Derechos indígenas, cambio climático y conflictos sociales

Amplias movilizaciones en el mundo, y especialmente en Latinoamérica, exigen cambios y ponen en evidencia el hartazgo por la corrupción, la ausencia de protección social y el despojo de bienes comunes, recursos naturales y energéticos fundamentales, con la complicidad de los gobiernos estatales de todos los signos políticos. La exigencia del derecho a la educación, la salud, el respeto a la vida y la participación, los derechos de los pueblos y protección de la naturaleza son la constante en todos los levantamientos que cruzan el continente y que se inscribe en un marco global de acción colectiva.

América Latina es la región que preserva el territorio más diverso del planeta. En un escenario de calentamiento global y sexta extinción masiva, alberga los grandes reservorios de diferentes especies que aún sobreviven. Debido a la forma en que se desarrollaron los procesos históricos de colonización y poblamiento del territorio en los últimos siglos, las comunidades étnicas y campesinas terminaron, de hecho, siendo las guardianas protectoras del patrimonio ecológico de la Tierra.

Los intensos debates que caracterizaron el siglo XX, centrados en la idea de desarrollo y los equilibrios entre equidad y justicia, parecieran ahora palidecer ante los retos que nos impone el siglo XXI y que implican nuestra supervivencia como especie. Durante 2019, se han venido marcando máximos históricos en la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, siendo sus principales responsables los países del norte global. Del mismo modo, los investigadores han documentado cómo hemos desencadenado la sexta extinción masiva de especies debido, por primera vez, al impacto de la actividad humana sobre el planeta. En vísperas de la Cumbre del Clima en Madrid, tenemos que preguntarnos: ¿vamos a llevarnos a nuestra desaparición como especie y a la destrucción del planeta? ¿Cuáles son hoy, en este escenario global, los verdaderos patrimonios de la humanidad?

[Con la colaboración de Red Eléctrica de España]

No obstante, en los informes se describen las causas del desastre medioambiental planetario, como resultado del concierto de las sociedades humanas, no todas las poblaciones y comunidades se relacionan de la misma manera con la naturaleza. En América del Sur, aun con su importante crecimiento poblacional, la Amazonía, que alberga una variedad de comunidades étnicas a lo largo de nueve países, se había mantenido hasta hace tres décadas al margen de la sobreexplotación de recursos naturales, la quema intensiva de combustibles fósiles, la urbanización, la deforestación y la pérdida de hábitats de miles de especies. Sin embargo, el escenario pan-amazónico ha cambiado dramáticamente. 

El modelo primario-exportador característico desde la colonia se ha intensificado en las últimas décadas, favoreciendo una nueva frontera de expansión ‘extractivista’. Como constante histórica, la gran riqueza de recursos minero-energéticos no se corresponde con las condiciones de vida de las localidades donde se llevan a cabo los procesos de extracción. Pero ha habido, además, dos cambios esenciales con las nuevas formas de extracción: por un lado, la depredación agresiva que generan los métodos y tecnologías implementados, profundamente dañinos para los ecosistemas donde se lleva a cabo; por otro, la incorporación de regiones que no tenían una trayectoria histórica asociada a este tipo de economías y que son fundamentales para preservar la biodiversidad del planeta. 

 El reconocimiento de derechos tribales y el medioambiente

Durante décadas, las comunidades étnicas han demandado, mediante muy diversas formas de acción colectiva, la protección de sus derechos humanos y el reconocimiento, sin discriminación, de su cultura y tradiciones dentro de los estados y las instituciones de ámbito global. La firma, en 1989, del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo fue el hito más importante de la movilización a nivel internacional. Por primera vez, se estableció un mecanismo institucional que instara a los estados de todo el mundo a respetar la diversidad y cultura de las comunidades étnicas, y a reconocer sus derechos y participación activa en diversos ámbitos, incluyendo cualquier intervención que pudiera desarrollarse en sus territorios.

Mediante reformas estatales y nuevas constituciones, se refrendaron en toda América Latina los derechos colectivos de comunidades étnicas, respetando así la diversidad. Del mismo modo, se incorporaron normas específicamente relacionadas con el derecho a un medio ambiente sano, y en el caso del Ecuador se declararon explícitamente derechos de la naturaleza, como novedad del constitucionalismo global. 

