El derecho de asilo desde la perspectiva de género

Cada día, mujeres, hombres, niños y niñas de muchos lugares del mundo huyen y buscan protección. Han puesto todas sus esperanzas en el derecho de asilo. En el último derecho que queda cuando todos los demás han sido violados. En una protección que solo podrán reclamar cuando lleguen a un país seguro.

Esto significa salir del propio, transitar entre fronteras militarizadas, sobrevivir a trámites discriminatorios o sobrevivir al desierto, al mar y a las alambradas. Un trayecto migratorio que, en el caso de las mujeres, está profundamente atravesado por la violencia física y sexual, principalmente en lugares fronterizos.

La huida de muchas mujeres está relacionada con persecuciones de género como la violencia intrafamiliar, el matrimonio forzado, la mutilación genital femenina o con contextos de guerra y violencia generalizada donde sus cuerpos son utilizados como campos de batalla. Otras buscan una vida mejor y en el camino son captadas por redes de trata con fines de explotación sexual. Los conocidos como captadores, pasadores, patrones o connection man son la única alternativa ante la imposibilidad de viajar solas.

La trata con fines de explotación sexual es la expresión más grave de la mercantilización de los cuerpos que nos ofrece el sistema capitalista y patriarcal. Una violación grave de los derechos humanos de las mujeres que, aún hoy, no es considerada como causa de asilo por el Ministerio del Interior, quien considera que la protección de las víctimas se incardina en la legislación de extranjería, condicionándola, en consecuencia, a la denuncia y colaboración con las autoridades en la desarticulación de las redes que las explotan.

Hasta la fecha, el Gobierno español únicamente ha concedido tres estatutos de asilo a víctimas de trata. El propio ACNUR los califica de casos “excepcionales” y aboga por “un reconocimiento expreso de la trata como motivo abierto y formal de persecución por razones de género”.

El derecho de asilo es un derecho universal cuya piedra angular es la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el Protocolo de Nueva York de 1967, a los que el Estado español se adhirió en 1979. Desde entonces, se han producido avances en la interpretación de este derecho desde la perspectiva de género y en el reconocimiento de las violencias que sufren las mujeres y la población LGTBI. 

La Ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, recogió por primera vez en la normativa española la persecución por motivos “de género u orientación sexual como causa de asilo. Con esta aprobación se generó una herramienta de protección para todas aquellas personas que pudieran acreditar temor fundado de persecución en su país de origen por violaciones de derechos humanos relacionadas con el papel que se les asigna debido a su identidad de género (mujer, hombre, trans, u otras) o debido a sus preferencias sexuales. Esta persecución debe ser entendida como la violación grave o sostenida o sistemática de los derechos humanos. E incluye la discriminación o el trato menos favorable que también pueden llegar a equivaler a persecución.

En este sentido, es importante la cita expresa a los agentes no estatales entre los llamados agentes de persecución o causantes de daños graves, sobre todo para quienes huyen de violencias producidas en el ámbito privado. Hay que tener en cuenta que la dimensión de género puede determinar el tipo de persecución o daño causado y las motivaciones del mismo.

Sin embargo, aún queda mucho trabajo práctico para que el procedimiento sea realmente eficaz y protector ya que las personas que solicitan asilo por estos motivos se enfrentan a un proceso administrativo que sigue siendo discriminatorio atravesado, en muchas ocasiones, por estereotipos y sesgos de género.

A diferencia de lo que ocurre con el resto de los motivos de persecución, la Ley regula el reconocimiento de la “persecución por motivos de género u orientación sexual” solo “en función de las circunstancias imperantes en el país de origen”; concepto jurídico indeterminado que da lugar a una mayor inseguridad y a un esfuerzo mayor en la búsqueda de información sobre las prácticas gubernamentales, la legislación o las costumbres del país.

Todavía hoy siguen aplicándose, en el caso de las personas LGTBI, criterios como el de la discreción, la alternativa de la huida interna o la exigencia de pruebas que vulneran los derechos humanos y que han provocado que el Tribunal Justicia de la Unión Europea (TJUE) se haya tenido que pronunciar, recientemente, estableciendo las pautas interpretativas sobre hasta dónde pueden llegar los Estados en las exigencias probatorias o de otros requisitos.

Falta forma formación, mecanismos de identificación, medidas específicas en centros de acogida, medidas para evitar prejuicios, estereotipos sociales o preguntas intrusivas, ofensivas. Pero sobre todo falta voluntad política para trasformar un sistema heteropatriarcal que hace aguas ante la realidad que viven tantas mujeres y personas no normativizadas y para protegerlas.

En este artículo también ha participado Leire Lasa, equipo de Incidencia y Participación Social (CEAR Euskadi)

Autoría

Dejar un comentario

X

Uso de cookies

Esta página utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle información relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.