El coste económico de la debilidad institucional

La corrupción es ante todo un problema ético y de convivencia. Quebranta las bases morales y normativas de la sociedad y lo hace desde las instancias que lideran y dan ejemplo al resto de ciudadanos. Pero, además, la calidad de las instituciones de gobierno y el control de la corrupción son una clave fundamental del desarrollo económico de los países.

Con frecuencia, se piensa en el coste de la corrupción sólo en términos del dinero robado o indebidamente apropiado en el ejercicio de funciones políticas o públicas, o mediante la influencia sobre estas funciones. Sin embargo, los costes económicos de la corrupción van mucho más allá del montante de fondos públicos desviados, ya que debilita elementos clave del funcionamiento y dinamismo de una economía. La corrupción y los déficits de calidad institucional reducen los niveles de inversión porque disminuyen la rentabilidad de los proyectos empresariales y aumentan su incertidumbre, desvían recursos humanos y financieros hacia la influencia en los órganos de decisión pública, en lugar de asignarlos a actividades productivas, y orientan los esfuerzos hacia la búsqueda de privilegios, desincentivando el emprendimiento y la innovación.

El entorno institucional de un país constituye la base sobre la que circulan e interactúan sus empresas y trabajadores. De nada sirve construir y poner en marcha un vehículo fabuloso si la infraestructura por la que tendrá que circular está llena de socavones y salpicada de curvas cerradas. Es fundamental que la ciudadanía entienda que la corrupción y una gobernanza de baja calidad se traducen en un mayor desempleo y unos salarios inferiores a los que serían posibles con un entorno institucional más acorde con el nivel de desarrollo de la economía.

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La calidad de las instituciones de gobernanza española se sitúa entre el 20% de los países con un mayor nivel del mundo, según los indicadores del Worldwide Governance Indicators (WGI), elaborados para el Banco Mundial y con información sobre 154 países con más de medio millón de habitantes. Sin embargo, los resultados que obtiene España se sitúan por debajo de lo que le correspondería de acuerdo con el desarrollo de su economía. España obtiene un valor de 6,8 sobre 10 en el indicador combinado de calidad institucional, frente al 8 de la media de Alemania, Francia y Reino Unido, modelos de economía avanzada. Ahora bien, se sitúa así mismo por delante de otras economías mediterráneas como la italiana y la griega, cuya calidad institucional promedio apenas alcanza un valor de 5,8.

El informe Los costes económicos del déficit de calidad institucional y la corrupción en España’elaborado por los autores de este post gracias al apoyo de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), extrae ese índice combinado de calidad como un promedio de cinco indicadores que proporciona el WGI. En concreto, se analiza la voz y rendición de cuentas (democracia y libertades públicas), la efectividad gubernamental, la calidad regulatoria, el respeto a ley y los contratos y, por último, el control de la corrupción. El nivel de calidad institucional que se obtiene según el indicador combinado de los WGI sitúa a España en torno al percentil 81 (es decir, entre el 20% de países con mejor calidad a nivel mundial). Ahora bien, la productividad española figura notablemente más arriba, en torno al percentil 85 (el país más productivo del mundo ocupa el percentil 100 y el menos productivo ocupa el percentil 1).

La calidad institucional aparece, pues, como una debilidad relativa de la economía española que ha de ser compensada por otras fortalezas. Si todos los factores de la economía española se situasen en ese nivel relativo de la calidad institucional (es decir, si se situasen en el percentil 81 de su distribución mundial), la productividad de la economía española sería un 17% inferior. Esto nos dejaría en los niveles, por ejemplo, de Eslovenia.

El país presenta su mejor desempeño en las categorías de voz y rendición de cuentas, cumplimiento de la ley y los contratos y efectividad del gobierno. Sin embargo, las mayores debilidades aparecen en los indicadores sobre calidad regulatoria, donde se sitúa 1,2 puntos por debajo de Alemania, Francia y Reino Unido y, sobre todo, en control de la corrupción (2,3 puntos por debajo). Este último indicador mide la confianza en los políticos, los funcionarios, el sistema judicial, el sistema de recaudación de impuestos y la existencia de pagos irregulares en contratos públicos. En la comparativa mundial, España aparece en el percentil 75, que es el que corresponde a una productividad por ocupado inferior en un 23% a la de la economía española; en los niveles, por ejemplo, de Eslovaquia.

