Derechos para todos: razones para una ley de lenguas oficiales

La petición de los líderes independentistas procesados por los sucesos del otoño catalán de 2017 de poder expresarse en su lengua materna durante el juicio en el Tribunal Supremo es un acontecimiento muy relevante. Los políticos apelaron a la importancia de esa lengua y a sus derechos lingüísticos frente a un órgano del Estado. Son ambas cuestiones de gran calado: en primer lugar, se plantea si el país es plenamente consciente de que los ciudadanos tenemos distintas lenguas maternas y, en consecuencia, distintas lenguas de identificación. En segundo lugar, si a los ciudadanos nos es posible ‘de facto’ ejercer nuestros derechos lingüísticos frente a las diferentes administraciones. Bienvenido sea un debate que tarde o temprano tenía que llegar.

Responder a esas dos preguntas supone, en primer lugar, levantar acta de 40 años de democracia en el terreno lingüístico. El balance es aquí, a nuestro parecer, agridulce. Por un lado, es innegable que la Constitución Española de 1978 permitió a las lenguas españolas distintas del castellano o español salir del injusto reducto familiar en que el franquismo las había confinado, después de una fase que no hay que dudar en calificar de represiva. Hoy, la dignidad de estas lenguas se encuentra restaurada y florece la cultura que en ellas se expresa. Sin embargo, y de manera incongruente con este logro colectivo, lo cierto es que la convivencia lingüística se ha deteriorado en buena parte del territorio. De las lenguas ya sólo se debate en términos sectarios y la sensación de muchos ciudadanos es que, en relación con la suya, se cometen injusticias. En suma, las lenguas no nos han unido en estas cuatro décadas; lo que ha sucedido es lo contrario, nos han dividido aún más y la cultura lingüística del país se ha vuelto más agria y agresiva.

En nuestra opinión, este triste derrotero tiene dos causas: en primer lugar, una cierta pasividad por parte de los poderes del Estado central, que nunca se han exigido en este terreno mucho más que tolerar la diversidad lingüística, en lugar de gestionarla proactivamente. En segundo lugar, y de manera opuesta, el activismo lingüístico de las comunidades autónomas que rápidamente se orientó –a través de la consagración del dudoso concepto de lengua propiaa deshacer la igualdad de trato implícita en la noción de co-oficialidad y a buscar que sociedades naturalmente bilingües se convirtieran, de grado o por fuerza, en comunidades nacionales monolingües.

El resultado de todo ello es bastante parecido a un desastre: por un lado, los hablantes de catalán/valenciano, euskera y gallego siguen creyendo que el Estado central no se hace cargo en grado suficiente de su identidad lingüística: sus pretensiones de reconocimiento se topan con argumentaciones que les conminan a entender las ventajas utilitarias de gozar de una lengua común; por el otro lado, los hablantes de castellano o español, sienten, no sin motivo, que las administraciones autonómicas conculcan sus derechos, les hacen sentir como extranjeros en su país y, a la menor queja, lo único que reciben son sermones sobre la importancia de proteger una diversidad lingüística que al parecer no les incluiría a ellos.

[Recibe diariamente los análisis de más actualidad en tu correo electrónico o en tu teléfono a través de nuestro canal de Telegram]

Para cambiar las cosas, necesitamos una Ley de Lenguas Oficiales, una normativa estatal que reconozca plenamente la diversidad lingüística de España y garantice los derechos lingüísticos de todos. La palabra derechos ofrece aquí la clave, puesto que se trata de pasar de políticas lingüísticas que establecen una suerte de deberes morales de los ciudadanos hacia las lenguas, a una política lingüística que gire sobre los derechos de los hablantes. Las lenguas no perderán protección porque, junto a los derechos lingüísticos de los administrados, quedarán establecidas las obligaciones lingüísticas de las administraciones. Una ley, por tanto, que sepa hacerse cargo, al mismo tiempo, de la secular diversidad lingüística de nuestro país (que nunca ha tenido una geografía unitaria y en el que casi un 40% de la población reside en comunidades bilingües) y de la libertad de hablar la lengua que uno quiera en cada momento. Se trata, en suma, por un lado, de culminar el aprendizaje plurilingüe del Estado y, por otro, de revertir la deriva monolingüe de las comunidades bilingües.

