(Des)regular en medio ambiente a través de la política comercial europea

En noviembre de 2016, la comisaria europea de comercio, Cecilia Malmström, anunció la paralización de las negociaciones comerciales entre el Gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea (más conocidas como TTIP, las siglas en inglés del Transatlantic Trade and Investment Partnership). Más de 500 organizaciones europeas, incluyendo un amplio abanico de actores de la sociedad civil, se opusieron al TTIP, uno de los episodios más importantes de politización de la UE en varios estados miembros, incluyendo España.

Pues bien, la Comisión Europea ha anunciado que planea iniciar nuevas negociaciones con EE.UU. en 2019, un ‘TTIP 2.0’ con la Administración Trump. Por tanto, la cooperación regulatoria con Estados Unidos y el ISDS, los dos elementos más contenciosos, han resurgido en las últimas semanas, aunque las negociaciones de ambos mecanismos se llevarán a cabo por separado. ¿Qué está en juego en este nuevo capítulo de negociaciones comerciales?

Las negociaciones comerciales tienen como objetivo general eliminar las barreras al comercio, que pueden ser tanto arancelarias como no arancelarias (en algunos casos, llamadas técnicas). Las primeras no tienen ningún misterio: en general, la UE pretende que haya los menos aranceles posibles.

Sin embargo, ¿qué significan las barreras no arancelarias y cómo pretenden eliminarse? Son discrepancias regulatorias entre EE.UU. y la UE, que pueden incluir regulaciones en materia de estándares sociales, medioambientales, laborales o de protección al consumidor. La re-significación de regulaciones como barreras no arancelarias al comercio es problemática, pues la protección del medio ambiente o los derechos laborales son mucho más que una ‘barrera’ al comercio. Todavía más problemática es la forma utilizada eliminar estas discrepancias regulatorias: la cooperación regulatoria.

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La cooperación regulatoria plantea la creación de una suerte de consejo de expertos (llamado Regulatory Cooperation Body en el TTIP) que tendría como misión identificar y eliminar las discrepancias regulatorias que dificultan el comercio entre las dos regiones.

Hay, fundamentalmente, dos opciones de llevar a cabo tal misión: la armonización y el reconocimiento mutuo. La primera implica la estandarización de ciertas regulaciones a ambos lados del Atlántico. El reconocimiento mutuo, por contra, implica simplemente hacer que lo que es legal en un lado se convierta automáticamente en legal en el otro.

Las grandes empresas prefieren éste último, por la simple razón de que sigue una lógica de la desregulación: únicamente habría que cumplir con las normas de Estados Unidos o de la UE, y no habría que crear leyes nuevas. De ahí que la Comisión Europea, sobre el TTIP, repitiera una y otra vez que “no rebajará los estándares europeos”.

Es cierto, pero es una verdad a medias: no hace falta rebajar los estándares para que productos y prácticas que no cumplan con la regulación europea tengan lugar dentro de la UE. Los sectores concretos en los que se aplicaría la cooperación regulatoria están todavía por decidir, aunque el documento publicado por EE.UU. respecto a la negociación con la UE parece incluir una amplia diversidad. El Parlamento Europeo votará (de forma no vinculante) si dar apoyo o no a las negociaciones durante este jueves, para que luego los gobiernos nacionales provean un mandato a la Comisión Europea para negociar; lo cual podría suceder en el Consejo Europeo del 21 y 22 de marzo.

Las nuevas negociaciones debieran hacer saltar múltiples alarmas. El TTIP negociado con la Administración Obama era ya cuestionable desde el punto de vista de la protección de los consumidores, del medio ambiente, de los servicios públicos y de los derechos de los trabajadores. Reiniciar las negociaciones con la Administración Trump no supone otra cosa que un retroceso: recordemos que el Gobierno estadounidense actual abandonó el Acuerdo de París en relación al medio ambiente, y que ha situado en puestos de gran responsabilidad a políticos que directamente niegan la responsabilidad humana en el cambio climático. Un acuerdo comercial con la Administración Trump en materia de regulación implicará concesiones que podrían ser muy perjudiciales para el medio ambiente, los ciudadanos europeos y la mayor parte de pequeñas y medianas empresas, para el solo beneficio de unas pocas (grandes) empresas.