A pesar de lo anterior, los proyectos extractivos se imponen arbitrariamente a las comunidades; en buena medida, debido a que todas las disposiciones sobre la planeación y ejecución de los proyectos ya están aprobadas por las autoridades estatales en el momento de consultar a las comunidades.

Además de impedir la participación ciudadana, en general, y la de las comunidades étnicas, en particular, a nivel regional encontramos diversos grados en la intensidad de la violencia a la hora de imponer los proyectos: desde el hostigamiento a organizaciones sociales hasta la criminalización de sus liderazgos, pasando por la militarización, los asesinatos selectivos, el desplazamiento forzoso y la violencia directa a manos de grupos criminales, que convierten a América Latina en la región más peligrosa para los defensores ambientales.

 Activación, movilización y cambio de rumbo local-global

Justo cuando parece que se había llegado al punto de no retorno, acciones colectivas localizadas en todo el mundo han retomado el legado de las comunidades indígenas saliendo a las calles, construyendo salidas colectivas alternativas en sus territorios y protegiendo los bienes comunes. En todos los casos, de forma invisible para los grandes reflectores, miles de personas y pequeñas iniciativas están sosteniendo la vida en el planeta.

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Un ejemplo: en Colombia, aunque los conflictos socio-ambientales en relación con proyectos minero-energéticos no se limitan a los territorios de comunidades étnicas, sí eran hasta 2010 la expresión más organizada y permanente de la acción colectiva frente al extractivismo. A partir de ahí, nuevos colectivos han promovido el auge de la movilización y la conciencia ambientales, logrando importantes avances en el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y jurisprudencia protectora del medio ambiente. 

Desde 2010 en Santander (Colombia), amplios sectores de la población se movilizaron en defensa del Páramo de Santurbán, un ecosistema alto-andino único en el planeta y rico productor de agua, amenazado por proyectos mineros. La acción colectiva consiguió que, en la sentencia C-035 de 2016 de la Corte Constitucional Colombiana, se declarara la prevalencia del derecho a un medio ambiente sano por encima de (otros) derechos adquiridos, prohibiendo la actividad minera y de hidrocarburos en los páramos del país.  

Ese mismo año, otra acción colectiva de comunidades étnicas localizadas en las cuencas y riberas del Río Atrato (una de las regiones más bio-diversas del mundo) logró de la Corte Suprema de Justicia, mediante la sentencia T-622, también de 2016, el reconocimiento de los ríos como “sujeto a los derechos que implican su protección, conservación, mantenimiento y, en este caso concreto, restauración”.

Gracias a la movilización socio-legal, la Corte Constitucional promulgó la sentencia T-445/16, posibilitando la realización de numerosas consultas populares locales. Las celebradas en 2017 posicionaron a Colombia como el país donde más se han llevado a cabo: un total de 10 entre 2013 y 2018, ganadas por el no por mayoría aplastante. El año pasado, en el municipio de Fusagasugá, tuvo lugar la primera para decidir sobre la autorización de un proyecto de fracking.

Sin embargo, el Gobierno nacional y las empresas mineras han encontrado rápidamente salidas administrativas, así como cambios en la composición de la Corte Constitucional, para cerrar este mecanismo de participación que había servido para expresar una acción colectiva local y ambiental vigorosa en todo el país.  

El caso colombiano de acciones colectivas en defensa de los derechos humanos y la naturaleza, que tradicionalmente habían sido encabezadas por las comunidades indígenas, se ha extendido a toda América Latina. Cada una ha logrado abrir puertas, presentando demandas inexistentes hasta hace poco y que cuestionan las formas culturales de relación con el territorio y la naturaleza. 

Es imperativo reducir el consumo de energía en el norte global y considerar los costes del daño causado en su extracción; disminuir los niveles de emisión de gases y llevar a cabo la transición energética. Y todo esto precisa de unos recursos naturales que siguen siendo finitos.

Hay que responsabilizar a los funcionarios estatales y de instituciones globales para que impongan límites a los intereses de las grandes corporaciones extractivas y financieras del mundo. Pero para activar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación se precisa la implicación de toda la sociedad.

Alcanzar un gran acuerdo global sobre el valor del patrimonio ecológico que aún podemos conservar involucra la transformación de las formas imperantes de relacionarnos con la naturaleza. Valorar la vida en la Tierra o la carrera frenética del consumo es tanto una elección individual como, también, un modelo de comportamiento que los tomadores de decisiones globales pueden incentivar de manera responsable para con el planeta y las generaciones futuras.

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