Sobre la primera cuestión, los hablantes de español no deben preocuparse de estar ante pretensiones arbitrarias o abusivas. Otorgar una mayor y mejor presencia a las lenguas co-oficiales en las instituciones del Estado no equivale a generar una costosa y ridícula Administración tetralingüe. Más bien de sistematizar los esfuerzos que ya se están realizando actualmente, ponerlos en valor y colmar las lagunas. Éstas son algunas de las iniciativas que el Estado podría llevar a cabo: los actos y ceremonias de Estado incluirían la presencia escrita y oral de todas las lenguas oficiales de España; las webs y otros medios digitales de los ministerios e instituciones estatales estarían sistemáticamente disponibles en todas las lenguas oficiales; los edificios estatales más emblemáticos como el Museo del Prado, la Biblioteca Nacional, el Congreso y el Senado o la sede central del Banco de España tendrían la rotulación exterior en forma cuatrilingüe; las empresas públicas como Renfe, Correos, Paradores o Lotería Nacional ofrecerían sus informaciones y realizarían  sus campañas publicitarias incluyendo también el catalán/valenciano, euskera y gallego.

Son todas ellas acciones factibles (algunas ya se realizan, aunque de forma asistemática e intermitente), las cuales permitirían paliar lo que se conoce por déficit simbólico. Es decir, el Estado lograría que las diferentes comunidades lingüísticas en España se vieran reflejadas en las instituciones de todos; no sólo tolerados o amparados en su singularidad lingüística, sino realmente incluidos. Que el Estado de todos hablara y escribiera en las lenguas de todos, lógicamente, no tendría una función comunicativa. Su valor es simbólico, de reconocimiento y representación de los hablantes de todas las lenguas españolas oficiales. Además, supondría una ampliación de los derechos lingüísticos de los hablantes de las lenguas cooficiales, ya que se les permitiría relacionarse con las instituciones estatales en sus lenguas maternas si así lo desean. Esto ya ocurre en la Administración periférica del Estado y no debiera ser difícil conseguirlo, de forma gradual, en otros órganos centrales.

Sin embargo, nuestra Ley de Lenguas Oficiales difiere de la posición de los políticos presos independentistas y proyecta una mirada más amplia. Por algo muy sencillo: los derechos son para todos, también para los castellanohablantes. Porque no sólo las lenguas maternas son importantes para los hablantes del catalán/valenciano, el euskera y el gallego. No sólo los derechos lingüísticos de estos ciudadanos deben ser considerados y las condiciones de su ejercicio plasmadas legislativamente. Nuestro proyecto pone también el foco de atención en una realidad objetiva e insoslayable: las comunidades autónomas bilingües han aprobado normativas y realizado unas prácticas orientadas gran parte de ellas a imponer el monolingüismo en sus comunidades.

Para aquéllos a los que les incomoda esta afirmación, debemos decir que hay muchas maneras de promover una lengua. La política lingüística de Cataluña, espejo en el que se miran los sectores nacionalistas de las otras comunidades, es un modelo particular de promoción de una lengua, no el único existente. Cuestionar aspectos de este modelo no es inevitablemente sinónimo de cuestionar la promoción y progreso del catalán, sino que es señalar que, al ser un modelo de proteccionismo lingüístico fuerte, presenta tres problemas: el primero, no reconoce la importancia de la lengua materna o de identificación para todos los hablantes. Cuando esta lengua es el español, entonces la lengua materna pierde toda relevancia y sus hablantes carecen supuestamente de vínculos emocionales y de identificación con él.

