Dos años de AMLO, recuento de decepciones

A dos años del inicio formal del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), es posible hacer un balance preliminar de los alcances y límites del proyecto de la llamada Cuarta Transformación. El panorama no resulta alentador. Como suele suceder a las narrativas populistas, las grandes promesas que se hacen para ganar una elección y se reiteran al inicio del mandato se enfrentan en la práctica a graves limitaciones, tanto aquellas que pueden atribuirse a la herencia de los gobiernos pasados como las que el propio Ejecutivo entrante genera con su errores estratégicos y tácticos. Durante el primer año, la denuncia y culpabilización del pasado funcionan como explicación de los errores. Después, hay que asumir ya las culpas propias o presumir de los aciertos. López Obrador ha persistido en su segundo año en la culpabilización del pasado y no ha asumido ni uno solo de sus errores. Es como si su Gobierno no hubiera terminado de arrancar. Y las consecuencias de esta incapacidad para lidiar con una realidad que ha sido superior a su voluntad política está llevando al presidente, y con él al país, a un callejón sin salida.

Anotemos primero los logros, centrados en una parcial destitución del poder político de la oligarquía económica, burocrática y partidaria neoliberal. En primer lugar, la sujeción a la autoridad del Estado de los grandes empresarios nacionales y extranjeros, en la forma más clásica: cobrándoles los impuestos que se habían acostumbrado a no pagar, o a posponer, usando la Hacienda pública como tesorería. En segundo, la renegociación de contratos abusivos de obras públicas y concesiones, si bien en algunos casos con poco éxito o violando acuerdos internacionales, lo cual tendrá un coste inevitable. Tercero, la anulación de los privilegios de la alta burocracia estatal; aunque al hacerlo sin método ni plan, el efecto ha sido la renuncia de cuadros técnicos experimentados, su sustitución por profesionales improvisados y, por tanto, el debiltamiento de las ya de por sí precarias capacidades estatales. Cuarto, la anulación de los intermediarios clientelares que controlaban una parte de la política social; pero cometiendo el grave error de poner en el mismo saco a todos los actores de la sociedad civil, algunos de los cuales hubieran servido a AMLO para instrumentar políticas en el campo de los derechos humanos y evitar el desencuentro con los movimientos feminista, ecologista y de familiares de desaparecidos. Quinto, los agentes parlamentarios de Morena han controlado a los partidos de oposición por las vías clásicas: cooptando, comprando, negociando favores, lo cual ha eliminado al Congreso como contrapeso del presidente y consolidado su poder unipersonal. Sexto, AMLO logró controlar a los gobernadores (evitando la extrema fragmentación del poder) al quitarles el manejo de los fondos públicos, pero lo hizo creando una figura para-legal, los ‘superdelegados’, que han montado una especie de Gobierno en la sombra que controla los subsidios y las nuevas estructuras clientelares sin rendir cuentas a nadie.

Al igual que en el resto del mundo, el Gobierno de AMLO se ha visto fuertemente impactado por la impredecible pandemia de la Covid-19, cuyos terribles efectos han ayudado a entender mejor las consecuencias de las formas de hacer política de la actual Administración. En primer lugar, la negación del problema: el presidente tardó meses en entender lo que pasaba y, al igual que otros líderes populistas del mundo que pensaban que su voluntad o su suerte podía sobreponerse a la realidad, decidió seguir con la misma política económica, sin destinar recursos extraordinarios a la atención de la pandemia, sin establecer una política anticíclica para mitigar los efectos de la crisis económica y sin suspender sus proyectos faraónicos.

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Dejó la gestión de la pandemia en manos de un médico obediente a las consignas de no gastar, no hacer pruebas, no establecer políticas de seguimiento de casos, concentrándose en simular que los hospitales públicos podían con los casos graves mediante el sencillo recurso de no recibir a los enfermos y dejarlos morir en casa (al menos en la fase aguda de la pandemia). El efecto: por lo menos 200.000 muertos (sólo la mitad reconocida oficialmente) y un sistema sanitario en los huesos, que ha abandonado a su suerte a millones de mexicanos con padecimientos tanto crónicos como agudos. Por ello, México ocupa el deshonroso último lugar en la lista de países de Bloomberg en cuanto a su respuesta a la Covid-19. La irresponsabilidad histórica del Gobierno en esta fase crítica cobrará, más temprano que tarde, una alta factura a AMLO.

En el frente económico, la situación es peor. La crisis era inevitable, puesto que la pandemia ha paralizado la economía mundial. Pero la forma de asumirla hace la diferencia. Ya en 2019, la economía mexicana había retrocedido debido a la incertidumbre sobre el proyecto gubernamental. Pero en 2020, en plena crisis global, se decidió ¡no hacer nada¡ En eso, México sí es un caso excepcional.

