El ‘Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución’ en Chile

Después de 28 días de una movilización social masiva y mayormente pacífica, los actores políticos representados en el Congreso dieron el paso necesario: generar un acuerdo político amplio que permita construir un otro pacto social con una nueva Constitución.

El 18 de octubre de 2019 comenzó el estallido social más importante que ha habido en Chile en los últimos años. Sin embargo, ésta es una demanda que viene de antiguo y, no es un asunto menor, fueron los jóvenes quienes dieron el puntapié inicial. 

La vigente Constitución política de la República de Chile está obsoleta; no sólo por su origen autoritario, sino fundamentalmente porque el país ha cambiado. Diversos estudios de opinión (ver Figura 1) muestran que un alto porcentaje de chilenos quiere una nueva Constitución, y entre las razones que señalan las principales se refiere a que esta institucionalidad ya no refleja los intereses ciudadanos.

Figura 1.- Importancia del cambio constitucional. COES (2019)

A pesar de eso, fuerzas políticas de derecha y algunas del centro político se han opuesto constantemente a un cambio total de la Constitución, que ya se había reformado sustancialmente en 1989 y 2005.

El impulso más importante por el cambio constitucional lo lideró Michelle Bachelet cuando, en 2015, dio inicio al Proceso Constituyente Abierto a la Ciudadanía (Figura 2), que, de forma inédita y basada en su poder co-constituyente como presidenta de la República, convocó a un proceso de participación ciudadana amplio cuyos resultados tendrían incidencia política para avanzar en esta senda. En él participaron más de 204.000 personas, en Chile y chilenos en el exterior, y sus opiniones fueron sistematizadas en un informe denominado Bases Ciudadanas para la Nueva Constitución.

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A partir de este diálogo ciudadano, Bachelet dejó dos legados: a) un proyecto de reforma del capítulo XV para habilitar un camino de cambio total, proponiendo una Convención Constitucional; y b) un proyecto total de nueva Carta Magna sustentado en las Bases Ciudadanas, que ingresó en el Congreso en marzo de 2018, antes de dejar el Gobierno a Sebastián Piñera.

Figura 2.- Proceso Constituyente Abierto a la Ciudadanía realizado durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet. Segpres (2017).

Muchos se preguntan por qué quedó suspendido este proceso constituyente. La respuesta es clara: aún no había cuajado el acuerdo político amplio necesario para avanzar.

Por eso es tan importante el anuncio de acuerdo expresado por gran parte de las fuerzas políticas representadas en el Congreso este histórico 15 de noviembre. Por primera vez, se abre el camino hacia una nueva Constitución, por una vía democrática, participativa e institucional. ¡Y ésa es una excelente noticia para la democracia!

¿Qué implica este acuerdo? Es el resultado de múltiples diálogos entre actores sociales y políticos. En primer lugar, los partidos y los parlamentarios, aunque se han tomado su tiempo, han dado una señal clara de que entienden la magnitud de la crisis. No podemos olvidar que en esta lucha social se ha visto la violación de los derechos humanos por parte de las Fuerzas de Seguridad chilenas, así como un Gobierno indolente que ahondó la violencia y el descontento. Esto, sin duda, ha influido en la decisión del Congreso chileno.

Las negociaciones partieron con dos posiciones distantes: la oposición pidiendo una Asamblea Constituyente mediante un plebiscito que la habilitara (que la ciudadanía decida) y el Gobierno –después de mucha presión social, de largas jornadas de protesta y represión policial– proponiendo un Congreso Constituyente para abordar algunas reformas constitucionales.

Este anuncio gubernamental lo hizo el actual ministro del Interior, Gonzalo Blumel, a la salida de una reunión en la casa del presidente Piñera con partidos de su coalición el pasado 10 de noviembre. Llamó la atención que uno de los anuncios más importantes de una posible salida no lo hiciera el presidente y en cadena nacional, sino que tuviese este nivel de informalidad. Mas allá de eso, la reacción fue de rechazo y confusión, pues no quedaba claro lo que se entendía por Congreso Constituyente. Anteriormente, el Gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Social, había ofrecido la puesta en marcha de un dialogo ciudadano sobre una agenda social, lo que fue rechazado por actores sociales y políticos por no incluir el debate constitucional.