El segundo problema, resultado directo del primero, es que las políticas lingüísticas autonómicas (en diferentes grados según la comunidad) desconocen que todos los hablantes de lenguas oficiales deben gozar de derechos lingüísticos, los cuales se derivan precisamente de la oficialidad de estas lenguas. El modelo actual sólo otorga derechos a unos mientras que otros (los castellanohablantes en las comunidades bilingües) carecen de ellos.

El tercer problema, que no se menciona tan a menudo, es que también los hablantes de catalán, el euskera y el gallego salen perjudicados, sobre todo en el ámbito educativo, al perder vías de acceso privilegiado al registro culto del español, una lengua que, contra toda evidencia histórica, los gobiernos nacionalistas de las comunidades bilingües intentan, y por desgracia parecen conseguir en muchos casos, que los ciudadanos vean como una realidad extraña, y no como una legítima parte de su herencia cultural.

La Ley de Lenguas quiere dar respuesta también a esta problemática y entiende que es desde una normativa estatal, con una mirada global, que se debe especificar a qué acciones concretas tienen derecho los hablantes del español en las comunidades bilingües. Siguiendo la jurisprudencia lingüística del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, el catalán/valenciano, el euskera y el gallego deben seguir gozando de la mayor consideración y, allí donde se crea aún necesario, protección, pero sin que ello conlleve la expulsión del español de la vida pública de sus comunidades. La presencia del español en la atención a la ciudadanía, en las escuelas, en los premios y subvenciones culturales, en las informaciones y actos institucionales y en los medios públicos debe darse de forma sistemática. Es sólo con la presencia de ambas lenguas oficiales en la vida pública de las comunidades bilingües que los ciudadanos podrán ejercer sus derechos lingüísticos. Debe haber una concreción legislativa de estos derechos, los cuales han sido desconsiderados por los gobiernos autonómicos nacionalistas, y esto es que lo que articula la Ley de Lenguas en su segundo objetivo.

Derechos, sensatez e inclusión: éstos son efectivamente los parámetros imprescindibles para un debate lingüístico de mayor calidad que el que hemos tenido hasta ahora. Todo ello está recogido, elaborado y explicado con pormenor en el libro ‘Por una ley de lenguas: convivencia en el plurilinguismo’, de reciente aparición en Deusto.

Somos conscientes, por otro lado, que el deterioro del debate público sobre lenguas hace que una propuesta como la nuestra cuente con detractores en ambas trincheras. Por un lado, el nacionalismo sub-estatal no quiere ni oír hablar de derechos y libertad de opción para los ciudadanos. Ello contravendría un ejercicio de planificación lingüística, que es en el fondo un ejercicio encubierto de cambio social programado. Por otro lado, el largo periodo de menosprecio a su identidad lingüística ha causado amargura y resentimiento en algunos sectores castellanohablantes, cada vez más organizados en la justa demanda de sus derechos, pero olvidadizos de que, a pesar de los abusos del nacionalismo, la realidad plurilingüe de España es robusta y que el recurso a la lengua común no puede ser la solución a demandas de reconocimiento que no van a desaparecer.

Por poner dos ejemplos prácticos, hay sectores que no están dispuestos a entender que el español o castellano debe poder ser lengua de enseñanza en las comunidades bilingües. Pero también hay otros sectores que no aceptan de grado que, al igual que es normal que una sociedad bilingüe tenga una escuela bilingüe, es normal que también sea bilingüe su Administración y que el conocimiento de ambas lenguas sea considerado requisito para acceder a ella, por más que este requisito pueda regularse y conocer excepciones justificadas.

Nosotros, en fin, creemos que encontrar la manera de armonizar los derechos de todos es posible y poder lograr al fin esa España ejemplar donde convivencia y plurilingüismo se den la mano. O por decirlo a la manera del recientemente fallecido Rafael Sánchez Ferlosio: «Lo más sospechoso de las soluciones es que se las encuentra siempre que se quiere».  Y nosotros queremos.

Autoría

Deja un comentario

X

Uso de cookies

Esta página utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle información relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.