De lo que se echa en falta al condenar por sedición

Ya no es tiempo de decidir si el fallo nos gusta o si la sentencia está escrita conforme a Derecho, cosa que evidentemente se le supone al Tribunal Supremo. Ahora debemos reflexionar sobre si, desde sus propias premisas técnicas, el fallo está suficientemente bien trabado o argumentado.

La sedición es un delito muy complejo que en su redactado actual no había sido aplicado antes; y que tiene una naturaleza contradictoria en sí misma porque, por un lado, el texto del artículo 544 del Código Penal lo enlaza con el delito de rebelión (art. 472) y son subsidiarios en cuanto a la estructura de los comportamientos que quieren castigar; pero, por otro lado, están situados en partes distintas del Código en los que se protegen intereses distintos de la sociedad. La sedición se define como aquellas conductas que no entran en lo descrito en el delito de rebelión (básicamente, no hay violencia y no se buscan los fines allí contenidos, que van todos dirigidos a incidir negativamente en el orden constitucional), pero la primera es un delito contra el orden público y la segunda contra la estructura misma del Estado.

Pues bien, obviando este elemento, que evidentemente no es responsabilidad del Tribunal Supremo (TS) porque él no hace las leyes, lo que sí que debe hacer es establecer la relación que hay entre cada una de las personas imputadas y los actos que entiende que forman parte del alzamiento tumultuario.

Para parte de la ciudadanía, resulta difícil de entender que si ellos, u otros, en el ejercicio libre de su voluntad, fueron a protestar o a votar en su día aun sabiendo que el referéndum era ilegal (que no delictivo), los que estén en la cárcel tantos años sean otros y no ellos. ¿Cómo puede ser que si los que se reunieron con hostilidad para impedir el cumplimiento de la Ley o de una resolución judicial o administrativa fueron miles de ciudadanos, éstos no sean responsables y sí lo sean personas que ni tan sólo estaban allí? Para hacer esto, el tribunal, además de la interpretación laxa de la conducta descrita en el art. 544, escoge elementos del relato de los hechos probados que parecían dirigidos a la rebelión para hacer un análisis general de la naturaleza del delito de sedición.

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Se dice en la sentencia que éste es un delito de peligro abstracto-concreto. Esto significa que lo que se castiga aquí no es la reunión hostil de muchas personas, sino que la ley supone que la reunión de éstas con esa actitud pone en peligro el orden público. Después nos explica que es un delito cortado en dos partes para decirnos que se completa aunque no se consiga la finalidad. Así, en cuanto a los hechos el 20 de septiembre de 2017, ya es suficiente para entender que el peligro abstracto previsto por el Código se concretó con su mera presencia reivindicativa.

La cuestión es que en el Derecho Penal moderno se responde por los hechos cometidos y debe demostrarse la relación entre cada una de las personas y el resultado delictivo que, en este caso, es la puesta en peligro del orden público. Aun admitiendo que hubo un peligro de alteración del mismo, debe razonarse y motivarse con suficientes elementos de técnica jurídica penal que existe un ligamen con los hechos, que ese ligamen es suficiente para atribuirles el resultado final y, al ser varios, debe explicarse qué tipo de contribución tuvo cada uno en esos hechos; aunque estemos ante un delito, el del artículo 545, que con la descripción de conductas participativas no requiera presencia.

Emplearé el caso de Oriol Junqueras como ejemplo de lo que echo en falta. En la sentencia se hace el siguiente vínculo entre las acciones individualizadas de Junqueras y el peligro de alteración del orden público: con su actuación política, el líder independentista, genera un riesgo de que la gente se alce tumultuariamente para manifestarse o intentar votar el 1 de Octubre, ese riesgo se concretó y él tenía dominio de los hechos que realizaron quienes se agruparon hostilmente para votar.

Para crear esta relación, el tribunal se basa en lo que los técnicos llamamos imputación objetiva; y, dentro de ésta, en un criterio jurisprudencial que se aplica a los delitos de resultado como las muertes y las lesiones. Según éste, la persona que genera el riesgo es responsable de las consecuencias que éste ha generado. Para ello, debe ponderarse cuán previsible objetivamente era el resultado, cómo era el riesgo generado (prohibido penalmente o no).

También debe demostrarse el nivel de conocimiento de Junqueras sobre ese riesgo y su voluntad respecto a su materialización. Si estuviéramos hablando de ligar previsiones de resultado y valoración de materialización del riesgo en delitos contra la vida y la integridad física, podría concluirse que no se querían esos resultados pero no se actuó con la diligencia debida; es decir, que se fue imprudente en la gestión del riesgo. Lo que sucede es que esto, que nos lo podríamos llegar a imaginar de la actuación de Junqueras y otros de los condenados, no es delito porque no existe modalidad imprudente de la sedición.

Esa generación de un riesgo para el orden público la fundamenta parcamente en cuatro actuaciones de Junqueras, que son las que también le dan el dominio del hecho de todo el conjunto de actos sediciosos. Concretamente: el acto en el Pati dels Tarongers en el que se anuncia la pregunta del referéndum, el acto político de 4 de julio de 2017 en el que se pronuncian por la celebración de tal referéndum; los cambios, en el verano de ese año, en el Gobierno de la Generalitat, por los cuales se hace una redistribución competencial y la convocatoria de consultas populares pasa a ser competencia de Vicepresidencia; y, finalmente, su participación en la actividad parlamentaria de los días 6 y 7 de septiembre.

Puede sostenerse que hay un regreso a los actos precedentes para atribuirle el resultado de riesgo que ni admite la propia doctrina del TS en materia de imputación objetiva en delitos de resultado de muerte o lesiones. Aun más, faltan indicios objetivos de que Junqueras, en concreto, quisiera un alzamiento colectivo que supusiera una actividad de resistencia de la que pudiera resultar ni un mínimo de violencia; o, cuando menos, para que quede suficientemente motivado el conocimiento y la voluntad directos de generar un riesgo con una finalidad muy concreta por parte de otros.

Más chocante a la hora de seguir el hilo de la fundamentación de la sentencia es el caso de Carme Forcadell. Su contribución nuclear a los hechos sediciosos se concreta en haber permitido el debate y la tramitación de las llamadas leyes de transitoriedad de los días 6 y 7 de septiembre de 2017. Está claro que al hacerlo desoyó el mandato expreso del Tribunal Constitucional y que, además, lo hizo conociendo y queriendo, aunque ella pudiera creer (como declaró) que el ejercicio del parlamentarismo la obligara a esa desobediencia. Lo importante es que esos actos en el ejercicio de su función política se consideren como un riesgo enlazado directamente con el alzamiento tumultuario. Como eso es muy difícil de sostener, en la sentencia se recuerda su participación en actos políticos independentistas y, aunque se dice no juzgarla por su ideología, también se recuerda que cuando fue presidenta de la ANC participó en la elaboración de la hoja de ruta.

Esta referencia, que puede parecer improcedente, adquiere su sentido en otro plano de los hechos enjuiciados: la existencia de ‘hojas de ruta’ es la clave de bóveda para unir a todos los condenados en una acción estratégica que sustenta, según el Tribunal Supremo, la coautoría.

El objetivo de estas líneas es mostrar cómo unas desobediencias delictivas y reconocidas por parte de los imputados se convierten en elementos conocidos y queridos que generaban riesgo; es decir, probabilidad de alzamiento tumultuario dirigido a impedir el cumplimiento de la Ley o resoluciones judiciales y administrativas que, a su vez, causaron riesgo concreto para el orden público. Extraigan los lectores sus propias conclusiones.

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