Donde los enfermos son “armas biológicas” y el personal sanitario incita al odio

En la gestión de la epidemia de la Covid-19 en Venezuela se cruzan tres líneas estratégicas del chavismo en el poder: el control hegemónico de la información, el control territorial y el control bio-político de la población. Estas tres líneas están presentes desde el 13 de marzo cuando se hizo público el decreto mediante el cual se declaró el estado de alarma para atender la emergencia sanitaria del coronavirus, que no pasó por la aprobación de la Asamblea Nacional, como se requiere para cualquier tipo de estado de excepción. Este decreto puso como eje central de la acción del Estado contra la epidemia las restricciones al libre tránsito dentro del territorio y las medidas de cuarentena o aislamiento aplicadas de manera coercitiva, dándole un rol protagónico a los órganos de seguridad ciudadana y defensa del territorio; mientras que las medidas de prevención y de control epidemiológico propiamente dicho han sido secundarias. Desde el momento en que se declaró el estado de alarma, comenzaron a desplegarse operaciones de propaganda en la comunicación relativa a la epidemia, mientras que la información epidemiológica ha sido parcial e inconsistente.

Venezuela fue uno de los últimos países en el continente en registrar casos de coronavirus. Esto se ha atribuido al aislamiento que ya afectaba al país desde hace dos años, cuando se redujo drásticamente el número de vuelos internacionales. El 15 de marzo, cuando se registraban oficialmente 17 casos de Covid-19 en Venezuela, el Gobierno de facto ordenó la llamada cuarentena social. La orden inicial cubría el área metropolitana de Caracas y seis estados en los que había pacientes infectados. Al día siguiente se cerró la frontera terrestre con Colombia; los vuelos desde este país y Europa ya habían sido suspendidos el 12 de marzo y desde Panamá y República Dominicana, el 14. Dos días después, se amplió la cuarentena social a todo el país, con el cierre de todos los negocios no esenciales, la prohibición de reuniones públicas y el uso obligatorio de mascarillas en espacios públicos.

Desde la primera semana de la epidemia, se observaron inconsistencias en la información oficial. La opacidad que rodea la información de salud pública y epidemiológica en Venezuela ha sido un problema a lo largo de la última década, y especialmente en los últimos cinco años. Es notoria la ausencia del ministro de Salud, Carlos Alvarado, en la portavocía sobre la epidemia. La información oficial corre generalmente a cargo del vicepresidente de Comunicación, Jorge Rodríguez, o de su hermana, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez. De vez en cuando, el propio Nicolás Maduro ofrece el resumen diario.

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Una de las columnas del control de la información durante la epidemia es la centralización de las pruebas de diagnóstico de la Covid-19 en el laboratorio del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel (INHRR), en Caracas. Inicialmente, la Administración prohibió que se realizaran pruebas diagnósticas en cualquier otro laboratorio del país, a pesar de que existen al menos 17 con capacidad para analizar muestras para las pruebas de coronavirus. La razón para no permitir que las universidades y los hospitales privados realicen pruebas de detección es controlar la publicación de estadísticas sobre casos.

El INHRR sólo tiene capacidad para procesar 100 pruebas diarias, por lo que se vio rápidamente sobrepasado. Con cautela, se habilitó un segundo laboratorio en el Estado Táchira, fronterizo con Colombia, donde existía gran demanda de pruebas para el control de la población de migrantes forzados que retornaban desde Ecuador y Perú. A principios de junio, aún no se reconocen oficialmente las pruebas que se puedan estar haciendo en laboratorios privados. Por este motivo, se expande la brecha entre la información oficial y el número real de casos registrados.

En lugar de utilizar, para el control epidemiológico, información producida y validada por el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, la Administración de Maduro optó inicialmente por recopilarla a través de las aplicaciones de la plataforma del Carnet de la Patria. Según la versión del régimen, más de siete millones de ‘carnetizados’ respondieron a la encuesta sobre síntomas de enfermedades respiratorias, enfermedades pre-existentes y situación socioeconómica de su grupo familiar. Hay que tener claro que pueden existir varios carnetizados por grupo familiar y que hay hogares en los que nadie está afiliado al Carnet de la Patria.

