Diálogo democrático y derecho de protesta


Defenderé aquí el valor del diálogo democrático, lo que me llevará a subrayar también la importancia de la protesta social en el marco de sociedades divididas por desacuerdos, como las nuestras. Hacia el final de este texto, ilustraré mis dichos con algunas referencias sobre la situación en España y el problema de la independencia de Cataluña.

La época en que vivimos caracteriza por dos fenómenos distintivos que ayudan a entender muchos de los conflictos presentes. Por un lado, nos encontramos con un sistema institucional con dificultades para representar la diversidad y complejidad de voces que son propias de sociedades multiculturales. Típicamente, el sistema de elecciones resulta inhábil para captar las múltiples y variadas demandas de cada individuo; y el sistema representativo se muestra poco preparado para dar cuenta de la heterogeneidad propia de sociedades tan numerosas. De ahí la extendida sensación de que los gobiernos cambien, pero las políticas no. Fenómenos como los citados han llevado a que menos de un 30% de los europeos muestren confianza hacia sus autoridades gubernativas –un hecho que el profesor David Van Reybrouck sintetizara con la idea del «síndrome de la fatiga democrática».

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Junto con un sistema institucional que se muestra hermético hacia a la ciudadanía, nos encontramos con niveles de activismo cívico inéditos e históricamente progresivos (Joseph Schumpeter, en los años 40; o Michel Crozier y Samuel Huntington, en los 60, nos alertaban ya sobre la «sobrecarga» de demandas democráticas que el sistema institucional era incapaz de satisfacer). El choque entre las expectativas democráticas crecientes y las incapacidades institucionales acumuladas favorece, en la actualidad, tanto la inquietud y protesta sociales como el surgimiento de líderes políticos oportunistas (llamémosles populistas), que buscan sacar provecho del estado de descontento existente.

Frente a este panorama desalentador, muchos de nosotros, que concebimos a la democracia como una conversación entre iguales, consideramos que las tensiones políticas de esta época hablan mucho más de las limitaciones propias de nuestros sistemas de gobierno que de un electorado apático, irracional o manipulado. En nombre del diálogo entre iguales, apostamos entonces por extender los márgenes de la discusión inclusiva y, desde esa misma base, cuestionamos muchos de los repudiables fenómenos políticos de la época, que se afirman en las angustias democráticas presentes.

Impugnamos, por ejemplo, a líderes populistas como Donald Trump o Jaïr Bolsonaro que, montados sobre las frustraciones ciudadanas, prometen dar respuesta a todas las demandas insatisfechas, aun cuando se trate de exigencias entre sí contrapuestas. Objetamos a estos políticos que dicen actuar en nombre del pueblo (un pueblo al que invocan, pero con el que no hablan y al que no escuchan), porque su proceder niega directamente los requerimientos de la conversación democrática.

De modo similar, el ideal de la deliberación colectiva nos ayuda a rechazar una mayoría de proyectos nacionalistas –el de Matteo Salvini en Italia, o el de Víktor Orban en Hungría– que, de algún modo, radicalizan el poco atractivo fenómeno anterior: aquí la soberanía popular es tomada como un supuesto independiente de la vida política concreta, al que se alude como si subyaciera en las napas profundas de la historia –una historia que es la que los propios nacionalistas prefieren.

Asimismo, el ideal de la conversación democrática nos ofrece buenos antídotos frente a propuestas plebiscitarias como las que han proliferado en estos años –desde la consulta por el Brexit en Reino Unido hasta el referéndum por el Acuerdo de Paz en Colombia. En casos como los citados, el valor de inclusión social satisfecho por las consultas apareció siempre como excusa para sacrificar el otro valor en juego: es decir, el de la discusión basada en el intercambio de razones. Consultas como las referidas fueron organizadas a la desesperada, a partir de la avidez de los convocantes; no de estimular el diálogo colectivo, sino de sacar ventaja a partir de coyunturas políticamente comprometidas. 

¿Cómo pensar la protesta social, en el marco de estos parámetros? Ante todo, antes que descalificar la protesta por dar cabida a demandas excesivas, combatirla por su carácter disruptivo o pedir el procesamiento o detención de sus líderes, debemos empezar a reconocerla como el producto esperable de un sistema democrático que no funciona del modo apropiado.

