‘Déjà vu’: ajuste y protestas en Ecuador

Las medidas económicas tomadas por el Gobierno ecuatoriano y la violenta reacción en las calles pueden asimilarse perfectamente con un déjà vu, una vuelta a los largos años del ajuste incompleto e interminable. Pero hay varios elementos que establecen claras diferencias con aquellos episodios.

Para empezar, es la primera vez desde que se adoptó la dolarización que un Gobierno liberaliza los precios de los combustibles (excepto el del gas de uso doméstico). Durante casi 20 años, la rigidez de esos precios se sumó a la que deriva del uso de una moneda ajena, lo que dejaba la liquidez de la economía a los vaivenes del mercado externo. Los 10 años de bonanza y estabilidad fueron el producto de la alta demanda exterior, mientras el Gobierno se despreocupaba de las distorsiones internas. Era más cómodo, y beneficioso políticamente, mantener intacto el modelo ‘rentista’ que introducir las correcciones necesarias para ir hacia una economía basada en la producción.

En esas condiciones, el Gobierno de Lenin Moreno contaba con márgenes muy estrechos. Inicialmente, intentó mantener la orientación que estableció Rafael Correa en los dos últimos años de su gestión, consistente en sustituir la caída de los precios del petróleo por préstamos. La única fuente disponible era China, con plazos cortos e intereses que llegaban a superar el 11% anual. Era, obviamente, un recurso desesperado y que en poco tiempo alcanzó su límite. Era imposible sostenerlo, ni siquiera a corto plazo. La firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la apertura a los organismos multilaterales se hizo prácticamente inevitable. La mala imagen del FMI en toda América Latina, asociada a los ajustes de la última década del siglo pasado, ensombreció esa decisión, que pasó a convertirse en la política económica del Gobierno.

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Como es usual en estos acuerdos, la disponibilidad de recursos frescos estaba vinculada a medidas de sinceramiento de la economía. Pero en esta ocasión se obviaron los incrementos de impuestos y las reformas laborales que se preveían. Sin embargo, el impacto de los precios de los combustibles se sentirá en el conjunto de una economía que depende de un transporte que está enteramente en manos privadas. Las consecuencias inmediatas serán duras y caóticas. Según los cálculos gubernamentales, será el precio a pagar para evitar que el año próximo el país entre en recesión. Con los recursos de los multilaterales y la reactivación del sector privado (muy dudosa por el momento), espera terminar su mandato con un leve crecimiento.

El escenario para la toma de estas decisiones no puede haber sido peor. Lenin Moreno ha cumplido más de la mitad de su mandato, los índices de confianza en su gestión se sitúan en los niveles más bajos de todos los presidentes de las últimas dos décadas, no cuenta con una bancada definida y disciplinada en la Asamblea Nacional y los partidos políticos ponen por delante sus cálculos electorales. Es muy poco probable que logre la aprobación, de manera que tendrá que acudir a la vía expedita que le faculta la Constitución. 

Si todo eso pinta un panorama difícil para el Gobierno, se oscurece aún más cuando se considera la posición de Rafael Correa y sus seguidores. Acosados por los juicios que se siguen contra sus más altos dirigentes, (incluido el propio ex presidente) a causa de las evidencias de corrupción a niveles alarmantes, han escogido la vía de la desestabilización. Desde hace varios meses, convocaron movilizaciones orientadas a debilitar al Gobierno. Cuando las medidas económicas eran inminentes, desarrollaron una campaña de desinformación que se mantuvo incluso después de que éstas fueron tomadas. Sus planteamientos, acompañados de la movilización callejera, escalaron hasta la exigencia de destitución del presidente.

Aunque es muy poco probable que esa iniciativa prospere, es innegable que la coyuntura ha sido favorable para el correísmo. Ciegos a esa realidad, los demás partidos (enemigos jurados del ex presidente) han sido incapaces de comprender que las medidas económicas constituyen el trabajo sucio que deberán hacer ellos en caso de llegar al Gobierno.

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