El crecimiento en América Latina: ¿son todos los gobiernos iguales?

La elección del conservador Sebastián Piñera en 2018 llevó a muchos a pronosticar la recuperación del crecimiento económico en Chile. Según una narrativa bastante popular, habrían sido las torpezas de la socialista Bachelet y su falta de interés por la economía los principales causantes del estancamiento durante el periodo 2014-2018. La administración de Bachelet “tenía una total indiferencia respecto a lo que se necesita para asegurar un crecimiento del 5%. Pensaron que podían decir y hacer lo que quisieran y podría tratar a los empresarios como querían” criticaba el recién elegido Ministro de Economía José Ramón Valente tras el triunfo de Piñera. Incluso dentro de los propios aliados de Bachelet surgieron las críticas: el gobierno nunca “se planteó el objetivo explícito de avanzar hacia un crecimiento económico, alto y sostenido, tras el objetivo del desarrollo” se lamentaba el exsenador cristianodemócrata Ignacio Walker. 

Un año después, la realidad resultó más compleja de lo esperado. Como explicaba recientemente el economista chileno Ricardo Ffrech-Davis en Twitter, mientras que el Producto Interior Bruto (PIB) creció a una tasa anualizada del 4,6% en el primer trimestre de 2018 (el último de Bachelet), promedió sólo un 1,6% entre enero y marzo de 2019. Más aún, cuando consideramos todos los gobiernos de la democracia en Chile, vemos que es difícil encontrar una relación clara entre crecimiento e ideología gubernamental: el país creció, por ejemplo, de manera similar durante el Gobierno del socialista Ricardo Lagos (4,7%) que durante el primero de Piñera (5,3%). Durante el Gobierno de Eduardo Frei (el segundo de la Concertación), la tasa de expansión pasó de un 7,1% en 1997 a un -0,5% sólo dos años después. 

El mito de que los presidentes de derecha tienen mayor éxito económico que los de izquierda se reprodujo en años recientes en Argentina. El reemplazo de Cristina Kirchner (acusada con reiteración de “populista”) por el empresario Mauricio Macri llevó a una ola de optimismo en los mercados. “Los inversores apuestan por el cambio”, se felicitaba el Financial Times, alabando la agenda liberal del candidato derechista y apostando por la recuperación económica. Rápidamente, el Gobierno de Macri renegoció la deuda con los fondos buitre y anunció reformas estructurales y la vuelta del país a los mercados de capitales: “Es un cambio de época que va a ser maravilloso», prometió el nuevo presidente.

En los tres años siguientes, por desgracia, estas promesas no se materializaron. Entre 2015 y 2018, el PIB per cápita cayó un 4,4%, la tasa de desempleo pasó del 6,5% al 9,1% y la deuda externa se duplicó, llegando a sobrepasar de nuevo el 50% del PIB. Todavía hoy algunos observadores quieren echarle la culpa de los males presentes al Gobierno de Kirchner. Hace poco estaba sentado al lado de un economista de una universidad norteamericana y asesor de distintos empresas y organizaciones internacionales que defendía que el peso argentino se devaluaba cada vez más porque Cristina Kirchner subía en las encuestas para las elecciones presidenciales de octubre.

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La falta de materialización de la promesa conservadora es también evidente en Brasil, donde Bolsonaro, pese a anunciar numerosas reformas liberalizadoras, no ha logrado una mejora significativa de la situación económica.

Con la discusión de las experiencias argentina, brasileña y chilena no pretendo demostrar que la política del día a día no importe. Allí tenemos a los gobiernos del argentino Carlos Ménem en los 90 o del venezolano Nicolás Maduro ahora (nominalmente de derechas e izquierdas, respectivamente), recordándonos los desastrosos costes de una gestión macroeconómica irresponsable. No quiero tampoco mantener que los gobiernos progresistas generan un mayor crecimiento, afirmación que no se apoya tampoco en la evidencia empírica.

Mi argumento es que el crecimiento económico de un año para otro en América Latina tiene, en general, más que ver con las condiciones externas que con las medidas cortoplacistas del Gobierno de turno. En los países al sur de Panamá, la economía se expande de forma rápida cuando los precios de las materias primas y de los productos agrícolas son altos y cae cuando éstos entran en declive. “Los productos básicos han estado en el centro del desarrollo económico de América Latina”, explica José Antonio Ocampo, economista colombiano y exsecretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Esto se debe, en parte, a las dificultades que sigue teniendo la región para adoptar políticas anticíclicas que le permitan reducir de forma sostenida el impacto de los ‘shocks’ externos. En general, y salvo excepciones, no debemos hacer mucho caso ni a los políticos ni a los medios de comunicación cuando pretenden vendernos que la evolución cortoplacista del PIB es resultado de la gestión pública. 

¿Quiere decir esto que la ideología no importa? ¿Son todos los gobiernos iguales? ¿No hay posibilidad de hacer políticas pro-desarrollo? ¡En absoluto! La experiencia histórica, tanto en América Latina como en otras regiones en desarrollo, nos permite afirmar que la política es muy relevante en el largo plazo tanto para el crecimiento como para las mejoras distributivas. Los gobiernos que son capaces de reformar sus sistemas impositivos, eliminar los subsidios a las élites, aumentar el gasto social y mejorar la eficiencia y universalidad de la salud y la educación contribuirán a la reducción de la desigualdad en el largo plazo. De la misma manera, la mayor inversión en ciencia y tecnología, la implementación de una política industrial inteligente o la gestión adecuada del tipo de cambio (evitando siempre la sobrevaloración excesiva) pueden contribuir al más que necesario cambio en la estructura productiva.

El problema es que el desfase temporal entre las medidas adoptadas y el rendimiento económico observado tienen implicaciones profundas sobre el funcionamiento de la democracia. Por desgracia, los votantes tienden a evaluar a los gobiernos en función del crecimiento presente, aunque éste no sea responsabilidad de éstos, particularmente en América Latina. Tienden, así, a reelegir a los presidentes en momentos de expansión y castigarlos en tiempos de recesión. La mayoría de los votantes no tiene, en cambio, forma de evaluar las políticas de largo plazo. Ante esta deficiencia, la responsabilidad de la prensa y los expertos es enorme. Debieran ser ellos los que promovieran un debate informado y una evaluación sosegada de las políticas públicas. Por desgracia (y salvo honrosas excepciones como, por qué no decirlo, la propia Agenda Pública)los medios están todavía muy lejos de cumplir esta importante labor.

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