En muchos casos, la protesta puede entenderse como el medio (extra-institucional) que escogen para expresarse quienes encuentran dificultades para canalizar institucionalmente sus demandas o quejas. Comúnmente, las protestas nos refieren a actos que comunican reclamaciones; reclamaciones que nos refieren a derechos (sociales, culturales) violados; y derechos violados que nuestras instituciones no registran políticamente, ni reparan judicialmente. Quienes valoramos la conversación democrática, defendemos (y exigimos protección para) la protesta, por lo que ella es capaz de hacernos conocer: voces de otro modo inaudibles, violaciones de derechos de otra forma invisibles. 

El caso español ilustra bien, en Europa, el panorama descrito: una ciudadanía que se moviliza reiteradamente en reclamación de derechos insatisfechos (con el 15-M como ejemplo más notorio); denuncias contra una casta que goza de privilegios indebidos; un sistema político y judicial que muestra aún rasgos elitistas y excluyentes; y fuerzas políticas de signo diverso –incluyendo a Vox y a Podemos– que se nutren del descontento. 

De modo todavía más notable, los eventos producidos en Cataluña en torno al tema de la independencia muestran la impropiedad con que el sistema institucional viene procesando demandas, protestas y descontentos. De hecho, cada uno de los pasos que se han dado al respecto contradicen directamente los aconsejados por el ideal del diálogo democrático.

Para comenzar, cada facción ha pretendido consagrar su postura sobre la facción contraria a través del recurso a los peores medios, cuando el asunto en juego exigía justamente lo opuesto: nos encontramos –conviene repetirlo– frente a un asunto complejo, socialmente divisivo y marcado por la presencia de profundos desacuerdos.

Mientras tanto, los discursos nacionalistas que ocupan la plaza pública desde hace años reproducen los peores rasgos del nacionalismo europeo, y buscan en las tradiciones históricas el apoyo social que son incapaces de encontrar en el presente.

Por su parte, el referéndum del 1-O, organizado a ‘empujones’, no pareció motivado a promover el diálogo colectivo, sino destinado a imponer la propia visión como un hecho de fuerza. La represión que se desató entonces agravó lo que ya era muy serio, porque a la irresponsabilidad de la dirigencia que organizó la consulta le siguió una respuesta injustificablemente violenta (con centenares de heridos) dirigida contra ciudadanos que –equivocados o no– habían aceptado una invitación que consideraban ajustada a sus derechos.

Peor aún, la petición de condenas penales jurídicamente insostenibles (rebelión; decenas de años de cárcel) para la inmoderada dirigencia catalana implicó volver sobre el camino equivocado: emplear la violencia del sistema penal para responder a una insensatez política que podía y merecía reproche por otros medios (diferentes de la privación de la libertad) y de otros modos (que podían incluir desde inhabilitaciones a sanciones económicas, por ejemplo).

En este caso, como en los restantes, el divisivo malestar social debe resolverse democráticamente y no a través de la represión policial, la violencia penal o los golpes de efecto. Frente a la insensatez política, y a la presencia de desacuerdos profundos sobre los derechos de que gozamos, necesitamos seguir insistiendo con el valor de la conversación entre iguales. 

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1 Comentario

  1. Odoardo Graterol
    Odoardo Graterol 02-13-2019

    Muy buen análisis sobre situaciones coyunturales, surgimiento de posiciones «aprovechadoras» y requerimientos de un replanteamiento de lo que implica la democracia. Nada más ni nada menos que la participación del ciudadano en forma activa y con reconocimiento receptivo por parte de los entes gubernamentales. Tal vez falta, difícil abarcarlo, una propuesta de acciones para reformas del marco legal, canalización de acciones participativas ciudadanas y, al vez, solo al vez, la consideración de una subdivisión de los grupos ciudadanos en células manejables para acceder al poder de decisión de grupos y comunidades. La acción siempre es la pata faltante de la mesa de: definición, análisis, síntesis y acciones conducentes a completar el tejido ciudadano. Es la complejidad que los sistemas deben aprender a manejar desde la acción (registro, estadísticas y evaluaciones) y no desde la ideación mental puramente «ideológica» (valga el pleonasmo evidente)

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