El asesinato de líderes cívicos y sociales en Colombia

Las brechas existentes entre la Colombia urbana (central) y la rural (periférica) se materializan en múltiples aspectos. Uno de los principales es la asimetría de la presencia del aparato estatal tanto en su sentido más básico, el monopolio legítimo de la violencia, como en su dimensión más material, como por ejemplo, la oferta de servicios públicos. 

La desigualdad en la penetración del estado en el territorio tiene visibles, y predecibles, consecuencias. Una de las principales es la conformación de órdenes políticos locales que integran actores de tipo institucional con otros de naturaleza ilegal (guerrillas, disidencias de las FARC, grupos neo-paramilitares y otro tipo de organizaciones asociadas al narcotráfico y la minería ilegal) que operan, en algunas oportunidades, de forma integrada en el control del territorio y la regulación de la vida social en él.

[Recibe diariamente los análisis de más actualidad en tu correo electrónico o en tu teléfono a través de nuestro canal de Telegram]

Después de un paréntesis de relativa tranquilidad que la negociación entre el Estado y las FARC produjo durante el último lustro, la violencia política en muchas de esas zonas periféricas volvió a recrudecerse. La existencia de amenazas sistemáticas y el asesinato de líderes políticos y sociales parece haberse transformado en el denominador común en muchas de esas zonas del país. Dependiendo de la fuente, la dramática cifra de líderes sociales asesinados en Colombia para el período que va  de enero de 2016 a julio de 2018 estima entre 300 y 400. Reportes recientes indican que la alta incidencia de este tipo de violencia se ha sostenido en los meses posteriores. 


Asesinatos de líderes sociales entre 2016 y 2018

Fuente: Albarracín, Milanese y Valencia, 2019

En una coyuntura electoral como la actual (el 27 de octubre se celebrarán elecciones municipales y departamentales), el ambiente político se ha vuelto más tenso. Especialmente después de acontecimientos, por solo mencionar uno de los más impactantes, como el crimen contra Karina García Sierra, candidata a alcaldesa del Partido Liberal en el municipio de Suárez en el departamento del Cauca, asesinada junto a su madre y parte de su equipo de campaña. Según el periódico El Tiempo, cinco candidatos han sido exterminados y catorce han sido amenazados desde el 27 de julio de este año. 

Pero ¿Qué explica la continuidad o, incluso, el recrudecimiento de violencia en éstas regiones? En Electoral Competition, Local Political Orders, and Criminal Violence, Analysis of the Assassination of Social and Civic Leaders in Colombia, de los autores de este artículo e Inge Valencia sugerimos algunas respuestas que sintetizamos aquí. .

Las respuestas son múltiples y complejas. Aquí, sin negar la indiscutible relevancia que variables analizadas por estudios previos como las economías ilegales (cultivos ilícitos y minería ilegal) o los niveles de capacidad estatal  poseen sobre la producción de violencia política, incluimos nuevos factores, de corte político, que complementan a las anteriores. Hacemos referencia en aspectos especialmente relacionados con el desafío a los órdenes políticos locales presentes en distintas regiones que producen un cóctel explosivo al combinarlos con la debilidad del aparato estatal.

Los resultados preliminares del estudio muestran que las élites locales (desde los políticos locales hasta los grupos criminales) utilizan la violencia para mantener el status quo frente a los desafíos de nuevos actores políticos y cívicos. Desde este punto de vista, el asesinato de líderes cívicos y sociales no está exclusivamente asociado al control de las economías ilícitas. También es el resultado de procesos de control político y social de las comunidades rurales y periféricas donde se hace uso de la violencia contra liderazgos para sostener órdenes locales preexistentes. 

Observamos la continuación de un proceso histórico de construcción “diferencial”  del estado en Colombia donde en múltiples zonas las élites locales establecen normas que van  a contracorriente de las reglas formales democráticas. Vemos entonces como se ha dado una penetración asimétrica del territorio por parte de un estado, donde se toleran órdenes políticos locales de corte autoritario siempre y cuando estos no desafíen la autoridad y existencia del Estado central explícitamente. La implementación del acuerdo entre el Estado y las FARC, una oportunidad para romper con este legado histórico, lamentablemente no se ha materializado completamente.

Desde este punto de vista, los municipios que arrastran niveles más altos de competencia política (usualmente de corte urbano) tienden a ser menos propensos a experimentar violencia contra sus líderes comunitarios. Por el contrario, en aquellos en los que ésta es baja, tiende a producirse el efecto contrario. Esto se hace particularmente sensible cuando ese incremento de la competitividad está directamente asociado al poder electoral manifestado por las fuerzas de izquierdas. A mayor fuerza electoral de la izquierda en elecciones locales, mayor la probabilidad estimada de observar el asesinato de líderes sociales.

Porcentaje de voto por partidos de Izquierda – Elecciones Municipales 2015

Fuente: Albarracín, Milanese y Valencia, 2019

La frecuencia de los crímenes aumenta en áreas en las que las FARC estuvieron presentes antes de comenzar el proceso de desmovilización. Es probable que el vacío de poder dejado en muchos de esos territorios—donde el Estado no pudo, pero en muchos casos ni siquiera intentó establecer su presencia efectiva—haya llevado a que se produjera un escenario donde ante el vacío de poder, se produjeran disputas del poder territorial por parte de otras organizaciones ilegales y otras élites locales, siendo los líderes cívicos y sociales víctimas de estas disputas.

Municipios en los que estaban presentes las FARC antes de la firma de los Acuerdos de Paz

Fuente: Albarracín, Milanese y Valencia, 2019

No solo considerar la presencia de grupos criminales, economías ilegales o la precaria presencia del Estado central explican las dinámicas de violencia política que se observa en Colombia actualmente. Cabe analizar estos factores en conjunto con las formas de poder local, es decir, entender cómo se gobierna efectivamente la periferia y cómo momento críticos como la firma del acuerdo y las desmovilización de las FARC alteraron la gobernanza de la periferia.

A esto, ahora, tendrá que sumársele como otros acontecimientos como el abandono de los acuerdos de paz realizado por algunos de los miembros más reconocidos de las FARC como Jesús Santrich o Iván Marquez. Ellos no solo formaron parte de la mesa de negociación de La Habana, sino que, además, se esperaba que ocupasen curules en el Congreso. Si bien el anuncio oficial de su rearme produjo un efecto mucho más contundente en la opinión pública previamente señalada como “central”, sin que se apreciara, en el corto plazo un cambio significativo en las regiones conflictivas—en muchas de ellas ya estaban presentes disidencias de las FARC que no entraron en el proceso de paz—será importante considerar en qué medida ellos logran (o no) rearticular estas disidencias y de esta manera desequilibrar nuevamente el balance de poder. De cualquier manera, lo que observamos ahora en la época del post-acuerdo es, lamentablemente, la continuación de la forma histórica de construcción de Estado y la gobernanza de la periferia en Colombia. 

Autoría

Deja un comentario

X

Uso de cookies

Esta página utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle información relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.