Además, la Comisión se comprometió a no negociar acuerdos de comercio con países que no hayan ratificado el Acuerdo de París. En respuesta a este potencial TTIP 2.0, la campaña No al TTIP ya ha comenzado a movilizarse con este vídeo, y los eurodiputados de Podemos ya han manifestado su oposición.

El segundo elemento contencioso del TTIP que ha resucitado es el ISDS (las siglas en inglés de Investor State Dispute Settlement), aunque no en el marco de un acuerdo bilateral entre EE.UU. y la UE, sino de forma independiente en Naciones Unidas. El ISDS es un mecanismo que resuelve las diferencias entre las empresas e inversores extranjeros y los países en los que la inversión ha tenido lugar. Cuando uno de los primeros considera que su inversión ha sido tratado de forma ilegítima, éste puede acudir al ISDS, una suerte de tribunal ad hoc en el que unos árbitros (no jueces) pueden penalizar al Estado por dañar los beneficios económicos de los inversores.

Un caso paradigmático del ISDS es Vatenfall: después de que la compañía sueca de energía invirtiera capital en energía nuclear en Alemania, el Gobierno germano trató de legislar en favor de prohibir esta energía por razones de seguridad. Vatenfall apeló al ISDS para buscar una indemnización.

Además del poder que da el ISDS a las grandes empresas en relación a los estados, tiene un potencial desregulador muy fuerte: algunos estados podrían decidir no llevar a cabo ciertas políticas (como, por ejemplo legislar contra la energía nuclear) con la perspectiva de que los inversores pidan una indemnización. Más allá de que los inversores utilicen o no el ISDS, la mera amenaza de llevar a un Estado a defenderse en este tribunal paralelo es suficiente para presionar a las autoridades públicas a evitar la toma de ciertas decisiones. El ISDS serviría como amenaza disuasoria que desanimaría la aplicación de ciertas regulaciones que pudieran impactar negativamente los beneficios de algunas empresas.

La Comisión Europea no sólo ha revivido el ISDS tras las críticas profundas recibidas en el marco del TTIP, sino que pretende institucionalizarlo a nivel global a través del Multilateral Investment Court (MIC), negociado en el marco de las Naciones Unidas. El MIC reemplazaría la forma (que no la sustancia) de los mecanismos ISDS incluidos en los tratados de inversión existentes por un nuevo tribunal permanente de resolución de conflictos entre inversores y estados. La Comisión argumenta que tal tribunal tendrá más garantías que los tradicionales ISDS en materia de selección de árbitros, pero mantiene el componente fundamental: el capital mantiene e incluso expande su poder institucional en relación a los estados que tratan de regularlo.

En respuesta a la institucionalización del ISDS, una coalición de más de 150 organizaciones europeas, sindicatos y movimientos sociales ha lanzado la campaña ‘Derecho para las personas, obligaciones para las multinacionales – STOP ISDS‘, que ya ha logrado más de medio millón de firmas de ciudadanos.

La resurrección de los aspectos más peligrosos del TTIP indican el fuerte potencial desregulador de la actual política comercial de la UE, la cual tiene un efecto particularmente dañino sobre el medio ambiente. Algunos dirán que es una muestra más de la élite de Bruselas. Que no te engañen. La resurrección de los aspectos más contenciosos del TTIP no sólo necesitan del apoyo de los estados miembros de la UE, sino que en algunos casos han sido los propios gobiernos nacionales los que han solicitado las negociaciones.

Es el caso del Gobierno alemán que, en su afán de beneficiar a su industria automovilística, ha promovido la cooperación regulatoria entre la UE y Estados Unidos. La batalla política en el terreno del comercio se juega, por tanto, entre las grandes corporaciones (sean de donde sean), que tratan de desregular (o, más bien, regular en su favor) un mercado cada vez más global, y el interés público de asegurarse que las autoridades públicas mantengan la capacidad de regular democráticamente en beneficio de los ciudadanos y del medio ambiente.

Un nuevo episodio de politización transnacional está a punto de despegar: abróchense los cinturones.

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