Descontento social y protestas en América Latina: ¿ola o marea?

Las calles latinoamericanas se han llenado estas semanas de voces de protesta, de pancartas reivindicativas que sirven de espejo del descontento social. Se observaba desde hace un tiempo en los gráficos y en las estadísticas, pero hemos pasado ahora a verlo en las fotos, en las redes, en nuestros televisores: la ciudadanía está cada vez más insatisfecha en América Latina, y exige mucho más de sus gobernantes e instituciones públicas. Las encuestas recientes nos dejan señales inequívocas. La confianza en los gobiernos se sitúa en tan sólo un 25%, y un 80% de la población cree que existe corrupción en las instituciones públicas (Encuesta Mundial de Gallup, 2019)i, con uno de cada dos ciudadanos que cree, además, que esta corrupción ha aumentado en el último año.

Son tres las reflexiones principales que me suscita el fenómeno, y que se relacionan directamente con el trabajo que venimos realizando desde el Centro de Desarrollo de la OCDE, a través de nuestro informe anual ‘Perspectivas Económicas de América Latina’ (que se produce conjuntamente con la Unión Europea, la Cepal, y CAF-Banco de Desarrollo de América Latina).

En primer lugar, se ha esgrimido acertadamente que una de las principales causas del descontento es la desigualdad persistente. Sin embargo, se podría afinar el argumento para decir que es la vulnerabilidad en la que vive una mayoría de latinoamericanos la que alimenta de forma más clara la insatisfacción. La reducción de la pobreza desde inicios de siglo generó el crecimiento de un grupo socioeconómico que vive con entre 5,5 y 13 dólares al día y que hoy representa, en promedio para la región, cerca de un 40% de la población (ver gráfico 1).

Se trata de la llamada clase media vulnerable, el grupo mayoritario en la región, pero que en muchos casos está justo por encima del umbral de la pobreza y siente la amenaza del regreso a un pasado de penuria ante cualquier revés inesperado. Hablamos de personas que habitualmente tienen un empleo informal y que, por tanto, tienen salarios bajos e inestables, trabajan en empleos de mala calidad y no tienen acceso a esquemas de protección social (seguro de salud, subsidio de desempleo, pensiones para la vejez) que les den garantías ante situaciones adversas.

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Para este grupo, la sensación de vivir en el alambre es muy real, y es sólo tolerable si se tiene una percepción de avance. Incluso cuando la situación es precaria, se han llegado a aceptar altos niveles de desigualdad si había perspectivas de progreso. Pero ante la desaceleración económica, se han ido abriendo las costuras de un sistema que no ha sido construido para repartir riqueza, y que la sigue concentrando en unos pocos. En efecto, la percepción de progreso ha venido cayendo de manera sostenida. Entre 2013 y 2015, uno de cada tres ciudadanos creía que su país estaba avanzando; hoy, sólo uno de cada cinco lo piensa, mientras que la mitad de la población cree que su país está estancado y un 30% opina que está en deterioro (Latinobarómetro, 2018)). Después de años de reducción continua de la pobreza, entre 2015 y 2016 esta repuntó, y en 2017 y 2018 se ha mantenido estable.

En segundo lugar, las consecuencias de esta brecha entre la ciudadanía y las instituciones públicas son de profundo calado, pues cuestionan la sostenibilidad del contrato social tal y como lo entendemos hoy en la región. La sociedad confía poco en quienes les gobiernan, en quienes diseñan las leyes y en quienes las juzgan y aplican, convencidos de que el poder se concentra en intereses privados que modifican las reglas del juego a su antojo para perpetuar su poder. Ocho de cada 10 latinoamericanos creen que se gobierna para favorecer el interés privado de unos pocos, y que el bien común se deja de lado. Ante estas circunstancias: ¿quién va a querer pagar impuestos?, ¿con qué legitimidad se reclama la necesidad de recaudar más recursos fiscales para financiar el desarrollo?

Hasta un 52% de latinoamericanos justifica no pagar impuestos (la moral tributaria), cifra que ha subido desde un 46% en 2011. Esto alimenta un círculo vicioso por el cual los ciudadanos no reciben lo que demandan y desconfían de sus gobiernos, y por ello no están dispuestos a pagar los impuestos necesarios para financiar aquello que exigen. Es la trampa institucional que vive la región, un círculo vicioso que gana relevancia en la medida en que las aspiraciones son hoy mayores en una sociedad joven, urbana y en la que una buena parte ha nacido y crecido en democracia.

En tercer lugar, la revolución digital está cambiando las reglas de la comunicación, las pautas de interacción social e incluso la naturaleza de las aspiraciones sociales, algo que no puede obviarse para interpretar las protestas. Los ciudadanos, entre ellos muchos jóvenes que son nativos digitales, se están habituando a modos de interacción y consumo digitales que permiten respuestas rápidas a sus demandas, algo que no reciben de las instituciones públicas.

La tecnología también transforma las expectativas por otro canal: la observación del otro. Hoy nos podemos comparar con distintos estándares de vida, y la percepción de desarrollo está condicionada por los niveles de progreso que se observan en otros países o entornos. Y esta hiper-comunicación también genera mayor capacidad de contagio de fenómenos sociales y una mayor volatilidad de la opinión pública, que se vuelve más inflamable y vulnerable a episodios de desinformación masiva.

La reciente ola de protestas tiene más bien aspecto de marea que ha subido para quedarse. Después de años de avance, la ciudadanía percibe que el modelo de desarrollo no es sostenible y que no ha sido capaz de incluir a todos en el progreso, dejando a la región en una situación vulnerable ante un contexto global complejo. Hay aspectos específicos que han hecho saltar la chispa en cada lugar, pero en esencia hay debilidades estructurales compartidas y es necesario un nuevo contrato social que reconecte a los ciudadanos con sus gobiernos, que restaure la confianza. En un panorama de sombras, aparecen destellos de esperanza: una sociedad que se moviliza y tiene fuertes aspiraciones de progreso, y una transformación digital que ha de ser herramienta de cambio para dar mayor inclusión y bienestar para todos. Las políticas públicas deben estar a la altura.

Nota: las opiniones expresadas por el autor son de su exclusiva responsabilidad y no pretenden reflejar la posición oficial de su organización.

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