Paralelamente, los alcaldes (gobiernos locales) buscaban transversalmente una salida a la crisis. De hecho, fueron los primeros actores políticos que ofrecieron una alternativa: la realización de un plebiscito local en el que se preguntara a los ciudadanos sobre la demanda de una nueva Constitución (aprobar o rechazar el cambio constitucional), sobre el mecanismo de cambio (Asamblea, Congreso) y sobre las prioridades de una Agenda Social que abordara desde la legislación y las políticas públicas los principales problemas de la ciudadanía.

El anuncio del ministro Blumel se hizo a las puertas de que los alcaldes presentaran su acuerdo para convocar el citado plebiscito comunal, que si bien no era vinculante en materias constitucionales, representaba el primer acuerdo político transversal (de izquierda a derecha) para una salida a la crisis.

El mundo social, agrupado a través de ONGs y de gremios y movimientos sociales reunidos en Unidad Social, convocó movilizaciones y, paralelamente, participó en diversas mesas de diálogo con objeto de alcanzar los acuerdos necesarios para salir de la crisis. Uno de los factores novedosos de este estallido social es que ha sido amplio, diverso, sin banderas de partidos y repleto de banderas de los pueblos indígenas, jóvenes estudiantes, adultos mayores, territorios. Por eso, nadie puede atribuirse su representación, lo que sin duda demanda espacios de participación y deliberación que complementen la democracia representativa.

El acuerdo político amplio alcanzado en el Congreso hace posible la vía institucional, democrática y participativa para una nueva Constitución. Luego de largas horas de debate, los presidentes firmantes de 11 partidos se comprometen a aprobar las reformas constitucionales y legales para convocar un plebiscito en abril de 2020 para que se responda a dos preguntas: ¿Quiere usted una nueva Constitución? (Apruebo/Rechazo) y ¿qué tipo de órgano debiera redactarla? (Convención Mixta Constitucional o Convención Constitucional). Además, se establece un quorum de dos tercios para la aprobación de normas y reglamentos, y que la nueva Carta Magna será sometida a plebiscito ratificatorio, entre otros aspectos.

Lo anterior es relevante porque deshace la traba más difícil al cambio constitucional, que es obtener los dos tercios de ambas cámaras para que se habilite un plebiscito en el que se consultará a la ciudadanía. La actual ley de leyes no incluye un mecanismo de cambio constitucional total, y eso es lo que se modifica con este acuerdo político amplio. Lo más complejo fue conseguir los quórums de aprobación de normas dentro de la Convención, pues es ahí donde están los principales temores de la derecha sobre una Asamblea Constituyente. El mínimo de los dos tercios aboca a las fuerzas políticas y sociales a construir las mayorías necesarias.

Además, es un compromiso por un cambio constitucional con amplia participación de la ciudadanía. Las dos alternativas, Convención Mixta (que incluye ciudadanos electos y parlamentarios en ejercicio) o la Convención Constitucional (sólo los primeros) implican un ejercicio democrático de debate y participación.

El lenguaje también se ha construido en conjunto. El temor de algunos de hablar de Asamblea Constituyente hizo que, finalmente, se reutilizara el concepto de Convención Constitucional para ese espacio de dialogo y deliberación, que ya fuera utilizado en 1833. Y con dos plebiscitos: de entrada y salida.

Aun quedan cosas por definir, preguntas que contestar y actores que sumar. Ése es el trabajo pendiente a corto plazo: construir confianzas entre ciudadanos, entre ciudadanos y elites, entre ciudadanos e instituciones. No en vano, una de las principales explicaciones de esta crisis es la baja confianza interpersonal e institucional que Chile viene mostrando desde hace años.

También habrá que abordar el problema de la violencia social que ha irrumpido con fuerza, pues junto a las manifestaciones pacíficas los focos de violencia fueron destructivos y rechazados por una gran mayoría. Se nos abre una oportunidad histórica para recuperar nuestras instituciones y construir un nuevo pacto político y social.

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