El cuerpo de las mujeres como cuestión de ciudadanía

La reciente reaparición del aborto en el debate político pone en evidencia el problemático encaje que en democracia se viene dando a la capacidad de las mujeres para decidir sobre nuestro cuerpo. Trabajo sexual, gestación por subrogación, el uso en los espacios públicos de distintas modalidades de velo islámico, son cuestiones cuya regulación suscita controversia social y jurídica. El aborto es, precisamente, una excepción. En efecto, pese al recurso de inconstitucionalidad que sigue pendiendo sobre ella, la Ley Orgánica 2/2010, que introdujo en España un sistema de plazos, disfruta de un amplio consenso jurídico y social, consenso reforzado por el descenso de los índices de aborto en nuestro país desde su entrada en vigor y que se puso de manifiesto en el sonoro fracaso de la propuesta Gallardón de volver a un sistema de supuestos, que se saldó con la dimisión de su proponente como ministro de Justicia. Suscitar ahora un debate en torno al aborto no viene sino a subrayar que la capacidad de las mujeres de decidir sobre nuestro cuerpo sigue siendo, en democracia, una cuestión irresuelta.

Es ya un lugar común reconocer que el Estado moderno y su ciudadanía activa se construyeron en masculino, que masculinos son sus ideales de igualdad, libertad y fraternidad, y el culto a la racionalidad que los sustenta. Menos común es reconocer que, mientras los titulares (varones) de esa ciudadanía activa se configuraron como seres incorpóreos, el cuerpo de las mujeres se construyó como objeto de regulación, de protección y control por parte de los varones. Ni es común reconocer los efectos infantilizadores de ese binomio cuidado-control, con el que se nos anclaba en una ciudadanía pasiva alejada de la esfera pública de autogestión ciudadana, sometiéndonos como seres domésticos a la heteronomía de los dictados ajenos.

El problema es que cuando las mujeres ingresamos en la ciudadanía activa lo hicimos como seres corporizados, que la sujeción de nuestro cuerpo al cuidado-control de otros acompañó nuestro ingreso en lo público, convirtiéndose aquí en la herencia más persistente del patriarcado. Acabar con esta herencia pasa, en un Estado constitucional democrático, por que las cuestiones relativas al cuerpo de las mujeres sean abordadas en coherencia con los principios en que descansa dicho Estado. Ello equivale a abordarlas en términos de auto-referencialidad jurídica, libre pues de consideraciones meta-jurídicas que puedan venir a enturbiar las premisas que informan el Derecho en un Estado democrático, dando entrada a relaciones de poder que, con frecuencia, descansan en prejuicios de género. Y equivale a hacerlo a partir del principio de autonomía, del reconocimiento de que lo que define a los ciudadanos y las ciudadanas de un Estado constitucional democrático es su capacidad de auto-normarse, con el solo límite de la capacidad de auto-normarse de las y los demás.

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Se impone pues que, al aproximarse al cuerpo de las mujeres, el Derecho democrático asuma que somos ciudadanas autónomas. Ello le obliga a convertirnos en protagonistas de dicha regulación. Hacerlo pasa por garantizar nuestra presencia y participación paritarias en los órganos representativos encargados de diseñarla, pero también por involucrar en un debate social a las mujeres que puedan verse afectadas por ella. Y pasa por erigir la autonomía en punto de referencia de ese diseño, poniéndolo al servicio de garantizarla.

No cabe así acallar la voz de mujeres apelando a su incapacidad para adoptar sus propias decisiones, a que la presión social o determinados procesos de victimización las inhabilitan para actuar como agentes de su propia vida. No cabe hacerlo ni siquiera donde, vistas desde fuera, sus decisiones puedan parecernos pobres en términos de autonomía, probablemente porque han sido adoptadas en el marco de un abanico de opciones insatisfactorias.

Y es que, en un Estado constitucional democrático, la obligación del Derecho no es reemplazarnos en nuestra capacidad de decidir, imponiéndonos o prohibiéndonos decisiones concretas que por su contenido puedan parecer más o menos autónomas. Es aceptar que nuestra autonomía no se mide tanto por el contenido de las decisiones que adoptamos como por nuestra capacidad de adoptarlas según nuestro propio criterio, en un proceso en el que sólo sus protagonistas pueden apreciar cuál de las opciones disponibles se ajusta mejor a sus intereses. Concebida así la autonomía, la obligación de los poderes públicos para con ella es garantizar que nuestros procesos de toma de decisiones no se ven condicionados por relaciones de poder ni injerencias externas. Y es proporcionarnos un abanico de opciones que puedan tener sentido dentro del mapa vital que cada cual, autónomamente, diseñe para sí.

Lo que se impone, en definitiva, es que el Derecho asuma la ciudadanía activa de las mujeres, de todas las mujeres, nuestra capacidad de tomar nuestras propias decisiones vitales, sin descalificarnos ni suplantarnos en la tarea. Es que, ante las que perciben como opciones insatisfactorias en términos de autonomía, el Derecho no caiga en la tentación de privarnos de la capacidad de adoptarlas.

Su obligación es más bien, de un lado, garantizar que dichas decisiones no se ven viciadas por elementos de poder. Y es proporcionarnos, de otro lado, un abanico de opciones que doten a nuestros procesos decisionales de sentido en términos de autonomía. Si, aun así, nuestra decisión sigue sin ajustarse, por su contenido, a una determinada imagen maestra de la autonomía, y siempre que ello no restrinja injustificadamente la de terceras personas, la obligación de los poderes públicos y de una ciudadanía que se quiere democrática no puede ser sino respetarla.

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