Dignidad en el proceso de la muerte en España

Anna Castán también es autora de este artículo

La reciente resolución del TEDH viene a sumarse a una serie de acontecimientos como el Caso Brittany Maynard, la aprobación en Bélgica de la eutanasia para menores o la propuesta de modificación de la legislación francesa, que tienen una trascendencia jurídico y social de amplio espectro.

El TEDH se pronuncia sobre la situación de V. Lambert, en estado vegetativo tras un accidente de tráfico en 2008 y que no había otorgado voluntades anticipadas ni nombrado a una persona de confianza, instrumentos de la legislación francesa para poder deducir, en estas circunstancias, cuál sería la voluntad del paciente.

Tras varios años de tratamientos para estimularlo y mejorar su estado de salud, el médico al cargo concluyó que el mantenimiento del soporte vital que le alimentaba vía sonda gástrica provocaba un encarnizamiento terapéutico e inició, en 2013, el procedimiento para retirarle la nutrición y reducir su hidratación, establecido en la legislación francesa vigente. Esta decisión enfrentó a la esposa de Lambert y la mayoría de sus hermanos, por una parte, y sus padres. Agotadas las instancias judiciales francesas, los padres recurrieron al TEDH alegando que la actuación médica vulneraba el artículo 2 CEDH (“El derecho de toda persona a la vida está protegido por la Ley […]”). Este precepto prohíbe al Estado no sólo abstenerse de llevar a cabo actuaciones para acabar con la vida, sino que también le obliga a tomar las medidas necesarias para salvaguardar la de aquéllos que se encuentren bajo su jurisdicción.

El TEDH analiza si el Estado francés ha incumplido dichas obligaciones, reconociéndole un margen de apreciación propio para fijar sus criterios legales y determinar las circunstancias en las que practicar este tipo de eutanasia, ajustándose a las condiciones de cada paciente y siempre asegurándose de que éste así lo consiente. Consciente de la falta de consenso respecto a esta cuestión, el TEDH deja una puerta abierta a una legislación estatal diferente en cada uno de los estados miembros. Si entramos en más detalle en el análisis de la sentencia podemos ver que se llega a dos conclusiones:

  1. La legislación francesa regula con precisión las decisiones a tomar por los facultativos; en consecuencia, Francia ha elaborado un marco legislativo adecuado para asegurar la protección de la vida de los pacientes que se hallan en esta situación.
  2. El procedimiento ha sido largo y meticuloso, excediendo los requisitos establecidos por la ley francesa; por lo tanto, ha satisfecho los requisitos que emanan del art. 2 CEDH.

El interés de la resolución del TEDH reside en ser la primera al respecto y en que el Estado español, como miembro del Convenio Europeo de Derechos Humanos, debe respetar las resoluciones de aquél,  que podemos entender como un llamamiento al legislador español para que regule la materia atendiendo a estos criterios.

En España, a pesar de diversos intentos, no existe un marco legislativo adecuado que garantice una regulación precisa y un procedimiento meticuloso. De hecho, el último empeño por consensuar a nivel estatal lo que podríamos definir como dignidad en la muerte ha venido de la mano del Parlamento Vasco, que ha solicitado al Gobierno estatal la despenalización de la eutanasia y del suicidio asistido, tipificado en el art. 143.4 del Código penal.

El literal del art. 143.4 del Código penal supone la indisponibilidad de la propia vida cuando no puede ejecutarse de propia mano. Se castiga con prisión de hasta tres años el “causar o cooperar activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro”, en el caso de que esta persona “sufra un enfermedad grave que conduzca necesariamente a su muerte”, o tal enfermedad le produzca “graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar”, y aunque esta persona lo haya pedido “expresa, seria e inequívocamente”.

Al margen, se han desarrollado legislación médica de autonomía del paciente (Ley 41/2002) y protocolos de las unidades de cuidados paliativos. En estos últimos se contemplan acciones contra el dolor que, en puridad, podrían acelerar el proceso de muerte. Y siendo literales, en el caso que nos ocupa, la desconexión de los soportes vitales puede entenderse como un acto necesario y directo. Médicos, pacientes y sus familias se encuentran en desamparo jurídico porque no disponen de lo que la sentencia denomina “un marco legislativo adecuado para asegurar la protección de la vida de los pacientes que se hallan en esta situación”.

Se dispone, en cambio, de algunas leyes autonómicas “de dignidad en el proceso de muerte” y disposiciones de “testamentos vitales” en el ámbito de competencias de los parlamentos autonómicos. Éstos no pueden desarrollar el núcleo de los derechos fundamentales como el de la protección de la vida (art. 15 C.E, 2 CEDH), aunque hayan intentado fijar los criterios legales de ese margen de apreciación del que nos habla la sentencia del TEDH sin el marco legal antes citado. Ante la cotidianeidad de casos como el planteado entendemos que es urgente una respuesta estatal unívoca a los ciudadanos y profesionales, además de extraerlos del ámbito penal y fijar unos estándares de actuación únicos en todo el territorio español para evitar el “turismo eutanásico o de la muerte”.

Autoría

2 Comentarios

  1. Fernando Marín
    Fernando Marín 06-29-2015

    La desconexión o retirada de medidas de soporte vital NUNCA puede ser considerado una causa necesaria y directa de la muerte. El caso de Inmacuada Echevarría en 2008 lo dejó claro. La ambigüedad del CP crea una situación muy incómoda, pero probablemente sólo sea punible la inyección letal. Sorprende que 20 años después jamás se haya condenado a nadie por este artículo 143.4

    • Margarita Bonet
      Margarita Bonet 06-29-2015

      Efectivamente, la interpretación actual es considerar que la desconexión no entra en el tipo. Por entenderse que es una omisión. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que del literal del artículo no se desprende eso y que al no estar desarrollado normativamente da pie a esa ambigüedad que comenta. Es cierto el sentido de la resolución de ese caso pero en España una sentencia no sienta jurisprudencia y el grado de vinculación de la jurisprudencia es menor que en países anglosajones. Por fortuna, la no aplicación del art. 143.4, nos muestra como en muchas la ley penal va por unos caminos distintos a los de la realidad del día a día y no se abren causas que no harían más que ahondar en el dolor de las familias que han sufrido una perdida en tales circunstancias. Por eso motivo creemos que los supuestos del 143.4 deben despenalizarse y regularse por una ley orgánica que diera seguridad jurídica a los profesionales, familias y, sobre todo, pacientes. No olvidemos que para las ocasiones en que no se cumplieran los requisitos legales a regular siempre tendríamos los homicidios básicos como red de punibilidad.

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