Se ha seguido invirtiendo el escaso capital público en obras improductivas y en el rescate de Petróleos Mexicanos (Pemex), una empresa zombi; y peor aun, sin reformarla. No ha habido subsidios ni perdones fiscales a pequeñas y medianas empresas, ni ayudas a los desempleados, ni programas dirigidos a la vasta economía informal. Los programas de subsidios a jóvenes y ancianos han seguido como siempre. La consecuencia ha sido un aumento radical de la pobreza y de la desigualdad, a niveles sin paralelo en el mundo. Lo increíble es que el presidente no se da cuenta de esta tragedia social, sólo mitigada por la solidaridad de los mexicanos en Estados Unidos, cuyas remesas han constituido la única red de protección frente a la pérdida masiva de empleo e ingresos.

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En el frente de la seguridad y la Justicia, la situación es igualmente grave porque el presidente ha optado por radicalizar la militarización de los Cuerpos de Seguridad. Contradiciendo sus promesas de campaña, AMLO decidió desde 2019 darle todo el poder a la Guardia Nacional, que legalmente se creó como cuerpo civil pero que opera bajo pleno control militar. El empoderamiento de las Fuerzas Armadas ha continuado en 2020, y ahora incluye también, entre otras cosas, su papel como responsables de puertos y aduanas, de la construcción del nuevo aeropuerto, de secciones de las nuevas vías férreas, del control de la migración centroamericana, del transporte de medicinas, y todo bajo la opacidad más completa. El poder económico y territorial que han adquirido las Fuerzas Armadas es inédito en la historia del Estado mexicano moderno. Lamentablemente, ese poder no se ha reflejado en la disminución de la violencia criminal, que ha seguido aumentando. Además, el Gobierno ha decidido, inexplicablemente, cancelar para 2021 el Fortaseg, único programa destinado al fortalecimiento de las policías locales y a políticas de prevención de la violencia. No ha habido ninguna política de seguridad propiamente, y esta omisión ha permitido que los grupos criminales se expandan, libren guerras cada vez más cruentas y amplíen la extracción de rentas a cada vez más gobiernos locales, pequeños y medianos empresarios, vendedores ambulantes y, en general, una ciudadanía indefensa.

Esta omisión se extiende al campo de la Justicia. Los colectivos de familiares de víctimas de desaparición forzada no ha sido atendidos, los feminicidios siguen aumentando y ni siquiera ha sido resuelto el emblemático caso de los normalistas de Ayotzinapa. Las fiscalías, tanto la federal como las estatales, siguen en la penuria presupuestaria y en la dependencia política del Ejecutivo.

El gran proyecto de López Obrador ha sido la reconstitución del Estado como poder hegemónico a través del relanzamiento del desarrollismo estatista y del presidencialismo absoluto. El plan era desde el principio fiscalmente inviable (y lo es más ahora) y políticamente precario, pues la globalización impone límites severos a la soberanía económica nacional, y la sociedad ya no admite el poder despótico de ninguna oligarquía, incluida la emergente. Peor aún, el presidente se ha privado de medios para gobernar eficazmente, pues se ha deshecho de la tecnocracia financiera y administrativa creada en los gobiernos anteriores y ha concentrado en su persona todas las decisiones; ha destruido programas e instituciones, creando en su lugar aparatos informales y precarios. Este proceso ha llevado a acentuar la disfuncionalidad del Estado en sectores estratégicos, particularmente en salud y educación, y más aún en el campo de la seguridad pública y el respeto a los derechos humanos.

Si bien la popularidad del presidente se mantiene hasta ahora muy alta, la hora de pagar cuentas llega tarde o temprano. En julio de 2021 hay elecciones de 500 diputados federales y cientos de locales en casi todo el país, así como de 15 gobernadores y casi 2.000 alcaldes. Si bien López Obrador tiene a su favor la virtual desaparición, por deslegitimación del PRI, PAN y PRD, los partidos de la coalición oligárquica neoliberal, tiene en su contra su decisión de no institucionalizar su propio partido. Morena es una mera coalición oportunista de toda clase de políticos profesionales reunidos por la expectativa de acceso al poder, careciendo de programa y de líderes. Todo depende de AMLO. La pregunta es si logrará mantener la unidad de Morena cuando la pelea por las candidaturas a puestos de elección popular ya enfrenta a grupos y personas.

El peculiar populismo de López Obrador encontró campo fértil en un país escandalizado y harto de la corrupción del Gobierno de Peña Nieto y de sus gobernadores aliados. Su oferta simbólica ha sido una vuelta a un pasado mitificado, unida a un mensaje de reconstrucción moral de fuerte raigambre cristiana conservadora. Pero la ineficacia y la irresponsabilidad de su Gobierno y la falta de empatía del líder respecto a las víctimas de la pandemia, de la violencia y de los desastres naturales pasarán factura muy pronto.

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