Desvincular las ayudas por el coronavirus del estado de alarma

La reciente aprobación del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, ha supuesto el primer paso en la configuración de lo que se ha venido denominando como nueva normalidad. Es un escenario caracterizado por la finalización de la excepcionalidad jurídica, la recuperación progresiva de la actividad económica y la vuelta a una cierta cotidianidad; eso sí, marcada todavía por la sombra de la pandemia.

La probabilidad de que se produzcan rebrotes todavía es muy alta y el decaimiento de las restricciones excepcionales a la movilidad que implicaban el estado de alarma no hará sino multiplicar ese riesgo, especialmente en algunos territorios. Todo ello motivará que se prolongue la vigencia de determinadas medidas en materia de prevención sanitaria, como el mantenimiento de distancias de seguridad o el uso obligatorio de mascarillas y desinfectantes, al menos, toda vez que la adquisición de inmunidad de grupo en un plazo razonable parece lejana: hasta que se disponga de una vacuna segura.

En todo caso, ahora que por fin se vislumbra el final del estado de alarma, después de tres meses y seis prórrogas, cada vez resulta más patente el divorcio entre las lógicas de dos dinámicas que en un primer momento estaban estrechamente vinculadas. De un lado, la de las medidas restrictivas de actividades y movimientos, adoptadas al amparo del estado de alarma, que han devenido cada vez menos necesarias, haciendo que el mantenimiento de esta excepcionalidad jurídica que las sostiene se vuelva a su vez menos justificable. De otro, la de las medidas extraordinarias para mitigar el impacto económico y social de la emergencia sanitaria de Covid-19, que deberían mantenerse mientras duren las causas que afecten al normal desarrollo de la actividad o, en todo caso, en tanto sea necesario para garantizar la recuperación sostenida de la economía.

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Pues bien, siguiendo esta premisa, a continuación se señalan una serie de medidas aprobadas durante este estado de alarma cuya vigencia ha estado, o todavía se encuentra, ligada a la duración del mismo, y en las que resulta cada vez más patente la necesidad de una desvinculación que permita su aplicación durante el tiempo que sea necesario, precisamente para atender las circunstancias por las que se aprobaron en un primer momento.

Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (Ertes)

La primera medida que se ha tomado partiendo de esta premisa ha sido desvincular del estado de alarma la vigencia de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (Ertes) por causa de fuerza mayor. Esta decisión, articulada por medio del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, y que plasma el acuerdo social y político alcanzado por el Gobierno, ha supuesto su extensión generalizada hasta el 30 de junio, previendo asimismo la posibilidad de ampliar más allá esa fecha límite considerando la previsible persistencia de circunstancias que impidan el normal desarrollo de la actividad en determinados sectores. Precisamente al amparo de esa previsión, en estos momentos el Gobierno estaría negociando con los agentes sociales la posible extensión de estos mismos Ertes por causa de fuerza mayor hasta el 30 de septiembre, mientras estos últimos reclaman que se llegue hasta final de año en algunos sectores especialmente afectados.

A la luz de la evolución de la economía española a medida que nos acercamos a la fecha inicialmente marcada del 30 de junio, se diría que existen razones suficientes que justifican esta nueva prórroga hasta septiembre por causa de fuerza mayor, a fin de no comprometer la actual senda de recuperación. ¿Hasta cuándo deberán mantenerse estos Ertes? Aún es pronto para decirlo, pero, como señalan Florentino Felgueroso y Marcel Jansen, pese a sus evidentes ventajas en crisis como la que ahora nos concierne, estos procedimientos también generan efectos no tan deseables que se agravan con el paso del tiempo y que no deben ignorarse.

Prestación extraordinaria por cese de actividad de autónomos

Otra política que durante las últimas semanas se ha visto envuelta en un debate sobre la extensión de su duración, similar al de los Ertes por causa de fuerza mayor, ha sido la prestación extraordinaria por cese de actividad para trabajadores autónomos, regulada en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo; en concreto, aquéllos cuyas actividades se suspendieron por la declaración del estado de alarma o cuya facturación a resultas de la misma se redujo en un 75% o más.

