épocas de crisis. Johnson ha encontrado la forma de evadir, siquiera sea temporalmente, ese control.

Se trata de una cuestión esencial sobre la que es preciso insistir. Porque si siempre ha sido preciso recordar que no existe democracia sin un efectivo y plural control del poder político, hoy es más necesario que nunca. Lo es porque se multiplican las tentaciones de reducir la democracia al proceso electivo, destruyendo o minorando significativamente los procedimientos de control. Visiones simplistas, y falsas, de la democracia que la reducen a la presunta legitimación democrática de quien la ejerce. Que en Gran Bretaña, cuna del parlamentarismo, y en el momento más trascendente de su historia reciente, se juegue esta carta, por más que sea por un tiempo determinado, es una pésima noticia y un peor precedente.

Junto a ello, la democracia es, asimismo, deliberación. La decisión pertenece a la mayoría, pero su adopción exige determinadas condiciones. Sin ellas, la decisión pierde cuotas relevantes de legitimidad. Parece evidente que frente a una decisión como la que supone la salida de la Unión Europea y las condiciones de la misma, todo debate es preciso. Un debate en el que todas las ideologías, todas las sensibilidades, estén presentes, y eso sólo puede garantizarlo el Parlamento.

También es preciso reiterarlo. Puede haber, incluso pueden ser muchos, quienes desdeñen el debate parlamentario o, simplemente, pongan en valor que se susciten en otros escenarios; paradigmáticamente, en las redes sociales. Pues bien, lejos de ser éste un argumento para depreciar el debate en sede parlamentaria, lo refuerza. Si no se quiere abrir una fisura de alto riesgo en el sistema democrático, urge jerarquizar los escenarios del debate político. Como ayer, los debates públicos en torno a la prensa y medios audiovisuales, el debate en las redes, ocupa un lugar en el mapa de la deliberación democrática. Pero el debate por excelencia sólo puede ser el que tiene lugar en sede parlamentaria. No por capricho o prurito institucional, sino porque sólo el Parlamento asegura voz, y en las condiciones debidas, a todos los actores. Así, cerrar el foro de la deliberación democrática por excelencia, dejando que su lugar sea ocupado por otros escenarios, es una decisión grave que, además, resta legitimidad a la decisión que finalmente se adopte.

Como segunda cuestión, habría que mencionar la frivolidad de una acción política que parece ignorar el valor de las instituciones y que, con sus actos, en demasiadas ocasiones, las erosiona, con mayor o menor intensidad. Así, en el supuesto que se examina, se aprecia la erosión de instituciones singulares como el Parlamento o la Corona, pero también del sistema institucional en su conjunto.

Estamos demasiado acostumbrados a verlo. En la persecución de sus objetivos, los actores políticos no se detienen. Fuerzan y juegan con las instituciones, distorsionan sus dinámicas, cuando no las quiebran groseramente. Se hace una y otra vez. Parece que no sucede nada. Se alega que lo realizado es legal, constitucional. Pero nadie debe llamarse a engaño. No hay sistema que resista la repetición constante de estas jugadas, de estas trampas. La fortaleza del sistema se erosiona paulatinamente, hasta que un día cede. Se produce el derrumbe y entonces alguien pregunta cuándo se jodió el Perú (Vargas Llosa dixit).

La Historia es demasiado rica en ejemplos como para que nadie Pueda llamarse a engaño. Es preciso decirlo. El ejercicio del poder no puede reducirse a un juego de ‘trileros’. No se desconocen las reglas que, dicen, impone el realismo. Pero es que no se apela a un virtuosismo angelical. Simplemente, se pide que no se traspasen determinadas líneas, que no se golpeen los cimientos. Por constitucional que pueda ser, la decisión de Johnson implica un duro golpe a aquello que siempre se ha entendido como democracia.

Finalmente, hay que aludir a la más dramática de las cuestiones: el argumento último que sostiene la acción de Johnson es que él defiende la voluntad del pueblo frente a las maniobras de los políticos. Él es la voz del pueblo que se expresó en referéndum y debe evitar que el politiqueo frustre la voluntad popular. Una dialéctica tan brutal y tramposa como peligrosa. Es fácil caer atrapado en su capacidad de seducción. El pueblo contra la política; la plaza, como alguien dijo, contra los intereses inconfesables representados en el Parlamento.

Éste es el núcleo del debate que se plantea alrededor de la decisión de pedir la suspensión del Parlamento. No es un discurso nuevo. La historia demuestra que una de las vías más seguras para acabar con la democracia es, paradójicamente, apelar la voluntad popular. Y ni siquiera es un discurso original en el debate político contemporáneo. Es más, ya nos hemos acostumbrado a él. A la voz del pueblo no se le pueden oponer límites ni barreras. Y alguien tiene que encarnar a ese pueblo. Un discurso que se repite con demasiada frecuencia y que encierra, como esa historia demuestra, un verdadero caballo de Troya para el sistema democrático.

Desde luego, no pienso que Johnson pretenda acabar con la democracia en Gran Bretaña. Pero sí hay que advertir que su comportamiento, desde la misma campaña del referéndum, puede llevar a resultados indeseados incluso por él.

Además, se trata de Gran Bretaña. Símbolo, por numerosas razones, de una democracia basada en la soberanía de la institución parlamentaria. Los modelos, aun cuando se alimenten del mito, transcienden sus fronteras. La decisión de suspender la actividad de Westminster en días esenciales para la historia de Gran Bretaña es una pésima noticia para todas las democracias.

Y, desde luego, habría que escribir sobre el origen de todo el conflicto: el sometimiento a referéndum de una cuestión no susceptible de ser resuelta por referéndum. Pero esa es otra cuestión.

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