Por su parte, la calidad regulatoria recoge aspectos como el exceso de regulación y sus costes para las empresas, la facilidad para iniciar negocios, la existencia de posibles impuestos discriminatorios, los controles de precios y la libre competencia. En este caso, España se sitúa en el percentil 79 de la distribución mundial, lo que corresponde a una productividad por ocupado inferior en un 21% a la de la economía española, lo que equipararía a nuestro país con Grecia y la República Checa, por poner dos ejemplos.

Del análisis de los indicadores WGI se deriva también que la trayectoria española ha sido ligeramente decreciente en calidad institucional, ya que todos los indicadores se sitúan en 2017 a un nivel inferior al de 2003. El indicador global ha descendido desde un 7,8 a un 6,8.

El principal objetivo del informe es mostrar que el déficit de calidad institucional, una de cuyas manifestaciones y consecuencias es la corrupción, tiene un importante coste económico que va más allá de los fondos apropiados indebidamente. Elevarla hasta el nivel que le correspondería dada la productividad del país permitiría incrementar el PIB ‘per cápita’ en un 16% en un plazo de unos 15 años. Esto significaría  elevar el crecimiento medio anual de la economía española en torno a un punto porcentual a lo largo de ese periodo.

Estas estimaciones se basan en el trabajo de un buen número de investigadores económicos que, a lo largo de las últimas dos décadas, han situado la calidad institucional entre los factores fundamentales para el desarrollo económico, permitiendo estimar el coste medio que supone en términos de renta per cápita y productividad. En concreto, haciendo uso de esas estimaciones, hemos calculado el impacto que tendría llevar la calidad institucional española desde el lugar que ocupa en la actualidad hasta el percentil 85 que correspondería a su nivel de productividad.

El impacto positivo se produciría indirectamente, a través de mecanismos que aumentarían la inversión y la productividad y, con ellos, la producción y el empleo. La mayor seguridad jurídica, la reducción de la corrupción, la eliminación de trabas administrativas, la mejor regulación, la mayor competencia, etc. incentivarían la inversión nacional y extranjera, harían más fáciles y rentables el emprendimiento y la innovación y mejorarían la asignación de recursos privados y públicos hacia las actividades más productivas.

En la última parte del informe se proporciona una lista de líneas de actuación para la mejora de la calidad institucional. No es exhaustiva ni original, puesto que comparte muchos elementos con otros trabajos que han ido apareciendo en los últimos años sobre la necesidad de una regeneración institucional (por ejemplo, Carles Ramió (2016)Javier Andrés y Rafael Domenech (2015)Víctor Lapuente (2016)Carlos Sebastián (2016) y Manuel Villoria, José M. Gimeno y Julio Tejedor (2016), entre otros).

Las recomendaciones se ordenan en tres grupos: (i) refuerzo de los controles y contrapesos del poder; (ii) mejora de la independencia, calidad y transparencia de la Administración, y (iii) mejora de la efectividad de las elecciones como mecanismo de selección y control.

Dentro del primer grupo, entre otras líneas de actuación, se aboga por mejorar la independencia y los medios del Poder Judicial y de órganos como los tribunales de Cuentas, la Airef y los consejos de Transparencia, por mejorar el control parlamentario del Ejecutivo (creando, por ejemplo, una oficina de evaluación de las políticas públicas) y por eliminar las interferencias en los medios de comunicación.

Dentro del segundo, se defiende la necesidad de una simplificación normativa, el refuerzo de la independencia de los organismos de regulación y supervisión y la despolitización de los niveles superiores de las administraciones públicas y sus entes instrumentales, entre otras cuestiones. Y dentro del tercer grupo, se aboga por el desbloqueo de las listas electorales.

El reto de mejorar la calidad de las instituciones de gobernanza no es, pues, trivial, sino imprescindible para consolidar la posición de nuestro país como una economía avanzada y posibiltar el crecimiento de la productividad, los salarios y el empleo a largo plazo.

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