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La duración de esta prestación extraordinaria se estableció, desde un primer momento, hasta el último día del mes en que finalice el estado de alarma, lo que en el momento presente conllevaría que dicha prestación finalizase este próximo 30 de junio. Sin embargo, como en los Ertes por causa de fuerza mayor, cada vez deviene menos lógico mantener esta vinculación. Igual que en ese caso, tendría sentido valorar la extensión de esta prestación extraordinaria por cese de actividad, al menos, hasta el 30 de septiembre.

Una extensión que ampliase la vigencia de la prestación, al menos, durante este periodo, contribuiría a facilitar la reincorporación de los autónomos a su actividad económica o profesional, incluso aunque se contemplase, también como en los Ertes, algún tipo de modulación en la exoneración de las cuotas a la Seguridad Social. Por ejemplo, estableciendo un porcentaje de exoneración mayor para aquellos autónomos que se reincorporen a la actividad frente a los que no, o para aquéllos que presten su actividad de forma directa frente a los que sean administradores de una sociedad, por citar algunas posibilidades. Todo ello, sin perjuicio de otras modificaciones que podría ser interesante considerar para ampliar el alcance de esta prestación extraordinaria, para asegurar que llegue a todos los autónomos que puedan necesitarla para retomar su actividad.

Medidas excepcionales para la conciliación: Plan Mecuida

Las mayores necesidades de cuidado que se derivan de esta pandemia, por ejemplo, de las personas enfermas de Covid-19 en aislamiento domiciliario o de menores afectados por el cierre de los centros educativos han motivado, asimismo, la aprobación de medidas de conciliación de la vida familiar y laboral que permitan atenderlas. Entre ellas, destaca el derecho a la adaptación y/o reducción de la jornada de trabajo, con el nombre de Plan Mecuida, regulado en el mencionado Real Decreto-ley 8/2020, para trabajadores que acrediten deberes de cuidado de familiares afectados por circunstancias excepcionales relacionadas con la Covid-19. En concreto, este derecho permite a los trabajadores reclamar la adaptación del tiempo de trabajo (cambio de horario o de turnos, modificación de la ordenación de la jornada, etc.) o su reducción, con la minoración proporcional de salario, hasta el 100% de su duración.

Inicialmente, la vigencia de estas medidas extraordinarias en materia de conciliación se limitó a la del estado de alarma, aunque más adelante, con la aprobación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, primero, y con la del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, después, esta duración se amplió hasta los tres meses siguientes a la finalización del estado de alarma, lo que hará que este derecho se mantenga, si nada lo cambia, hasta el 21 de septiembre de 2020.

No obstante, no parece lógico establecer una duración tasada para las medidas de este Plan Mecuida. Antes bien, si las mayores facilidades para acogerse a estas adaptaciones de la jornada de trabajo vienen motivadas por causas relacionadas con la pandemia de Covid-19, bien por los efectos sanitarios de la misma, como el aislamiento derivado de casos positivos o sospechosos de contagio, o por las medidas decretadas por las autoridades competentes para contener su propagación, como el cierre de colegios o centros de día, tendría más sentido que la vigencia de este Plan se mantuviera en tanto en cuanto dichas circunstancias se sigan produciendo.

Sobre todo, teniendo en cuenta que estas medidas no generan ningún coste directo para las empresas, pues la menor jornada se acompaña de menor salario, y que los sistemas de apoyo en materia de cuidados dirigidos a trabajadores con menores u otras personas dependientes a cargo siguen teniendo un alcance muy limitado. En este sentido, cabe recordar que, pese a las promesas iniciales, el Gobierno finalmente aparcó la propuesta de reconocer una prestación compensatoria a las personas acogidas a estas reducciones de jornada.

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