Los casos sospechosos detectados mediante este sistema Patria son presuntamente verificados en visitas domiciliarias que realizarían activistas de las Unidades de Batalla de Hugo Chávez, del gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela. Los activistas del PSUV las realizan acompañados de personal de la Misión Médica Cubana o por funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado. Más allá de la epidemia, la encuesta del coronavirus está permitiendo al régimen chavista capturar datos de salud y acceso a servicios sanitarios que se agregarán a la base de datos del sistema Patria, en donde ya tienen datos de empleo, seguridad social y registro electoral de aproximadamente 18 millones de venezolanos (cerca de dos tercios de la población del país).

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La respuesta a la epidemia prevalente Venezuela ha sido de naturaleza securitista. Hay varios sectores dentro del país que están bajo toque de queda o militarizadas de facto para controlar a la población. Esto ocurre principalmente en localidades fronterizas, comunidades indígenas y en algunas comunidades populares en las ciudades de Caracas, Maracaibo y Barquisimeto. Las órdenes de cuarentena y las medidas de distanciamiento social a menudo las aplican los cuerpos de seguridad, y en algunos lugares grupos irregulares armados, los llamados colectivos.

Desde que comenzó la cuarentena, las organizaciones de defensa de derechos (como Provea, Espacio Público, VeSinFiltro y Redes Ayuda) han documentado nuevos patrones de detenciones arbitrarias, amenazas y hostigamiento contra trabajadores de los medios, activistas sociales y personal de salud, así como incidentes de censura en internet.

La persecución a los profesionales sanitarios que denuncian la falta de insumos en los hospitales y la de materiales de bio-seguridad es preocupante. Uno de los casos emblemáticos es la detención de Julio Molina, un doctor de 72 años, acusado de provocar pánico, causar estrés en la comunidad e incitar al odio. Esta detención arbitraria se realizó alegando la inconstitucional Ley contra el Odio después de que Molina denunciara que el Hospital Núñez Tovar, en la ciudad de Maturín, no tenían insumos para afrontar la emergencia.

La cobertura de la epidemia por parte de medios independientes está restringida. Los periodistas no tienen acceso a los centros de salud y no pueden entrevistar a las autoridades sanitarias. Sólo circula ampliamente la información que emite la Administración de Maduro. La Asamblea Nacional designó una Comisión de Salud para atender la epidemia de Covid-19, pero, al menos hasta la primera semana de junio, esta comisión tampoco ha establecido un sistema de reportes periódicos de los resultados de su monitoreo en los hospitales. Sería deseable que ese sistema alternativo de información estuviese activo antes de que se produzca el pico de la epidemia en Venezuela.

En la primera semana de mayo, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales publicó un sucinto informe sobre la propagación de la Covid-19 en Venezuela. Los puntos más importantes fueron: 1) la proyección de que el pico de la epidemia se produciría entre la tercera semana de junio y primera semana de septiembre y 2) la estimación de que, dada la tasa de contagio, se podrían registrar entre 1.000 y 4.000 casos diarios cuando la epidemia entre en su fase expansiva.

De acuerdo con información suministrada por la Comisión de Salud designada por la Asamblea Nacional, Venezuela sólo cuenta con 200 unidades de cuidados intensivos y sólo 100 ventiladores para respiración asistida. La Administración de Maduro asegura contar con más de 20.000 camas para los enfermos de coronavirus, pero se asume que se trataría de las que están siendo reservadas en hoteles para aislar a los pacientes con síntomas leves.

Maduro ha intentado imponer la narrativa de que su gestión de la epidemia sería un modelo para el mundo. A medida que aumenta el número de casos positivos (2.316 en el momento de terminar de escribir este artículo), los esfuerzos comunicacionales del chavismo se centran en convencer de que la enfermedad está controlada. Los reportes oficiales enfatizan que los casos que se están registrando serían “importados”. Tanto Maduro como otros funcionarios de su Gobierno han llegado a decir que los migrantes retornados son “armas biológicas” introducidas en Venezuela por el presidente de Colombia, Iván Duque. Así, el país se aproxima a la fase expansiva de la pandemia bajo un modelo de control que estigmatiza a los contagiados y criminaliza al personal de salud.

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